Por Dolores Ayerra.
El kirchnerismo busca apurar el tratamiento del proyecto que plantea reformar la Ley de Hidrocarburos vigente. El texto definitivo ingresó ayer en el Senado, después de que el martes los diez gobernadores miembros de la la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y la Nación llegaran a un acuerdo tras casi cuatro meses de ríspidas negociaciones.
El oficialismo quiere que la semana que viene el mismo se trate en Comisión. El Plenario de Comisiones será convocado por la comisión de Asuntos Constitucionales, donde Minería, Energía y Combustibles y la comisión de Presupuesto y Hacienda (los otros dos cuerpos a los que se giró la iniciativa) debatirán los 32 artículos y dos anexos que presenta el texto para darle dictamen y que quede en condiciones de pasar al recinto.
El apuro oficial responde al poco tiempo que queda en el Congreso de sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y el objetivo del Gobierno es que la ley se apruebe antes de que termine el año. Las expectativas, más allá de las fuertes críticas que levantó el proyecto desde su inicio al considerarse que restringe el poder de las provincias en el negocio petrolero, apuntan a que se sancionará de forma exprés tanto en el Senado como en Diputados. No obstante, las legislaturas provinciales deberán también refrendarlo.
Las objeciones al proyecto (que busca atraer inversiones para el sector en pos de recuperar el perdido autoabastecimiento energético que tantos dólares le está costando al Estado) se centran en la limitación del control y de la renta que hasta el momento imponían las provincias en el negocio. Sin embargo, los gobernadores, que desde un principio se opusieron taxativamente al proyecto, cedieron al consenso después de ciertas concesiones y presiones por parte de la Nación (como dejarlas afuera del plan de refinanciamiento de deudas).
La reforma de la Ley de Hidrocarburos que acordaron las provincias y la Nación abre la puerta al otorgamiento de prórrogas de las concesiones de forma indefinida.
La norma actual (17.319) establece que las concesiones de explotación tendrán una vigencia de 25 años y que el Ejecutivo podrá prorrogarlas “hasta por 10 años”. El proyecto consensuado el martes modifica ese artículo y establece que una concesionaria que mantenga un área en producción, que haya cumplido con los compromisos asumidos y presente un plan de inversiones para continuar el desarrollo, podrá “solicitar prórrogas por 10 años de duración cada una de ellas”.
Es decir que ya no habrá límite en la cantidad de prórrogas que se podrán otorgar. De todos modos, será la Provincia la que decida si corresponde darlas. A cambio, al 12% de regalías le podrá sumar un 3% más en la primera extensión, aunque el techo será el 18% para las siguientes.
Uno de los principales puntos que lograron introducir los gobernadores fue el pago de un bono para acceder a esas prórrogas, cuyo monto máximo se calculará sobre el 2% de las reservas comprobadas remanentes del área.
Las negociaciones entre las petroleras y las provincias se regirán con ese bono estándar que, según indicó una fuente conocedora de la puja que se dio en los últimos meses entre Neuquén, YPF y Nación, se pagará cuando entre en vigencia el período de prórroga.
De esa manera, los gobernadores no se verán tentados de extender los contratos petroleros varios años antes del vencimiento de las concesiones porque los fondos los recibirá otra gestión. Sapag, quien asumió en pleno declive de la producción petrolera de la provincia, renegoció en 2008 las áreas que caducaban en 2016-2017 y obtuvo recursos frescos para financiar obras.
Pro-empresa
En busca de recuperar el autoabastecimiento, la nueva ley otorga mayores ventajas a las actuales concesionarias. No solo podrán pedir prórrogas sin límite, sino que se evitará la discrecionalidad de las negociaciones con las provincias. Además, la titular de una concesión podrá pedir que subdivida un bloque en distintas áreas de explotación no convencional por un plazo de 35 años.
Por otro lado, la ley busca acelerar el desarrollo de los yacimientos no convencionales en los próximos años. Se plantea que el poder concedente podrá reducir hasta un 25% la alícuota de regalías durante 10 años, a partir de que haya finalizado el proyecto piloto. Cuando la nueva ley entre en vigencia, las petroleras tendrán tres años para pedir a la Provincia ese beneficio. La idea es concretar cuanto antes las inversiones de las empresas que hoy están evaluando si se meten de lleno en desarrollos multimillonarios como los que necesita Vaca Muerta.
La discusión aún no está cerrada. Resta definir el pliego modelo de las licitaciones para todo el país, y la reglamentación sobre el destino de los fondos de responsabilidad social empresaria y las obras que recibirán las provincias por cada proyecto que supere los 250 millones de dólares de inversión.
Empieza el desfile de funcionarios por el Senado
NEUQUÉN
El neuquino Marcelo Fuentes presidirá el plenario de Comisiones del Senado de la Nación que evaluará el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos que acordó el martes la Ofephi con la Casa Rosada.
Hoy lo comenzarán a tratar los asesores del Congreso y los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Minería, Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda.
A su vez, el martes próximo irán al Senado a exponer representantes del Ejecutivo Nacional, y al día siguiente lo harán los gobernadores petroleros y el jueves el presidente de YPF, Miguel Galuccio. La semana siguiente el plenario de comisiones volverá a recibir a todos los actores en juego.
Otro neuquino tendrá un rol destacado: el líder del gremio petrolero Guillermo Pereyra, quien preside la comisión de Energía
Su par de bancada, Lucila Crexell, dijo ayer que aún se deben revisar los detalles del acuerdo, aunque indicó que “no sería correcto si no tuviéramos una actitud en defensa de nuestra provincia y nuestros recursos, y respaldando al gobernador en estas negociaciones”.
Sapag conforme y Weretilneck resignado
NEUQUÉN
El gobernador Jorge Sapag aseguró que con la reforma se “garantizan los derechos de las distintas provincias”, y reconoció que ninguna de las partes lograron “todo lo que queríamos”, pero valoró que se llegó a un equilibrio de intereses.
“Las empresas públicas provinciales están defendidas en el proyecto. Todos los convenios realizados están inconmovibles”, destacó.
El que quedó poco conforme fue el rionegrino Alberto Weretilneck, quien tendrá 90 días para definir la renegociación que mantenía con Petrobras, una vez que se sancione la nueva norma.
“Esta ley es menos beneficiosa que la que existía, tiene más gestos hacia la industria, pero uno tiene que pensar en el interés general. Las provincias hacemos un esfuerzo y el de Río Negro es que la provincia dejará de percibir ciertos montos por canon y responsabilidad empresaria”, dijo.
Los gobernadores de las provincias que integran la Ofephi y la presidenta Cristina Fernández firmaron el martes a la noche el proyecto para modificar la ley petrolera que cambiará el futuro del sector y trazará las reglas de juego para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Con el expediente N° 316/14 entró este miércoles al Senado de la Nación, por mesa de entrada, y empezaría a analizarse la semana que viene.
El mandatario neuquino dijo que con esta norma se "garantizan los derechos de las distintas provincias. No logramos todo lo que queríamos ni la Nación ni las provincias, pero en un punto de equilibrio defendemos la soberanía nacional y las autonomías provinciales".
Uno de los puntos que más había criticado Neuquén era el papel que debía cumplir la petrolera provincial GyP. Al respecto Sapag comentó: "Las empresas públicas provinciales están defendidas en el proyecto. Todos los convenios realizados están inconmovibles" (escuchá el audio).
También, recordó que hubo "momentos ásperos y difíciles, tratativas de cinco meses, idas y venidas con Nación, borradores que van, que volvieron, porque no es fácil poner de acuerdo a 10 jurisdicciones provinciales con el Estado Nacional, pero anoche lo hemos logrado".
"Se arribó a una reforma que contempla nuevos plazos para las concesiones, la posibilidad de prórrogas en el caso de las existentes si hay un plan de inversiones adecuado y se permite una disponibilidad de hasta 20 por ciento para exportar petróleo libre de retenciones, para dar un incentivo a los productores, y franquicias aduaneras para bienes de capital", indicó.
Neuquén Informa, el medio oficial, publicó en Twitter:
@jorge_sapag : "Las empresas públicas provinciales están defendidas en el proyecto. Todos los convenios realizados están inconmovibles"
@jorge_sapag : "La Nación y provincias tenemos que tener una apropiación de la renta petrolera de manera equilibrada".
@jorge_sapag : "Los objetivos que tenemos Nación y provincias son autoabastecimiento, ahorro de divisas y generar más trabajo".
@jorge_sapag por ley de hidrocarburos: "Al principio no éramos comprendidos en lo que estábamos defendiendo, pero llegado a un equilibrio".
Capitanich aseguró que el objetivo de los gobernadores de las provincias con reservas de hidrocarburos "es el mismo" que el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es decir, "generar un clima para las inversiones en volúmenes considerables para maximizar la producción y lograr así el autoabastecimiento" energético.
"El objetivo de los gobernadores de las provincias argentinas con hidrocarburos es el mismo que el de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: generar un clima para las inversiones en volúmenes considerables para maximizar la producción y lograr así el autoabastecimiento", dijo Capitanich durante su conferencia de prensa en Casa de Gobierno, al referirse a los acuerdos logrados para la presentación de una nueva ley de hidrocarburos.
Agregó que "el texto fue acordado con los gobernadores, en pleno ejercicio de sus autonomías, y luego de un extenso debate y meticuloso análisis", que incluyó reuniones con ministros del gobierno nacional, y recordó que cada gobernador "defiende los intereses de su provincia".
El jefe de Ministros dejó claro que "si las áreas concesionadas no producen, se perjudica el país porque no tiene energía y debe importarla", y explicó que por ese motivo provincias y Nación coinciden con la necesidad de "generar estímulos" a la inversión, porque "si el país ahorra energía en términos de influjos a importar, gana la provincia porque recibe más inversiones, y mejora el empleo y los salarios, pero también ganamos todos".
Capitanich dejó claro que lo que hace el gobierno siempre es "debatir", aunque se lo quiera acusar de querer imponer decisiones.
En acuerdo con los gobernadores petroleros, el Gobierno nacional envió ayer al Senado la reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos. El borrador consensuado, con el que también cuentan en estricto off the record las principales compañías operadoras, es que los cambios traerán mayor previsibilidad a la industria.
Uno de los puntos que llevará nuevas negociaciones en el proyecto de ley es el pliego de licitación único. Se modifica el artículo 47 de la Ley 17.319, más conocida como Ley Nacional de Hidrocarburos, donde dice que el pliego modelo será elaborado entre las autoridades de aplicación provinciales y la Secretaría de Energía de la Nación.
“El pliego contendrá las condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciará las bases fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos de las inversiones en obras y trabajos que se comprometan”, dice la nueva redacción del artículo 47.
La discusión de este pliego es la otra negociación que vendrá, donde se consensuará a nivel nacional el contenido. Actualmente, en Argentina no hay un pliego único y cada provincia realizaba los pliegos con modelos que adoptaba de otros países para convocar a licitación de áreas. Ahora, se unificarán los requisitos y criterios para elegir al ganador de la licitación.
La promoción de inversiones que ya estaba en el Decreto 929 queda plasmada en el texto de la Ley 17.319 y baja la vara para alcanzar más proyectos. En concreto, la promoción consiste en que las empresas tendrán el derecho a comercializar libremente en el mercado externo una parte de la producción de hidrocarburos sin retenciones a las exportaciones.
Para quedar dentro del marco de esa promoción, la operadora debe presentar un plan de inversión de 250 millones de dólares (en el decreto se les exigía 1.000 millones de dólares). Si antes este incentivo aplicaba a partir del quinto año, ahora se baja a tres años. Así se incorpora el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
El porcentaje de hidrocarburos respecto del cual se aplicarán los beneficios son del 20% para la explotación convencional y no convencional (cuando se busca petróleo y gas en objetivos de shale, entre otras formaciones descritas también en el nuevo articulado de la ley) y del 60% para la explotación en el mar conocida como offshore.
En los casos que las compañías presenten proyectos de recuperación terciaria de un yacimiento o quiera explotar crudos pesados (menos de 16 grados API) e incluso en algunas iniciativas de offshore, las regalías a pagar pueden reducirse a la mitad, es decir un 6%. “Es mejor el 50% de algo que el 100% de nada”, comentan en la industria.
El sistema de acarreo o “carry” desaparece para las etapas de desarrollo y sólo se permitiría en la exploración. Las empresas públicas provinciales, como G&P de Neuquén o Petrominera en Chubut, tienen que invertir en los casos de que se asocien en un emprendimiento petrolero.
PARA LAS PROVINCIAS
La modificación del artículo 59 de la Ley 17.319 beneficia a las provincias en cuanto a captación de renta en renegociaciones. En los casos de prórroga, las empresas pagarán un máximo de 6% de “regalías extra”. Con esto, podrán existir proyectos que paguen 18% de regalías.
Con este artículo, el Gobierno nacional y las provincias “blanquearon” algo que se viene aplicando. La legislación actual fija las regalías en 12%, por eso las provincias crearon bonos especiales. Parecían regalías y se liquidaban como regalías, pero no podían ser regalías por ley. En Chubut, se llama Bono de Compensación Hidrocarburífero.
Otro de los aspectos incorporados, o “blanqueados”, es el bono de reingreso a las áreas. Esto es un pago que hacen las empresas cuando renegocian un área y extienden su concesión (que por ley ahora será hasta diez años ese plazo). Se calculará según las reservas comprobadas remanentes.
El proyecto de una nueva ley de hidrocarburos, que según el Gobierno Nacional permitirá generar “un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y crear más fuentes de trabajo”, ingresó a las 23:50 del 16 de septiembre por mesa de entrada del Senado para su tratamiento.
El acuerdo fue firmado alrededor de las 23 horas del martes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores de las provincias nucleadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), durante una reunión en la quinta de Olivos. Estuvieron los gobernadores de Chubut y presidente de la OFEPHI, Martín Buzzi; de Neuquén, Jorge Sapag; de Santa Cruz, Daniel Peralta; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; de Mendoza, Francisco Pérez; de La Pampa, Oscar Jorge, y el vicegobernador de Salta, Andrés Costas Zottos.
La presidenta, por su parte, estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el titular de YPF, Miguel Galuccio.
La iniciativa remitida antes de ayer al Senado por el Poder Ejecutivo tomó estado parlamentario ayer y fue girada a comisión para su posterior tratamiento en el recinto, confirmaron fuentes parlamentarias.
La propuesta buscará “actualizar la ley vigente y adecuarla a las nuevas oportunidades que se presentan al país como son los recursos no convencionales, off-shore y la recuperación terciaria”, según sostiene el texto del documento rubricado por la presidenta y los gobernadores.
Al término del encuentro, Buzzi precisó que el nuevo proyecto de reforma de Ley de Hidrocarburos establece un 20% de libre disponibilidad para la exportación de la producción petrolera por parte de las empresas extranjeras que decidan invertir en el sector.
“Los distintos tipos de productores pueden disponer del 20% de libre disponibilidad para el inversor extranjero”, afirmó Buzzi en conferencia de prensa en la quinta de Olivos, acompañado de sus pares de la OFEPHI. La producción off-shore, en tanto, podrá tener hasta un 60% de disponibilidad para el inversor.
Por su parte el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que el proyecto de la nueva ley de Hidrocarburos busca promover “un proceso de inversión para garantizar la protección de los intereses de todos con reglas claras”.
“Obtendremos inversores que posibilitarán acelerar un proceso de autoabastecimiento energético”, recalcó el funcionario al destacar el acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y las diez provincias petroleras.
Por su parte, el consultor energético Eduardo Barreiro dijo que la sanción de una nueva ley de hidrocarburos “es fundamental para desarrollar el sector, porque en sus lineamientos establece que la política petrolera es potestad del Estado Nacional y debe ser la misma en todas las provincias”.
Recordó que la nueva ley mantendrá el derecho de las provincias a cobrar un canon, “que debiera ser igual para todas las provincias”, cuando se otorgue una prolongación de concesión de área a las empresas.
En tanto, el director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), Víctor Bronstein, consideró que el proyecto “es un hecho importante porque la política hidrocarburífera debe alinearse en una política única con sentido nacional, y no ser una disputa entre provincias”.
“Sí bien no se conoce la totalidad del texto acordado entre las diez provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), lo que trascendió es que se llegó a un acuerdo que apunta a que haya una política única en materia de hidrocarburos, que es lo que necesita el país para lograr el tan mentado autoabastecimiento energético”.
Para Bronstein, este consenso entre provincias y Nación “va a facilitar la llegada de inversiones que se necesitan para explotar los recursos que el país tiene, y lograr así el autoabastecimiento que es lo único que permitirá garantizar la seguridad energética”.
Por último, el director general del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Federico Bernal, aseguró que el acuerdo “marca un cambio estratégico y decisivo en materia de políticas de hidrocarburos y de políticas públicas, porque se revierte la provincialización del recurso y de las decisiones”.
“Las decisiones, a partir de la nueva Ley que se sancionará tras el acuerdo alcanzado ayer, se toman entre los Estados provinciales y la Nación”, destacó Bernal.
32 artículos en total forman el texto que comenzará a analizar el Senado de la Nación. En la elevación el Poder Ejecutivo incluye el acuerdo firmado con los gobernadores, que tiene dos partes: Una es el texto de la reforma a la Ley 17.319 y la otra, el acuerdo tributario provincial. Plazos de concesión diferenciados, bonos por prórroga o por ingreso, aportes de RSE y pliego único de licitación son algunos de los puntos destacados de la norma.
Bajo el número de Exp. PE Nº 316/14, ingresó a las 23:50 del martes 16 de setiembre a la mesa de entradas del Senado de la Nación el “acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos”, que firmaron la presidenta y las provincias integrantes de la Ofephi una hora antes en Olivos.
Este acuerdo contiene dos anexos. El primero es un pacto fiscal por el cual las provincias no podrán elevar la alícuota de Ingresos Brutos más allá del 3% “sin que puedan aplicarse adicionales que consideren nivel de actividad o la situación particular del contribuyente”. Esto será a partir de la entrada en vigencia de la ley y alcanzará también a las municipalidades, que “no podrán gravar a sus titulares (de las concesiones) con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos”. Tampoco se elevarán “las alícuotas efectivas del impuesto a los sellos que se encuentran en vigencia a la fecha, comprometiéndose no gravar los contratos financieros que se realicen al estructurar los proyectos de inversión, garantizar y/o avalar las mismas”.
Puntos salientes
El segundo anexo son los 32 artículos del proyecto, al que tuvo acceso La Opinión Austral, que establece nuevos plazos para las concesiones, al ampliar y diferenciarlos. Así, en primera medida se reforma el artículo 23 de la norma por la cual se establece el otorgamiento de “permisos de exploración”, que serán fijados en cada licitación en razón de dos períodos de 3 años para la exploración convencional y dos de 4 años para la no convencional. Con una prórroga de 5 años en ambos casos. En tanto que para el off-shore se asimilaría al no convencional.
Se establece que los permisos de exploración serán sobre áreas no mayores a 100 unidades en el continente y de 150 unidades en el mar.
Se define lo que se “entiende” por “explotación no convencional” al incorporar a la Ley 17.319 el artículo “27 bis”.
También se establecen algunos beneficios de “disminución de regalías” a los que “podrán” ser beneficiados proyectos que tienen que ver con producción terciaria, petróleos extra pesados y costa afuera.
Se mantiene la facultad de las provincias y de la Nación para el otorgamiento de las concesiones de explotación, “según corresponda” y las áreas a ser otorgadas como concesión de explotación “serán de 250 kilómetros cuadrados”.
La finalidad de acortar los plazos de los permisos de exploración es la de incentivar las inversiones en esa etapa y para las nuevas licitaciones, el proyecto determina que “se suprimen las reservas de áreas”, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
Plazos
La nueva norma habilita la concesión de explotación convencional “por un plazo de 25 años”.
En tanto que será de 35 años para los yacimientos no-convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.
Sobre la extensión de las concesiones, las provincias podrán otorgar prórrogas, en todos los casos, de diez años a quienes cumplan con las inversiones comprometidas.
En este marco, en el último párrafo del artículo 9 del proyecto girado al Congreso queda perfectamente establecido que “aquellas concesiones de explotación que a la fecha de sanción de la presente ley hayan sido previamente prorrogadas, se regirán hasta el agotamiento de los plazos por los términos y condiciones existentes”. Es decir que las condiciones establecidas en el presente proyecto correrán para las prórrogas o concesiones futuras y no para las actuales.
También se fija un plazo de seis meses, una vez sancionada la nueva ley, para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
Ingresos provinciales
El proyecto dispone el pago del 12% de regalías y agrega que “en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías, con un tope del 18%”. El cálculo de regalías será en base al valor de boca de pozo.
En el artículo 21 se establece que los “Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” que sean aprobados en el futuro por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (que presidirá el ministro de Economía de la Nación), las empresas deberán abonar a las provincias productoras: Un 2,5% del monto de inversión inicial del proyecto, dirigido a Responsabilidad Social Empresaria (RSE), y un monto a ser determinado por la comisión, en función de la magnitud y alcance del proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras, a ser aportado por el Estado nacional.
Bono de prórroga: Se incorporó el artículo 58 bis, que contempla que la autoridad de aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación, el pago de un bono de prórroga cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final del período de vigencia de la concesión por el 2% del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos años anteriores al momento del otorgamiento de la prórroga.
Asimismo, para los casos de una concesión convencional que sea transformada en no convencional, se podrá establecer el pago de un bono de explotación cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes asociadas a la explotación convencional de hidrocarburos al final del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada por el dos por ciento (2%) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos años anteriores al momento del otorgamiento de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos.
Empresa provincial
Finalmente se establece en la normativa, en el artículo 18, la incorporación del artículo 91 bis, por el cual ni las provincias ni la Nación podrán reservar áreas de exploración y explotación a nombre de las empresas públicas en cualquiera de sus formas jurídicas.
Pero se deja establecido que en el caso de las áreas cuyas reservas o titularidades hoy están a nombre de las empresas públicas (caso Fomicruz), si estas no cuentan con esquemas asociativos, podrán establecerlos, pero en ese caso la participación será “proporcional a las inversiones comprometidas y efectivamente realizadas”.
Se mantiene así el status quo para las asociaciones que ya existen con las condiciones ya plasmadas en esos acuerdos.
El proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos que ingresó ayer al Senado incluye un plan promocional para el desarrollo de Vaca Muerta que contempla una rebaja de hasta 3 puntos porcentuales en las regalías. La medida, solicitada por los gobernadores petroleros, durará como máximo 10 años después del piloto, pero podrá accederse a ese beneficio sólo dentro de los próximos 3.
Este uno de los cambios que incluye la nueva normativa, que busca determinar las reglas del juego para el nuevo negocio del shale, cuyas particularidades no estaban contempladas en la ley actual. Aspira a promover rápidamente inversiones como las que YPF y Chevron realizan en Loma Campana.
Ahora, los concesionarios podrán lanzar un proyecto no convencional sobre una porción de sus bloques y obtener 35 años de permiso.
La novedad es que las empresas podrán renovar sus contratos por 10 años más todas las veces que quieran, siempre y cuando cumplan los requisitos estipulados. Pero la norma pone un corsé a los gobernadores en esas prórrogas: ya no podrán llevar las regalías a más del 15% en la primera extensión y al 18% como máximo. También podrán cobrar un bono -un pago inicial- pero éste no podrá superar el 2% del valor promedio de las reservas remanentes.
Lo que quedará para un futuro debate serán los futuros pliegos de licitación, que deberán definirlos las provincias junto con la comisión de hidrocarburos que preside el ministro de Economía, Axel Kicillof, en los próximos 180 días.
¿A la Legislatura?
Si bien la nueva ley no necesita aval de la Legislatura, sí lo requiere el acuerdo fiscal que baja a 3% la alícuota de Ingresos Brutos e impide la creación de impuestos municipales. Será otro tema de debate en el corto plazo.
Puntos principales
• Nuevas concesiones: se achican los plazos de exploración. Se crean las concesiones shale por 35 años.
• Prórrogas indefinidas: si cumplen con los compromisos, las empresas podrán extender sus contratos las veces que quieran.
• Bono inicial: las provincias podrán cobrar un monto único en cada prórroga o concesión shale que será del 2% de las reservas convencionales remanentes.
• Carry y reserva: se prohíbe ceder sin licitación las áreas a firmas provinciales. Los contratos de acarreo no se prohíben, pero se limitan a la exploración y piloto.
• Sin límites a las concesiones: la vieja ley prohibía a una empresa tener más de cinco. La nueva no pone topes.
• Regalías reguladas: serán del 12% en todos los casos. Aumentarán a 15% en la primera prórroga, con un máximo de 18%.
El senador nacional Guillermo Pereyra pedirá al plenario de comisiones que tratará el proyecto de la nueva ley de hidrocarburos que se invite a los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, Ofephi, para que expliquen a los parlamentarios sus puntos de vista del proyecto.
El proyecto que fue acordado el martes por la noche por la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores petroleros ingresó al mediodía de ayer en la cámara Alta.
Allegados a Pereyra indicaron que en las próximas horas tiene previsto un encuentro con el gobernador Jorge Sapag y con el ministro de Energía, Guillermo Coco, para tener un análisis minucioso del proyecto de 32 artículo que modifica la anterior ley del gobierno de Juan Carlos Onganía, la 17319, y la llamada Ley Corta la 26197 aprobada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Su compañera de bancada, Lucila Crexell, afirmó que estudiarán el texto y que priorizarán los intereses de la provincia.
"No es que esté todo cerrado. Como representantes de la provincia vamos a revisar lo que se acordó porque es parte de nuestro rol", aseguró Crexell en declaraciones radiales al ser consultada sobre el nuevo proyecto que busca regular la actividad hidrocraburífera en Neuquén.
"No sería correcto si no tuviéramos una actitud en defensa de nuestra provincia y nuestros recursos, y respaldando al gobernador (Jorge Sapag) en estas negociaciones", afirmó. En cuanto a su relación con el gobierno nacional sostuvo que "no somos el oficialismo", aunque resaltó la necesidad de apoyar "la gobernabilidad, la institucionalidad, la continuidad de las políticas que creemos que son las adecuadas para salir adelante".
Pedirán consulta popular
"Le doblaron el brazo a la provincia", resumió el diputado provincial Jesús Escobar (Libres del Sur) al ser consultado sobre el nuevo acuerdo hidrocarburífero y destacó que "sería muy importante consultar a la ciudadanía" por lo que "presentaré un proyecto para hacer una consulta popular". Adujo que "es una ley hecha para las empresas trasnacionales y para YPF".
