Por Ignacio de los Reyes.

Si la larga batalla legal entre Argentina y los fondos de inversión había alcanzado ya cotas sin precedentes, ahora una decisión del juez estadounidense Thomas Griesa añade otro capítulo a la telenovela financiera y política más enrevesada de Sudamérica: el desacato.

Según el juez del distrito de Nueva York, el mismo cuyas decisiones forzaron a Argentina a caer un default técnico en julio, el país está desobedeciendo su sentencia.

Esta obliga a Argentina a pagar unos US$1.300 millones, más intereses, a un grupo de fondos de inversión que ganaron un juicio contra el país, los calificados por el gobierno como “fondos buitres”.
Este lunes, Griesa declaró al país en "desacato" a pedido de los demandantes, por considerar que Argentina está evadiendo su orden judicial al haber aprobado una ley que le permite pagarle a sus bonistas reestructurados fuera de la jurisdicción de Estados Unidos.

Precisamente este martes, Argentina debe pagar unos US$200 millones por el vencimiento de sus bonos Par.

En otras palabras, “el desacato es una conducta en la que incurre una parte, sea Estado, sea persona natural o jurídica, en un procedimiento ante corte nacional o internacional”, le explica a BBC Mundo Paz Zárate, experta en derecho internacional público de la consultora británica Oxford Analytica.

Efectos prácticos

Por ahora el juez no anunció la aplicación de sanciones, como solicitaban los fondos.
Sin embargo, esos “castigos” serán los que definan realmente qué consecuencias prácticas puedan traer para el país esta declaración de desacato que el gobierno argentino calificó como “sin precedentes”.

Pero, ¿cuáles pueden ser? Según el gobierno argentino “la decisión del Juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”.

“La decisión del Juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, argumentó la Cancillería argentina al conocerse la decisión del magistrado.

“Griesa ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda externa de la Argentina”, reza el comunicado del gobierno.

Difícil aplicación

Si bien el juez decidió no imponer una multa de US$50.000 diarios a Argentina, como pedían los holdouts, eso no quiere decir que no vayan a existir sanciones, aseguran los expertos.
“El juez Griesa puede sancionar a la parte rebelde, en este caso, un Estado, para que cumpla con las reglas. Por ejemplo, entrabando el contacto con bancos de Estados Unidos”, asegura Zárate.

“El rango para Griesa es teóricamente muy amplio porque este caso es único. Ha habido muchos casos de deuda soberana y buitres, pero este ha sido extremo por los comportamientos de ambas partes”, añade.

“Tal como se la conoce (a la figura del desacato), podría ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez Griesa la comunique al Departamento de Estado norteamericano y pida su intervención", explicó por su parte el abogado Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, a medios locales.
“El desacato es un largo camino a ningún lugar para ambas partes”, aseguró.

Si en algo coinciden los expertos es en la difícil aplicación de esa figura del desacato.
“La ejecución de fallos de un tribunal de jurisdicción extranjera, por ejemplo el de Nueva York, o internacional, contra un Estado es siempre difícil”, asegura Zárate.

“Aún cuando el beneficiario del fallo tenga garantías de ejecución, en la práctica la voluntad del Estado (o falta de ella) es un gran factor en retardar esa ejecución”, añade.

Relación con EE.UU.
A falta de anuncios concretos por parte del juez, en el país se especula sobre cómo pueden afectar las sanciones: ¿se aplicarían sobre las autoridades argentinas o sobre el Estado en su conjunto? ¿Pueden afectar aún más el acceso a mercados financieros? ¿Tendrá algún impacto en la confianza de los inversores en el país?

A falta de respuesta a esas preguntas, lo que sí parece claro es que la decisión del juez puede añadir más tensión a las relaciones entre Buenos Aires y Washington.

Por un lado, el gobierno de Argentina pide a su par norteamericano que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países, algo sobre lo que hasta ahora el ejecutivo de Barack Obama no ha mostrado interés.

Según una carta enviada por la Embajada argentina en Washington al gobierno, el desacato “implica una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro por parte de los bonistas reestructurados”.

“No se trata solamente de la afectación de derechos de terceras personas, sino de vulnerar aún más la soberanía de la República Argentina”, se lee en la misiva.

Por otra parte, EE.UU. ha dejado claro que la disputa con los fondos buitres no supone “un asunto entre los dos gobiernos”.

Según dijo el viernes Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, “es un tema que deben decidir los tribunales y que no debería afectar la relación bilateral”.

Es por toda esta incertidumbre que en los próximos días se prestará mucha atención a lo que decida el juez con respecto a sanciones específicas.

Pero también a cuánto eleve el tono Argentina en su relación con EE.UU. y a cuál será el papel que juegue Washington en una decisión que algunos temen podría acabar afectando a su política exterior.