“La gran contradicción de este proyecto de Ley de Hidrocarburos es que los fondos buitre a los que la Presidenta acusa de desestabilizadores salen beneficiados, porque forman parte del 49% de las accioens privadas de YPF ”, le aseguró ayer a Clarín Christian Folgar, quien ocupó la Subsecretaría de Combustibles durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Según el análisis del especialista, que ejerce como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, “del análisis integral del proyecto de ley surge claramente que las modificaciones previstas no son pensadas fundamentalmente para potenciales inversores internacionales. Las modificaciones son pensadas fundamentalmente para mejorar la posición de YPF respecto de las provincias o de las empresas petroleras provinciales”.
Con todo, Folgar observa un aspecto favorable a las provincias, al acordar la unificación de las tasas de Ingresos Brutos en el 3% y la la fijación de criterios uniformes para la aplicación del Impuesto de Sellos. Sin embargo, el ex funcionario K advirtió que “en nuestro país jamás una empresa petrolera importante tomó la decisión de entrar, salir, invertir o no invertir en función de los impuestos municipales o provinciales”.
También considera positivo que la Nación y las provincias petroleras hayan acordado las condiciones de futuros pliegos de licitación. “Es mejor tener un criterio común a tener uno por provincia”, consideró. Pero aclaró: “Las petroleras importantes negocian contratos en África, en Irak, en Irán, en Venezuela, en Rusia, con los talibanes, en Uganda, en Nigeria. ¿Alguien cree que si el negocio es interesante no invertirán porque Neuquén ofrece contratos distintos en comparación con Salta?”, sostuvo.
Otro ítem que según el ex subsecretario resulta “paradójico” es que en algunos casos se busca “unificar criterios” (impuestos, pliegos de licitación o contratos) y por otro lado “se generen muchas situaciones particulares (plazos de permisos o concesiones, regalías, beneficios cambiarios o aduaneros) que quedan a la discrecionalidad de la administración ”.
El aspecto “más controversial”, opina, es el que beneficia a YPF. “Como no puede conseguir los fondos necesarios para desarrollar en gran escala los hidrocarburos no convencionales, necesita del acarreo. Que las provincias no puedan ser acarreadas, pero YPF sí”, dice. Y concluye: “¿Si los inversores acuerdan con las provincias, para que necesitan a YPF?”.
