Por HORACIO QUIROGA.

El origen del debate por la nueva ley de hidrocarburos que se apresta a sancionar el Congreso nacional parte de una premisa falsa: que las inversiones para recuperar el autoabastecimiento energético no vienen al país por la falta de legislación.

Lejos del relato oficial, las verdaderas razones de la falta de inversiones -y no sólo en el campo energético- saltan a la vista aunque el gobierno nacional se empeñe en negarlas: inseguridad jurídica, inflación, cepo al dólar, trabas para importar bienes de capital, la prohibición de girar utilidades al exterior, el no reconocimiento de los valores internacionales del gas y del petróleo en boca de pozo, etcétera, etcétera.

Con su apoyo a la nueva ley, los gobernadores que integran la Ofephi entregaron sus provincias atadas de pies y manos a la voracidad del poder central, urgido de lograr recursos que le permitan conseguir oxígeno en este fin de ciclo. En ese esquema, Vaca Muerta es la presa más codiciada.

Los sucesivos errores cometidos durante la "década ganada" han provocado que, en materia energética, haya sido la "década perdida", durante la cual el país pasó de exportar excedentes por 5.000 millones de dólares a importar por 15.000 millones de dólares anuales. Paradojas de un gobierno "nacional y popular" que se encargó prolijamente de que perdiéramos nuestra capacidad de autoabastecimiento.

El proyecto que aprobarán el kirchnerismo y sus socios servirá para darles carácter de ley e institucionalizar los "parches" regulatorios que buscaban solucionar los problemas energéticos con una visión cortoplacista.

Me refiero al decreto 1277, dictado en el 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aplaudido también por el gobernador Jorge Sapag, donde se creaba la ampulosamente llamada Comisión de Soberanía Hidrocarburífera, con el ministro Axel Kicillof a la cabeza, que daba por tierra con el artículo 124 de la Constitución nacional que reconoce la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias.

Le siguió el decreto 929/13, denominado "Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos", hecho a medida de Chevron, en un acuerdo cuyos términos nos vimos imposibilitados de conocer por el carácter de secreto que le dio Nación.

Es decir que un gobierno nacional en retirada, que ha demostrado nula capacidad en materia energética e incurrido directamente en una "mala praxis", acuerda un proyecto de ley con gobernadores, que en su mayoría también están en retirada, para definir el futuro energético del país. Y con un debate apenas exprés en el Congreso.

En el caso de nuestra provincia, los neuquinos nos vimos sorprendidos por el abrupto cambio de opinión del gobernador Sapag. Mientras duró el proceso interno de su partido, alzó la voz para oponerse al proyecto y públicamente salí a darle mi respaldo. Sin embargo, una vez conocido el resultado favorable, comenzó a virar rápidamente hasta convertirse en uno de los impulsores de una ley que no difiere demasiado de los borradores que habían circulado con anterioridad.

Las provincias seguiremos siendo convidados de piedra. El exsecretario de Energía Daniel Montamat lo plantea claramente cuando dice que "el caballo de Troya para licuar el poder concedente de las provincias consagrado por el artículo 124 de la Constitución nacional" se encuentra en la posibilidad de que "la solicitud de una concesión de explotación no convencional habilita la prórroga de la prórroga de los derechos ya otorgados sobre los recursos convencionales" en una misma área.

Los estados provinciales también ceden autonomía al aceptar fijar en el 3% la alícuota de Ingresos Brutos, no aumentar el impuesto a los Sellos y no crear nuevos gravámenes.

Además, se acepta el tope del 12% para las regalías con la posibilidad de reducir hasta el 5%, teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.

Claramente la ley está hecha para favorecer a YPF, que tiene un 49% de las acciones en manos de privados y hasta de los "insensibles" fondos buitre. YPF es hoy la única empresa capaz de garantizar el volumen de inversiones que se necesita para el desarrollo de los no convencionales, financiándose con el incremento permanente de los combustibles. En lo que va del 2014 los precios subieron siete veces y en el último año el aumento llegó al 60%.

La otra fuente de financiamiento de YPF son las empresas que le proveen servicios y que deben soportar sobre sus espaldas largos períodos esperando los pagos correspondientes.

En este escenario de incertidumbre y manotazos de ahogado de un gobierno que se está despidiendo queda claro que Vaca Muerta representa, para los neuquinos y para el país, una gran oportunidad.

Pero debemos ser conscientes de que ese desarrollo se dará de manera gradual y actuar con responsabilidad y exigir lo que le corresponde a la provincia.

A modo de ejemplo, podemos mencionar que todavía estamos esperando el inicio de algunas de las obras de infraestructura por 1.000 millones de pesos prometidas cuando se firmó el acuerdo YPF-Chevron.

El discurso oficial exitista montado alrededor de las posibilidades que genera lo que muchos ya consideran una "vaca milagrosa" nos puede conducir a un nuevo fracaso. Aunque sea difícil, es obligación de quienes ocupamos cargos de gobierno administrar las expectativas y las ansiedades.

Neuquén está llamada a ocupar un lugar central en el proceso de recuperación del autoabastecimiento energético del país. Y es por eso que tenemos que hacer valer nuestros derechos sobre los recursos del subsuelo. Ceder a las presiones y a los caprichos del poder central sólo va a conducirnos a nuevas frustraciones.

*Intendente de la ciudad de Neuquén