Rodeada de buena parte del mundo judicial, incluidos los integrantes de la Corte Suprema, la presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para acelerar los procesos y dejar en manos únicamente de los fiscales la investigación de una causa.
"No pasa por mano dura o mano blanda. Necesitamos un procedimiento ágil y oral para no tener procesada a la gente tanto tiempo", planteó la Presidenta, que aprovechó para enviar solapadas críticas a los jueces por la demora en avanzar con las investigaciones.
Por el momento, el Gobierno postergó hasta febrero del año que viene el debate para reformar el Código Penal y se concentró en los cambios de forma más que de fondo. La idea busca acortar los tiempos judiciales ante una demanda de justicia generalizada en la sociedad. De paso, intenta conseguir consenso político y evitar la polémica que despertó por las denuncias del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, el anteproyecto que elaboró una comisión encabezada por Raúl Zaffaroni.
La Presidenta hizo el anuncio en un discurso por cadena nacional de 50 minutos, que comenzó con la promulgación del Código Civil y Comercial sancionado la semana pasada con la ausencia absoluta de la oposición.
"La sociedad no quiere que se escapen por una puerta para no debatir", azuzó durante el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mismo lugar donde había presentado el anteproyecto hace dos años. El mensaje fue directo a los legisladores que abandonaron el recinto.
La nueva reforma al procedimiento penal será presentada la semana próxima. El cambio les dará más poder a los fiscales, que serán quienes queden a cargo de las investigaciones. El juez estará para resolver sobre la base de las pruebas. De hecho, la Presidenta cuestionó que los magistrados se evalúan a sí mismos al advertir que "investigan y controlan la legalidad de su propio trabajo". En el Gobierno, reconocen que la medida tendrá la obvia resistencia de los jueces, sobre todo los del fuero federal de Comodoro Py. Ayer sólo hubo en el acto representantes de la Cámara de Casación, pero ningún integrante de los juzgados más sensibles para el poder.
El eje central de la reforma es lograr mayor celeridad. A partir de los cambios, todo el proceso será oral, desde una apelación, un recurso de nulidad o cualquier medida que la defensa de un acusado quiera imponer. La instrucción se resolverá justamente en audiencia oral entre las partes y tendrá resolución inmediata. Ya no se presentarán más escritos en las causas que demoren meses en resolverse. El juez deberá tomar una decisión en el mismo momento de la audiencia. Una vez que un fiscal formaliza la acusación, lo presenta al juez, se cita al acusado, se hace la audiencia y se define su situación. El debate quedará para la instancia de juicio oral (ver aparte).
En su discurso, Cristina describió que en promedio los procesos penales duran no menos de cuatro años. "Eso no es imputable al Poder Legislativo y al Ejecutivo", aclaró, en otro mensaje a los magistrados, a quienes responsabilizó por las demoras en las causas. La Presidenta puso como ejemplo los plazos que existen en Chile, entre tres y seis meses, aunque en el Gobierno estiman que con los cambios se podría reducir a dos años el proceso.
La escuchaban en una primera fila montada especialmente por delante del resto de los invitados el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, los tres impulsores de la reforma del Código Civil. Sobre el escenario se ubicaron los gobernadores y el gabinete nacional, pero la presencia más notoria fue la del nuncio apostólico, Emil Paul Tscherrig, embajador del Vaticano en la Argentina. Aunque no aplaudió durante todo el acto, marcó cierto aval a los cambios que se hicieron al Código Civil por pedido de la Iglesia. De hecho, la Casa Rosada avanzó con la sanción tres días después del último almuerzo de Cristina con el papa Francisco. "Sí, aplaudan, es nuestro papa", pidió a los militantes cuando lo nombró.
En su defensa del nuevo Código Civil, la Presidenta se concentró en rechazar las críticas que recibió. Aclaró, citando artículos enteros, que no se prevé ningún tipo de pesificación de deudas y relató los pasos que durante dos años tuvo el proyecto hasta su definitiva sanción para descartar que se haya tratado de manera "exprés" como acusó la oposición.deada de buena parte del mundo judicial, incluidos los integrantes de la Corte Suprema, la presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para acelerar los procesos y dejar en manos únicamente de los fiscales la investigación de una causa.
"No pasa por mano dura o mano blanda. Necesitamos un procedimiento ágil y oral para no tener procesada a la gente tanto tiempo", planteó la Presidenta, que aprovechó para enviar solapadas críticas a los jueces por la demora en avanzar con las investigaciones.
Por el momento, el Gobierno postergó hasta febrero del año que viene el debate para reformar el Código Penal y se concentró en los cambios de forma más que de fondo. La idea busca acortar los tiempos judiciales ante una demanda de justicia generalizada en la sociedad. De paso, intenta conseguir consenso político y evitar la polémica que despertó por las denuncias del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, el anteproyecto que elaboró una comisión encabezada por Raúl Zaffaroni.
La Presidenta hizo el anuncio en un discurso por cadena nacional de 50 minutos, que comenzó con la promulgación del Código Civil y Comercial sancionado la semana pasada con la ausencia absoluta de la oposición.
"La sociedad no quiere que se escapen por una puerta para no debatir", azuzó durante el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mismo lugar donde había presentado el anteproyecto hace dos años. El mensaje fue directo a los legisladores que abandonaron el recinto.
La nueva reforma al procedimiento penal será presentada la semana próxima. El cambio les dará más poder a los fiscales, que serán quienes queden a cargo de las investigaciones. El juez estará para resolver sobre la base de las pruebas. De hecho, la Presidenta cuestionó que los magistrados se evalúan a sí mismos al advertir que "investigan y controlan la legalidad de su propio trabajo". En el Gobierno, reconocen que la medida tendrá la obvia resistencia de los jueces, sobre todo los del fuero federal de Comodoro Py. Ayer sólo hubo en el acto representantes de la Cámara de Casación, pero ningún integrante de los juzgados más sensibles para el poder.
El eje central de la reforma es lograr mayor celeridad. A partir de los cambios, todo el proceso será oral, desde una apelación, un recurso de nulidad o cualquier medida que la defensa de un acusado quiera imponer. La instrucción se resolverá justamente en audiencia oral entre las partes y tendrá resolución inmediata. Ya no se presentarán más escritos en las causas que demoren meses en resolverse. El juez deberá tomar una decisión en el mismo momento de la audiencia. Una vez que un fiscal formaliza la acusación, lo presenta al juez, se cita al acusado, se hace la audiencia y se define su situación. El debate quedará para la instancia de juicio oral (ver aparte).
En su discurso, Cristina describió que en promedio los procesos penales duran no menos de cuatro años. "Eso no es imputable al Poder Legislativo y al Ejecutivo", aclaró, en otro mensaje a los magistrados, a quienes responsabilizó por las demoras en las causas. La Presidenta puso como ejemplo los plazos que existen en Chile, entre tres y seis meses, aunque en el Gobierno estiman que con los cambios se podría reducir a dos años el proceso.
La escuchaban en una primera fila montada especialmente por delante del resto de los invitados el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, los tres impulsores de la reforma del Código Civil. Sobre el escenario se ubicaron los gobernadores y el gabinete nacional, pero la presencia más notoria fue la del nuncio apostólico, Emil Paul Tscherrig, embajador del Vaticano en la Argentina. Aunque no aplaudió durante todo el acto, marcó cierto aval a los cambios que se hicieron al Código Civil por pedido de la Iglesia. De hecho, la Casa Rosada avanzó con la sanción tres días después del último almuerzo de Cristina con el papa Francisco. "Sí, aplaudan, es nuestro papa", pidió a los militantes cuando lo nombró.
En su defensa del nuevo Código Civil, la Presidenta se concentró en rechazar las críticas que recibió. Aclaró, citando artículos enteros, que no se prevé ningún tipo de pesificación de deudas y relató los pasos que durante dos años tuvo el proyecto hasta su definitiva sanción para descartar que se haya tratado de manera "exprés" como acusó la oposición.
La presidente Cristina Kirchner encabezó ayer a la tarde un acto en la Casa Rosada para promulgar la ley del nuevo Código Civil y Comercial, ante ministros de la Corte Suprema de Justicia, gobernadores y juristas de todo el país.
En su discurso, sostuvo que el Código "restablece al peso argentino como moneda de curso legal" y abre marcos de mayor "seguridad jurídica".
"El peso y la necesidad de tener una moneda legal hace a la identidad y a la parte constitutiva de una nación", aseguró.
En ese sentido, advirtió que el texto "no resulta violatorio de la voluntad de los que quieran hacer contratos en moneda extranjera".
Asimismo, manifestó que "todas esas afirmaciones de que los depósitos no iban a tener ningún valor, que se iban a devolver en pesos, queda totalmente de lado", sostuvo.
Así, negó que está abierta la posibilidad de pesificar depósitos o préstamos bancarios y dijo que, por el contrario, da "certeza, seguridad y certidumbre para todos".
La jefa del Estado citó los artículos 1390 y 1408 del nuevo Código que establece la obligación de restituir "en la moneda de la misma especie" los depósitos y préstamos bancarios, respectivamente.
"Queda absolutamente fuera de lugar" la interpretación de una eventual pesificación, aseguró la Presidente.
"Además, contempla por primera vez lo que no estaba: el servicio de cajas de seguridad de los bancos (...) el prestador responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia y la integridad y contenido de las cajas", adelantó.
"Hay un solo Código que rige las relaciones de todos los argentinos", sostuvo la mandataria con respecto a la unificación de los códigos. Destacó que hubo una "interacción profunda y federal a lo largo y ancho del país" para llegar a la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial.
A pesar de la polémica desatada en el recinto con la oposición, Cristina Kirchner dijo que "no hay antecedentes de tratamiento más aperturista" que el que tuvo el nuevo Código.
"Es el Código Civil y Comercial de la democracia", sostuvo, y agregó que es un "producto auténtico cultural argentino".
Si bien el nuevo Código Civil y Comercial recién comenzará a regir desde 2016, cuando Cristina Kirchner ya habrá dejado la Presidencia, la mandataria celebra la futura puesta en marcha de la normativa que fue aprobada por el oficialismo en soledad y mediante un breve tratamiento, en el marco de una dura disputa con los legisladores opositores.
De esta forma, se verá consumado un extenso proceso que se inició en 2011 cuando la jefa de Estado firmó el decreto de creación de la comisión redactora del anteproyecto, destinada a modernizar los 145 años de jurisprudencia que había sembrado el viejo Código Civil en la pluma de Dalmacio Vélez Sarsfield.
Sin críticas
En primera fila se encontraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien la semana pasada fue blanco de fuertes críticas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por sus cuestionamientos al Gobierno sobre las políticas contra el narcotráfico. De hecho, el magistrado se reunió hoy con un grupo de empresarios para hablar sobre la materia.
Lorenzetti asistió junto a la jueza del máximo tribunal Elena Higthon de Nolasco y la jurista Aída Kammelmajer de Carlucci, quienes coordinaron la comisión redactora encargada de realizar las reformas. Participaron además medio centenar de juristas que trabajaron en el proyecto.
La mandataria no hizo referencia alguna a las palabras de Lorenzetti sino que anunció que enviará un proyecto para modificar el Código Procesal Penal.
La jefa de Estado tampoco anunció medidas económicas, tras el recambio en la presidencia del Banco Central (BCRA), con la llegada de Alejandro Vanoli en lugar de Juan Carlos Fábrega.
