OIL M&S, petrolera del empresario Cristóbal López, solicitó este lunes ante el juzgado del Dr. Enrique Arenillas que se le otorgue por tercer año consecutivo una medida cautelar sobre las áreas petroleras que la provincia pretende quitarle por falta de inversión.

La empresa consiguió una medida cautelar en 2012, que fue renovada el año pasado y vence el lunes que viene. Ante la proximidad de la fecha, el representante legal de la operadora -Angel Vázquez- presentó, en el Juzgado N° 1 en lo Civil y Comercial de Río Gallegos, un pedido de prolongación de la medida. Los argumentos se basan en presunta persecución política.

Como contraparte, el Gobierno de Santa Cruz sostiene ante la Cámara de Apelaciones de la provincia (por la medida cautelar hoy vigente) que la petrolera de López adeuda por el área Gran Bajo Oriental, inversiones por US$ 5.497.00 y por Sierra España, US$ 2.538.600. El presidente del Instituto de Energía -Juan Ferreyro- indicó que estos fondos que no se volcaron en las áreas concesionadas en 2008 “son un irreparable gravamen a la provincia porque la empresa tuvo la responsabilidad de explorar, eventualmente desarrollar, explotar, transportar y comercializar, este recurso estratégico de la provincia, y sólo se ha recibido a cambio excusas y dilaciones, lo que demuestra la falta de compromiso”.

Además de las inversiones que adeudaría, Santa Cruz le reclama a Cristóbal López el pago de $ 400.539,61 más intereses por “deuda de canon hidrocarburífero” en Gran Bajo Oriental. Bajo el mismo concepto y correspondiente al área Sierra España, el reclamo es de $ 178.830,08.

A estos números, hay que incorporar un pedido de pago de US$ 2.505.600 por ambas áreas petroleras, por considerar el Instituto de Energía que no se cumplieron más de 1.100 unidades de trabajo “conforme a las obligaciones asumidas en los contratos suscriptos entre las partes”, argumenta la presentación del ente provincial.