El fondo buitre propiedad de Paul Singer NML no descansa en su búsqueda de activos argentinos por el mundo. Esta vez se vale de una ingeniería judicial para denunciar el acuerdo YPF-Chevrón y embargar las regalías. Esta maniobra ya fue utilizada contra el Congo.
Paul Singer, el titular del fondo buitre Elliott Management, intentó el 19 de junio atacar los activos de YPF y su socia norteamericana Chevron en un juzgado de San Francisco, California. Jeffrey Steven White, juez del distrito norte de ese estado y encargado de analizar la petición, es de filiación política republicana, al igual que su par neoyorquino Thomas Griesa, mucho más conocido por estas tierras.
Pero White podría hacerse tan conocido como Griesa: analiza desde principios de septiembre el pedido de NML, que se basa en la orden de Discovery, una suerte de carta blanca para buscar en todo el mundo activos argentinos aprobada por el magistrado neoyorquino.
Según Tiempo Argentino, el ataque de los fondos buitre a los países a través de las empresas petroleras no es nuevo. Uno de los casos más conocidos es el de la República Democrática del Congo, país que ha sido hostigado desde fines de los años noventa por los fondos buitre y que en un momento de la disputa focalizaron su interés sobre las empresas petroleras que trabajaban allí. Algunos litigios recientes incluyen a la propia Chevron.
En 2004, el estudio de abogados estadounidense Thomson and Knight LLP publicó un escrito titulado "Una nueva amenaza a las compañías de petróleo y gas de EE UU: las Cortes consideran permitir a los fondos buitre embargar regalías y la participación accionaria de empresas petroleras".
La advertencia surgió de una decisión de la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston, de emitir órdenes reclamando el embargo de las regalías de la empresa petrolera CMS Nomeco, que operaba en el país deudor, Congo.
Esta decisión que benefició al fondo buitre Af-cap generó un conflicto judicial internacional que terminó perjudicando a la empresa, dado que un juez congolés había emitido órdenes contrarias que impedían que la empresa acatara la decisión emanda en Houston.
En consecuencia, CMS Nomeco corría el riesgo de tener que pagar doble, es decir, abonar las regalías al Congo y también realizar el pago a los fondos buitre, que habían logrado que un juez les diera la razón en considerar esos tributos como parte de su recompensa por el impago de renta de bonos soberanos.
La Corte de Apelación en Austin, Texas, resolvió que el petróleo de las regalías (o, para el caso, el tributo en dólares que pagaba la petrolera al Congo) no era inmune de embargo y que, en tal caso, no aplicaba la Foreign Sovereign Immunity Act (Ley de Inmunidad Soberana, FSIA), que protege de embargo a los bienes de los Estados soberanos.
El tribunal considero que "no es apropiado el embargo si ni CMS Nomeco o la propiedad buscada por los fondos buitre están radicadas en el territorio estadounidense", según explican los abogados de Thompson and Knight. Sin embargo, la Corte dejó libre la interpretación si existían motivos para el embargo en el caso concreto.
El veredicto final en este caso fue dado por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito el 17 de septiembre de 2004. Este tribunal finalmente embargó a la República Democrática del Congo a favor del fondo buitre Af-cap, confirmando los peores temores de los abogados de Thompson and Knight: que las reservas petroleras, para ciertos jueces estadounidenses, de primera o segunda instancia, son embargables.
Según el jurado, "rechazamos que el Congo haya renunciado totalmente a su inmunidad soberana. Sin embargo, consideramos que la Corte distrital se equivocó al concluir que los impuestos y las regalías no fueran usados para propósitos comerciales en Estados Unidos. También sostenemos que el lugar de estas obligaciones es los Estados Unidos. Determinamos, entonces, que estos impuestos y regalías no están protegidos por la inmunidad soberana. Por lo tanto, es errónea la decisión de eliminar las órdenes de embargo contra CMS Nomeco."
En ciertos despachos se considera que la resolución de este caso es un llamado de atención en relación con los litigios sobre Chevron e YPF.
Por un lado, la determinación de los jueces habilitó, no sólo el embargo de regalías, sino que también extendió su mano apropiadora a los pagos de todo tipo de impuestos vinculados con el giro económico de la empresa.
Por el otro, la Corte interpretó que si una empresa tiene casa matriz en los Estados Unidos (no importa si es en un paraíso fiscal como Delaware), puede ser considerada estadounidense, por lo que sus relaciones comerciales también lo son, con lo que quedan sujetas a las normas legales que regulan el comercio en EE UU, incluidos los embargos.
Sin embargo, no todas las decisiones de los tribunales de Estados Unidos respecto de las demandas de los buitres han sido adversas a los intereses de los países soberanos.
Un caso relevante es el del fondo buitre FG Hemisphere contra la empresa Unocal, subsidiaria de Chevron, en el marco del mismo litigio contra Congo.
El juicio también se realizó en el estado de California, cuya legislación sostiene que la deuda pertenece a donde el deudor está radicado.
Unocal era una empresa californiana con una filial en Bermudas, y desde dicha filial debía impuestos al Congo. Por lo tanto, los buitres sostenían un argumento muy utilizado en sus litigios, el del alter ego: si la deuda es de la filial, también es de la empresa madre, y por lo tanto, la deuda se sitúa en California.
En consecuencia, los buitres pidieron el embargo del dinero destinado al pago de impuestos atrasados de Unocal.
La Corte del distrito de Columbia aceptó los argumentos y falló a favor de los buitres, pero la Cámara de Apelaciones del 9º Circuito negó la posibilidad de aceptar el concepto de alter ego en este caso y revirtió el fallo, diciendo que no es lo mismo la filial que la casa matriz.
Finalmente se descubrió que los títulos defaulteados por U$S 100 millones de FG Hemispheres habían sido comprados ilegalmente al primer ministro bosnio Nedzad Brankovic por tan sólo U$S 3,3 millones, de los cuales más de medio millón fue destinado a un segundo buitre quien hizo el arreglo.
Por esa maniobra, el "Privy Council" de Londres sentenció que el fondo buitre estaba inhabilitado para cobrar los títulos en default adquiridos de manera irregular.
Desmentida de JP Morgan
JP Morgan desmintió en un comunicado una nota publicada por Clarín que daba cuenta de reuniones de funcionarios con directivos de la entidad. "Ningún empleado de JP Morgan escribió ni distribuyó ningún documento detallando el contenido de una reunión privada celebrada con el titular del Banco Central en Washington", dice el comunicado.
Embargo de satélites
El 25 de marzo pasado, Paul Singer, dueño del fondo buitre Elliott Management, denunció ante la Corte del Distrito Central de California a la empresa SpaceX, bajo una estrategia muy similar a la utilizada ante YPF y Chevron. Elliott acusó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de realizar un contrato comercial con SpaceX para la provisión de servicios de lanzamiento de satélites.
Al ser la CONAE una empresa estatal, los buitres consideraron que SpaceX estaba realizando contratos comerciales con Argentina. Robert Cohen, abogado de Singer, había argumentado que "dado que Argentina se ha sistemáticamente negado a pagar el fallo de la corte, este esfuerzo para aplicar las sentencias contra Argentina es justo y necesario".
No es la primera vez que Elliott ataca los satélites. En 2011 hubo un veredicto de la misma corte contra Elliott porque pretendió embargar el Satélite de Aplicaciones Científicas (Aquarius/SAC). En ese momento, los buitres pidieron órdenes de embargo y de retención del satélite dado que la empresa se encuentra ubicada dentro de los Estados Unidos, en Delaware.
El tribunal sostuvo que "hasta que el Congreso o la Corte de Apelaciones digan lo contrario, los demandantes sólo podrán embargar propiedad usada para actividad comercial en los Estados Unidos, lo cual no incluye al Aquarius/SAC".
Sin embargo, el jueves, el gobierno logró que el satélite ARSAT-1 pudiera llegar a la estratósfera, fuera de las garras de Elliott. Y una parte de la Argentina, gira, lentamente, mirándonos desde afuera del mundo.
Ya ha habido casos de intentos de embargo sobre YPF y Chevron, y son estrategias judiciales poco eficaces. La denuncia se hace en California porque se supone que Chevron tiene alguna parte de su patrimonio allí. La Corte puede embargar esta propiedad, pero no en este caso, porque afectaría la propiedad de terceros. En cuanto Chevron acredite que son bienes de su propiedad, fracasa la estrategia judicial.
Si, por otro lado, hubiese bienes de la parte privada de YPF en California, también serían factibles de embargo y podrían quedar afectados. Pero, como nuevamente se afecta derechos de terceros (los empresarios que invierten en YPF) sería completamente fallido el intento. En este sentido, los socios privados de YPF son exactamente lo mismo que el socio en la exploración que es Chevron. Una vez que las empresas reciben sus ganancias, son de ellas, no del Estado.
Por supuesto, los buitres intentarán decir que YPF es una empresa estatal y prácticamente un brazo de Argentina, pero no se puede soslayar que es técnicamente mixta. Por lo tanto, sólo los activos que pertenezcan exclusivamente a la parte estatal de YPF (algo muy difícil de probar) en Estados Unidos pueden ser embargados. Por otro lado, no pueden embargar a Chevron los impuestos y las regalías, si eso es lo que pretenden, porque por definición del derecho internacional, lo que se produce en Argentina se tributa en ese país. Por ejemplo, si Chevron obtiene ganancias explorando en Argentina, el impuesto a las Ganancias corresponde a Argentina jurídicamente.
Por lo tanto, el argumento tiene que ser muy retorcido para que un juez estadounidense acepte que las regalías pueden ser embargadas. Legalmente, este intento va a ser inútil. El objetivo es generar angustia en Argentina para comprometer políticamente los recursos naturales. Por la misma razón embargaron la Fragata Libertad en Ghana, aun a sabiendas de que finalmente iba a ser liberada. Quieren amedrentar a Chevron, y sobre todo a cualquier inversor que invierta en Argentina o se asocie a ella.
