La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Por cadena nacional, la mandataria señaló que este es “un Código diferente”, que alcanza “un universo más restringido, pero no menos importante”.

“Un universo de 60 mil personas, que son las que están detenidas en la Argentina; la otra parte del universo comprendido son las víctimas”, detalló.

En su reaparición pública después de haber estado afectada por faringitis, señaló que es algo que reclama la sociedad, que pide “una administración de la Justicia penal mucho más segura”, y precisó que el código vigente se sancionó en 1991. “Un código mixto, entre inquisitorio y acusatorio”, dijo, precisando que el juez puede delegar si quiere la investigación en manos del fiscal.

“Aquí estamos instalando el sistema acusatorio”, dijo, señalando que delegará en el fiscal toda la investigación. “Con una gran novedad, porque introducimos en el Código a las víctimas, no como meros querellantes, sino que van a poder participar junto al fiscal y el juez, proponiendo inclusive medidas”, dijo.

Al reseñar los principios generales que tendrá el Código, dijo que todas las medidas serán “orales”, considerando que ello dará “una contemporaneidad a las decisiones que hoy no tiene”.

La investigación que hoy lleva entre 3 o 4 años demandará un año, y el juicio se realizará entre 5 y 30 días de terminada la misma. Si el juez y los fiscales no cumplen con los plazos van a tener sanciones. Cristina señaló que uno de los problemas actuales es que cuando los jueces o fiscales no cumplen con los plazos, no pasa nada. Ahora en cambio se aplicarán “sanciones graves para los magistrados”.

La presidenta sostuvo que el único país que sigue con sistema mixto es la Argentina.

Advirtió también sobre “la puerta giratoria” que se denuncia existe en la justicia, respecto al delincuente que entra por una puerta y sale por la otra. Puso como ejemplo el caso del “motochorro” que asaltó a un turista, y dijo que el nuevo Código terminará con la puerta giratoria aplicando prisión preventiva para casos “de conmoción social”.

Asimismo se tendrá en cuenta “la reincidencia del autor”, cosa que consideró “un clamor de la sociedad”.

También quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el primer día de la investigación y condenados antes de diez meses, dijo.

Anticipó también la expulsión de extranjeros para aquellos que cometan delitos y sean sorprendidos in fraganti, los cuales “no podrán volver al país, y si lo hacen, serán juzgados por el delito por el que han sido extrañados”, señaló, rechazando que ello contradiga a lo que dice la Constitución nacional.

Propone también el nuevo código una comisión bicameral integrada por todos los partidos, para que con posterioridad a la sanción del Código se dicte una ley de implementación. “Queremos una participación amplia de todos los sectores, para que sea un Código que le sirva a toda la sociedad”, enfatizó.

Cuando el delito es de cierta complejidad, anticipó que los plazos se duplicarán. Todas las causas que están en curso, seguirán rigiéndose por el Código vigente, aclaró la mandataria.

Insistió en que las víctimas tendrán “una participación muy intensa y activa” en las investigaciones.

Por último, pidió a todo el Parlamento colaboración para la sanción del nuevo Código y se quejó porque en oportunidad del tratamiento en el Congreso del proyecto para crear ARSAT, la oposición votó en contra. “Quiero que este Código no sea el de una gestión o un Gobierno”, pidió, reclamando que se le pueda dar a la sociedad “este instrumento” para agilizar el trabajo de la justicia.

La presidenta Cristina Kirchner anunció anoche el envío al Congreso del proyecto de nuevo Código de Procedimientos Penal. Lo hizo con una fuerte defensa de la reforma propuesta por el Gobierno y saliendo al cruce de las críticas de la oposición, que alertó que se busca la impunidad de los funcionarios acusados de corrupción, y de la injerencia que pasarán a tener los fiscales y la Procuración General de la Nación, al frente de la cual está la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. La Presidenta también consideró que “la inseguridad tiene mucho marketing”.

Pero la Presidenta buscó aventar estas sospechas. Por cadena nacional, la número 25 del año, sostuvo que la reforma propuesta “no le quita facultades” a los jueces aunque admitió que “delega la investigación en los fiscales”; aseguró que “la acción penal no se extingue” por la entrada en vigencia de la nueva norma y que “el Código (nuevo) se aplica para casos futuros. Todas las causas en trámite se rigen por el Código Levene (actual)”, afirmó tras amagar un balbuceo en el que pareció sugerir el ejemplo de su procesado vicepresidente Amado Boudou.

Un Código “ágil, rápido, moderno”, afirmó, y que “lo pedían juristas, académicos, también la sociedad”. Sostuvo que “va a ser un avance en el combate contra el delito”, definición que dijo preferir a la “inseguridad, que tiene mucho marketing”. “El que dice que tal gobierno va a acabar con la inseguridad, miente”, agregó.

En particular, defendió el rol que tendrán los fiscales y leyendo la Constitución alegó que el Ministerio Público Fiscal es “independiente”. Aunque la oposición denuncia que Gils Carbó trabaja con el Ejecutivo y que por el lado de los nombramientos de fiscales se produce el desembarco K en la Justicia.

La Presidenta ratificó que habrá un sistema acusatorio (dijo que la Argentina es el único país americano con un sistema mixto), que todas las decisiones serán orales en audiencia pública; la instrucción se hará en un año de plazo; y las apelaciones a las sentencias deberán resolverse en cinco días.

El proyecto incorpora otros dos temas calientes vinculados con la inseguridad y lo que la Presidenta definió como “la puerta giratoria” de la Justicia:

Establece para la prisión preventiva la figura de “conmoción social” (respuesta a casos que conmueven pero los autores son liberados por los jueces aduciendo razones de procedimiento). Cristina aludió dos veces al caso del motochorro, aunque sin nombrar a Gastón Aguirre, quien fue filmado cuando robaba a un turista y luego apresado por otro delito.

Legisla la “expulsión de extranjeros”, cuando sean sorprendidos “infraganti” cometiendo un delito. En este caso no podrán regresar al país en 15 años, y si lo hacen podrán ser juzgados por el delito cometido. En agosto, el secretario de Seguridad Sergio Berni había sorprendido al reclamar leyes que le permitieran expulsar a extranjeros que delinquen.

La Presidenta habló por cadena casi media hora. Para difundirse a las 21 el mensaje grabado poco antes se esperó que terminara el partido Gimnasia de Jujuy-Argentinos Juniors que transmitía la TV Pública. Fue su reaparición tras su reposo por “faringitis”, y en una jornada donde otra vez hubo contradicciones en lo más alto del Gobierno sobre la agenda presidencial. Finalmente mañana viajará a Chaco para inaugurar obras.

Por Mariana Verón.

En una fuerte jugada política, la Presidenta anunció anoche por cadena nacional fuertes cambios al proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que desde hoy comenzará a debatir el Congreso, con la incorporación de mayor dureza hacia los extranjeros que cometan delitos y la prisión preventiva para los delincuentes en casos que provoquen "conmoción social".

Cristina Kirchner presentó los cambios que incorporó a último momento como respuesta a una de las mayores demandas de la sociedad, pero no quiso hablar de inseguridad, sino de "combate al delito", y cargó contra jueces y fiscales que retardan las causas o aplican la llamada "puerta giratoria" para dejar salir a los delincuentes.

La línea central del mensaje presidencial terminó confirmando la postura que públicamente venía imponiendo desde hacía unos meses el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario había planteado la necesidad de expulsar a los extranjeros que delinquen, lo que le valió críticas de los sectores más progresistas del kirchnerismo. Ayer salió fortalecido. Tanto con el cambio referido a los delincuentes de otros países como a la prisión preventiva para los reincidentes.

"Hace pocos días tuvimos la experiencia de una persona que cometió un delito a vista de todo el mundo y salió sorprendentemente en libertad. Estamos proponiendo ahora la prisión preventiva que tendrá en cuenta la conmoción social que haya generado", anunció la Presidenta, en alusión a Gastón Aguirre, el delincuente que se hizo famoso después de que un turista lo filmara cuando intentaba robarle en La Boca.

"No sólo importa que la pena sea grave sino que la sociedad se sienta protegida. Y se tendrá en cuenta la reincidencia del autor. Es un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para la prisión preventiva", agregó, en una postura menos garantista. "Quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el día que cometan el delito", amplió la Presidenta como parte de sus anuncios.

Anticipándose a las críticas que le caerán -"es una figura que va a generar controversia"-, se defendió, Cristina Kirchner sostuvo que la expulsión de extranjeros que delinquen es "una protección que merecemos los argentinos y el conjunto de la sociedad". A partir de los cambios que propone el Poder Ejecutivo, ya no tendrán la obligación de cumplir las tres cuartas partes de la condena, tal como establece la ley actual, sino que quienes sean agarrados in fraganti cometiendo un delito automáticamente serán expulsados del país y no podrán volver durante 15 años. "Es contra los extranjeros que vienen a delinquir", abundó, en línea con la postura de Berni.

El eje central de los cambios propuestos al Código Procesal Penal implica abandonar el actual sistema inquisitivo por el acusatorio: que los fiscales queden a cargo de la investigación y los jueces resuelvan. Además, se incorpora la oralidad en todo el proceso, con lo que se intenta dar celeridad a una investigación y evitar las dilaciones por recursos escritos que demoran meses en resolverse.

La Presidenta aprovechó la cadena nacional para cargar contra jueces y fiscales, a quienes responsabilizó por aplicar la puerta giratoria para los delincuentes, y anunció que se agravarán las sanciones para aquellos que demoren injustificadamente una causa. Además, las víctimas tendrán mayor participación de control de la acción de la Justicia.

Con la campaña ya lanzada para 2015, la Presidenta no dejó pasar la política electoral. "No hablo de inseguridad. Tenemos que intensificar los instrumentos de combate contra el delito. Quienes aseguren que con tal gobierno se va a acabar la inseguridad le están mintiendo y el que lo cree es un tonto", cuestionó.

Cristina Kirchner había anunciado la reforma hace dos semanas, pero ayer la presentó nuevamente por cadena frente a los cuestionamientos que había recibido. Buscó así aclarar algunos puntos del proyecto, entre ellos, que no aplica para los casos que ya estén tramitándose con el sistema actual. Intentó desterrar las sospechas de que se buscaba beneficiar a los funcionarios investigados por corrupción. Y aclaró que si un fiscal no avanza en los plazos establecidos por el nuevo código, eso no implica que se cierre una causa.

"Necesitamos que todos contribuyamos para darle al ciudadano la mayor cuota de responsabilidad en encontrar armas de la Constitución, no de disparar. No se soluciona con armas el delito", concluyó..