Por Cledis Candelaresi.

El proyecto con media sanción del Senado premia a quienes inviertan dólares, sea como capital propio o porque consiguen un préstamo del exterior. Ni las provincias ni Enarsa podrán reservarse áreas, camino para transformarse en socio obligado de los privados.

“No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones. La Nación, que afronta los pagos de importaciones de combustibles para sustituir lo no producido, y las provincias, poseedoras de recursos aún no explotados, tienen que asociarse a fin de alcanzar en el menor plazo posible el autoabastecimiento.”

Esta sentencia apelativa está formulada en dos pasajes del proyecto con media sanción para modificar la Ley de Hidrocarburos que Diputados se apresta a debatir y podría considerarse un buen resumen de su propósito. La iniciativa promovida por la Nación –ahora con la anuencia provincial y la mirada aprobatoria de YPF– pretende atraer capitales.

Con ese afán, los cambios en ciernes acotan no sólo las atribuciones de las provincias petroleras sino también de la estatal nacional Enarsa, que nació hace una década con el espíritu de regular de facto el mercado como productora testigo y devino en administradora de subsidios.

Los estados petroleros y esta empresa pública ya no podrán reservar áreas en el futuro, mecanismo que las habilita a transformarse en socios forzados de los inversores privados, para quienes esa carga vulnera la rentabilidad de sus emprendimientos.

El cambio se hará sin afectar derechos adquiridos y consagrados en un contrato, pero bloqueando hacia adelante la figura de carry, por la que los estados petroleros del interior pueden ser parte de los emprendimientos sin aportar capital en virtud de ser los “dueños” de las áreas a concesionar. Una fórmula similar a la que utiliza Enarsa respecto de la explotación marítima.

Al no ser propietarias de esos espacios, ni aquéllas ni ésta podrán condicionar el modo en cómo se exploten. Aunque en el caso de las provincias, sí intervenir en la confección de un pliego modelo para futuras convocatorias al capital privado.

Premio al que invierta y explore

El criterio es premiar al que invierte y arriesga. Por eso se admiten concesiones más largas y regalías más bajas en función de esto.

Superado el período básico, las licencias son de 25 años para las explotaciones convencionales, 30 para las marítimas y 35 para las no convencionales, que requieren una tecnología más compleja y cara. Las regalías, fijadas en 12%, pueden subir hasta el 18% o reducirse al 5% según las condiciones y hasta ser pagadas en especie.

Se aliviana la carga si las condiciones geológicas dificultan el emprendimiento y se refuerzan en caso de prolongar la permanencia en el negocio. El nuevo sistema intenta ser flexible, pero no arbitrario. El desembolso de fondos y la intensidad exploratoria serán las varas para definir quién gana una licitación o quién es acreedor a la prórroga para explotar un área. O cuál es el monto del bono que debe pagar quien se hace acreedor a ese derecho o cuál el del canon anual que se tributa en función de la superficie concesionada: éste puede quedar reducido a sólo un décimo en la medida que se refuerce la exploración, ya que la intención es, justamente, alentarla.

Es cierto, como señalan los detractores, que la propuesta legislativa con media sanción del Senado habilita adjudicaciones directas a quienes ya están en el negocio, restringiendo la participación de nuevos jugadores.

Pero es igualmente cierto que para tener esa prerrogativa, las empresas tienen que haber honrado los compromisos de contrato y convencer a las autoridades de aplicación de la consistencia de las obligaciones que asumen en el futuro, garantías incluidas.

Subsidio para capturar dólares

Otro punto medular es que tendrán estatus de ley sistemas de estímulos a las petroleras establecidos por decreto, algo que le confiere más firmeza.

Uno es Gas Plus, programa por el que el Estado asegura una remuneración de 7,5 dólares el millón de BTU a productores que de otro modo cobrarían poco menos de 4 dólares. Otro es el régimen de promoción de inversiones creado por el decreto 929, que ahora tendrá una versión más laxa. Con sólo invertir 250 millones de dólares (en lugar de 1.000), desde el tercer año de ejecución del proyecto la petrolera puede exportar sin retenciones hasta el 20% de su producción y disponer libremente de las divisas que le genere esa operación.

Ese porcentaje sube al 60% en el caso del offshore, por una lógica inapelable: un pozo en el mar puede costar hasta cien veces más que uno convencional en tierra.

El nuevo sistema a consagrar mediante ley tiene al menos dos cuestiones notables:

- Si por la obligación de priorizar el mercado interno el inversor no pudiera exportar, el Estado le pagará como si lo hubiese hecho al tipo de cambio oficial y en base al precio del petróleo o gas en el mercado internacional.

- Los beneficiarios tienen que traer dólares. Puede tratarse de una empresa extranjera que aporta capital propio y que actúa sola o asociada a una firma ya radicada localmente (por ejemplo, YPF y Petronas) o una petrolera local que consiga créditos en el exterior. La cuestión es que aporte divisas.

La meta es atraer capitales para desarrollar los hidrocarburos no convencionales, la gran promesa del subsuelo argentino.

Un reciente estudio realizado por expertos de la Universidad de Oxford, la consultora Deloitte y el Foro Económico Mundial pondera las bondades de la explotación no convencional de petróleo y gas, mencionando expresamente entre sus ventajas “las posibilidades de equilibrar las economías en los países productores, afectados en los desequilibrios en las balanza comercial debido a la necesidad de importar energía”. Claramente el caso de Argentina, que por las compras del sector enfrenta una sangría multimillonaria.

ANZUELOS PETROLEROS

■Libertad de exportar sin retenciones hasta el 20% de la producción de quienes inviertan más de u$s250 millones.
■El Estado garantiza esa ventaja con un subsidio.
■Será ley el programa de subvención Gas Plus.
■Las provincias no serán socias forzosas.
■Enarsa no será dueña del off.