Por Miguel Ángel Flores Isuani.

Su último paso fue el voluminoso estudio de costos de más de 20 cuerpos que el Epre envió al Ministerio de Energía en setiembre, y del que las distribuidoras eléctricas debían notificarse e introducir observaciones para avanzar con la audiencia pública que valide la revisión integral de cuadros tarifarios.

Vencido el plazo para hacerlo el viernes 17, los concesionarios objetaron ni más ni menos que el quid de la cuestión, la proporción del aumento: según el ente regulador no debe superar el 100% del VAD (Valor Agregado de Distribución, uno de cuyos componentes es la tarifa), mientras que las empresas cierran filas en 120% como mínimo, lo que para el bolsillo de los usuarios equivale a 60% de suba en las facturas corrientes. 

Todo está planteado como una pulseada para medir fuerzas de cara a la audiencia, que reunió por última vez a las partes y a distintas ONGs en marzo de 2013 a fin de discutir un mecanismo de actualización trimestral. “Estamos negociando, y cualquier cosa que diga puede complicar las cosas”, señaló  el directivo de una cooperativa para evitar pronunciarse.

Ahora, el Gobierno, como poder concedente del servicio, dispone en los papeles de al menos hasta el viernes para responder planteos o ratificar los números del Epre. Lo cierto es que la voluntad política manifiesta del gobernador Francisco Pérez es que, por lo dicho, la consulta popular no demore hasta fin de año.

Para Julio Gallego, gerente técnico de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz “es el término que maneja en principio el poder concedente.

El número que pasó el Epre no es real y es lo que principalmente estamos objetando, aunque esperamos que la semana próxima haya alguna definición”.

Casi un año y medio después de la fecha prevista inicialmente, la postergada revisión quinquenal (se hizo por última vez en agosto de 2008 y antes en 2003) es un tema espinoso que el Gobierno mendocino quiere sacarse lo antes posible, no sólo por el tiempo transcurrido.

En diciembre concluye el Programa de Convergencia Tarifaria impuesto por Nación, a través del cual dispuso congelar valores a cambio de $ 200 millones para invertir en infraestructura, con lo que los nuevos cuadros regirían desde enero de 2015.

La discusión, como otras del mismo tenor, tiene mucho de oportunismo político, y la brecha en términos de VAD (Valor Agregado de Distribución, uno de cuyos componentes claves es la tarifa) entre lo que sugiere Epre y lo pretendido por las empresas ronda el 20% como mínimo.

“Pero con las correcciones puede ser mucho más. Si por razones políticas no se accede al planteo, habrá que funcionar con los defectos que actualmente tiene el servicio por el desfasaje tarifario que tenemos”, advierte Raúl Stasi, gerente general de Edestesa.

Desde el Ejecutivo emiten señales a favor de desactivar cualquier foco de tensión, pero también avanzar con la audiencia a como dé lugar. Según el ministro de Energía, Marcos Zandomeni “vamos para adelante con la audiencia y esperamos que haya alguna definición antes del fin de semana. Ha sido un año duro, y si bien hay un espacio de negociación sin ánimo de confrontar, se puede avanzar o no en un acuerdo”.

Los ítems y 1.000 millones

Ayer lunes las empresas completaron sus presentaciones, cada  cual con cifras propias. Pero también con un criterio común para cuestionar el “manual de uso” del Ente al determinar costos y el Valor Neto de Reposición (VNR), ecuación que contempla costo de capital, personal, ingresos por tarifa e inversión en mantenimiento y/o reposición de redes:

-a) Salarios: proponen 15% de ajuste promedio de la masa salarial ponderada ( 30% del VAD). Lo atribuyen, en algunos casos, a un cálculo en base al escalonamiento de la paritaria del sector eléctrico. “Se reconoce menos del 50% del personal que el sistema usaba hace 25 años, con 3 veces más ventas de energía”, aseguran.
 

-b) Vandalismo: un ítem sin cuantificación estadística a juicio de los concesionarios. Consideran que se tiene en cuenta como concepto cualitativo, y que el robo de cables y tráfico de cobre son un factor que incide fuertemente en los costos.

-c)Valorización de redes: hay una diferencia importante hacia abajo en lo considerado por Epre (AT). Reclaman al ente haberlo infravalorado en un 20%.

-d) Generación aislada: es el concepto que mide el costo de mantenimiento de centrales como Las Cuevas y Puente del Inca, de interés excluyente para Edemsa.

Las distribuidoras  tampoco olvidan lo “no percibido” desde 2008, el último año de la revisión quinquenal, estimado en $ 1.000 millones de VAD. Primero buscarán resolver la negociación actual, y “aparte y en forma razonable” prometen interponer otro reclamo por tal concepto, si bien compone su accionar legal.

Pueden reclamar también el ingreso no percibido

Hasta que se defina la cuestión tarifaria, por instrucciones de la Nación, tanto el Epre como la Provincia avanzan con las empresas en canalizar los fondos del Programa de Convergencia que congela tarifas por fondos, a partir de adelantos del 20% a cuenta. “Ya se enviaron rendiciones de los anticipos y los prestadores  presentaron los certificados de obras para auditar”, ratifica el titular del ente regulador, Elián Japaz.

El tema es que los fondos no se liquidan con fluidez, lo cual en tiempos de “no tarifa” empezó a generar cierto malestar. “El dinero por ese concepto es casi nada frente a lo que se necesita de VAD. Para colmo, estamos en noviembre, el programa termina en diciembre y el certificado número 1 aún no va a Buenos Aires”, precisa por su parte Stasi, de Edeste, que cobró $ 10 millones de los $ 54 millones que le corresponde.

El saldo para completar los $ 200 millones se reparte entre Edemsa ($ 130,2 millones) y la Cooperativa Eléctrica ($ 16,4 millones). Pero las dudas sobre su ejecución y cumplimiento ya disparó una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Programa ante la Justicia local. Por lo bajo, las empresas lo definen como “una salvaguarda legal” que podría activarse en caso de considerar un perjuico económico, ante lo cual Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno manejan la estrategia de la Provincia. 

Hay otro argumento que las distribuidoras ponen en la balanza: en concepto de “ingreso no percibido” los $ 200 millones de la Convergencia equivalen apenas a 1/5 del VAD no cobrado en los últimos 6 años.