Después del caos de diciembre del año pasado que arrancó con la rebelión policial y terminó con los extendidos cortes de luz durante enero, el Gobierno arma un dispositivo a varias bandas para intentar neutralizar cualquier escenario conflictivo que pueda repetirse en el inicio del año electoral.

Al mando del secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el ministro de Planificación, Julio De Vido , la Casa Rosada ya trabaja con protocolos preestablecidos de prevención de crisis que extendió a Defensa y Desarrollo Social.

El foco está puesto en las obras eléctricas, reacción derivada de uno de los conflictos con los que comenzó el año después de un pico de calor extendido y los cortes de luz que transformaron partes del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires en un caos.

Más allá de las sanciones y las amenazas de rescindirles los contratos a Edenor y Edesur, el Gobierno terminó finalmente apurando a las empresas para que avancen con las obras y destinó recursos del Tesoro para paliar la crisis. Ya invirtió más de 2100 millones de pesos en el plan de obras que lanzó De Vido tras los cortes del verano pasado.

Del total del programa de inversión, de 3950 millones de pesos en dos años, el Gobierno anunció que ya ejecutó poco más de la mitad en los primeros diez meses por temor a nuevos cortes de luz.

Todas las semanas, Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, se reúne en el ministerio con los responsables de las compañías, encuentros que se intensificaron en los últimos días para apurar la mayor cantidad de obras. Los más presionados son los directivos de Edesur, que tienen la demanda más importante de las zonas más vulnerables del conurbano y la zona sur de la ciudad.

Para paliar daños, De Vido, el hombre que sigue manejando la relación con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, cerró convenios con 20 municipios por unos 1000 millones de pesos para la renovación y ampliación de redes de media y baja tensión.

De paso, monitorea con los jefes territoriales el termómetro social ante la posibilidad de que se generen focos de conflictividad, y creó en el noveno piso del Palacio de Hacienda, edificio que comparte con Axel Kicillof, un centro de atención para los usuarios. También mantiene diálogo con los sindicatos, sobre todo con el jefe de la CGT oficial, Antonio Caló, que el martes pasó por la Casa Rosada.

El Gobierno focalizó las obras en los barrios que tuvieron más cortes el verano pasado, como Villa Crespo, Almagro, Boedo, Barracas, Constitución, Caballito, Flores y Paternal. Eso sí, los funcionarios se atajan. "Si hay una ola de calor extendida en el tiempo, como fue la del año pasado, no podemos garantizar que no haya cortes, pero al menos deberían ser por menos tiempo y con más rápida solución", admitieron cerca de De Vido.

En forma paralela, Berni coordinará un dispositivo de prevención y monitoreo con los ministerios de Defensa y de Desarrollo Social, con preeminencia de los equipos de intervención territorial en las villas. Por el momento, en el Gobierno no tienen detectados posibles conflictos, pero funcionarios oficiales reconocen que aún es temprano y que se pueden generar situaciones provocadas. Donde pondrán especial atención, agregan, es en las vías ferroviarias, en las que reforzarán la custodia llegado el fin de año.

Gendarmería, la fuerza elegida por Berni ante casos de desborde, avanzó en la formación de unidades móviles con asiento en el interior del país con la idea de que puedan trasladarse fácilmente a las zonas en que sean necesarias.

Del operativo de prevención y monitoreo también participa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que mantiene el contacto con los empresarios, sobre todo supermercadistas. De hecho, Cristina Kirchner intervino en la disputa con el vice chaqueño en ejercicio de la gobernación, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, para retener al ministro coordinador entre sus colaboradores por lo menos hasta que pase diciembre. Capitanich, además, ubicó a Ricardo Martínez Leone al frente del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), a cargo del control a las empresas eléctricas.

"Se apuró a las eléctricas y se está mirando a los supermercados", confió a LA NACION un dirigente territorial de Unidos y Organizados sobre los dos ejes donde pondrá la mira el Gobierno para evitar un diciembre conflictivo.

Paralelamente, Berni mantiene contacto permanente con el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados. "No estamos viendo grupos organizados", bajan el tono en la cartera de Seguridad de Daniel Scioli, que ayer salió a desmentir que Granados tuviera en agenda reuniones con los directivos de las cadenas de supermercados, como había trascendido.

RECLAMO PARA EVITAR DESMANES

El diputado nacional Mario Barletta (UCR - Santa Fe) recordó ayer que "los días vividos en diciembre de 2013, con levantamientos policiales y ataques a comercios, fueron muy traumáticos para los santafecinos", y reclamó al gobierno nacional algún tipo de prevención para estos desmanes.
"Se tiene que prevenir este tipo de situaciones y esto se logra si cada uno de los que tienen responsabilidades en el poder del Estado hace lo que le corresponde", afirmó Barletta. De esta manera, el diputado radical solicitó a las autoridades políticas y judiciales que aceleren la investigación sobre los levantamientos del año pasado para determinar las responsabilidades de los policías involucrados. Además, sostuvo que "es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia donde los sediciosos responsables del levantamiento policial no estén presos".
"Son los mismos grupos que ya están hablando de que a fin de año va a pasar algo similar, con grupos de policías autoconvocados y nuevos acuartelamientos. ¿Cuánto tiempo va a esperar la Justicia para procesarlos? ¿Quién hace el seguimiento de estas causas?", reclamó Barletta. Por último, el legislador de la UCR dijo que "la gente está esperando un cambio de actitud y respuestas más urgentes de la política, asumiendo el control de la fuerza y combatiendo la corrupción policial".