Por Joaquín Morales Solá.

El kirchnerismo se irá del poder con una admirable capacidad para entretener. En las últimas semanas ha logrado desplazar el problema más grande y sin solución que tiene, que es la economía, para instalar discusiones tan frívolas como pasajeras. Acaba de imponer en la agenda pública el tema de los delincuentes extranjeros, que tiene una importante repercusión social. Aunque necesitó pelearse hasta con algunos amigos, lo cierto es que de esa manera corrió de la discusión el contenido esencial del nuevo Código Procesal Penal. El fondo de esa reforma es el traslado a los fiscales de la investigación penal en un sistema en el que los fiscales dependen casi directamente de la Casa de Gobierno.

Los fiscales son, según la reforma constitucional de 1994, casi un cuarto poder en el sistema institucional argentino. La Presidenta suele leer en público el artículo de la nueva Constitución que les asegura a los fiscales una independencia absoluta en su función.

Hasta ahí, todos estamos de acuerdo. Pero, como suele hacer el kirchnerismo, detrás de las buenas teorías esconde los peores propósitos. La misión y el trabajo de los fiscales no están regulados; dependen, por lo tanto, de la voluntad casi omnímoda del jefe de los fiscales, el procurador general de la Nación. Alejandra Gils Carbó, una cristinista de militancia fiel y comprobada, ocupa ahora ese cargo. La suerte de los fiscales, de su independencia, de su destino laboral y hasta de su permanencia en el cargo puede resolverse en una amable conversación entre Cristina Kirchner y Gils Carbó.

El fiscal José María Campagnoli acaba de preguntarse públicamente quién o quiénes colaboraron con el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. La pregunta es pertinente. Nadie lo sabe. A diferencia de la proyectada reforma del Código Penal, en las que trabajó una comisión multipartidaria presidida por el juez Raúl Zaffaroni, nadie, ni siquiera la Presidenta, dijo nada sobre los autores de los cambios al Código Procesal. La primera precisión que debe hacerse es que este Código sólo regirá para el 70% de los delitos que se cometen en la Capital Federal y para los delitos que son propios del fuero penal federal (narcotráfico, corrupción de funcionarios nacionales o agresiones al medio ambiente, entre otros pocos). Cada provincia tiene su propio Código Procesal Penal y los delitos ordinarios se rigen por esas normas propias y distintas.

El caso de los extranjeros es una modificación de hecho a la ley 25.871, que legisla sobre migraciones y que tiene, desde ya, alcance nacional. Al revés, la reforma del Código Procesal Penal sólo tendrá vigencia en la Capital Federal. En realidad, el caso de los extranjeros que cometen delitos está bien regulado ya en aquella ley sobre migraciones. Una sola diferencia es notable. La vieja ley estipula que los extranjeros deben ser juzgados en la Argentina y luego extraditados si el juez considera necesaria esa pena adicional. El proyecto de Cristina Kirchner establece que podrán ser expulsados en el momento en que se los descubra cometiendo un delito. Una condena que antes estaba en poder de los jueces pasaría entonces al poder arbitrario de la policía; bastaría con que ésta le demostrara al juez que alguien estaba cometiendo un delito. Nada más. De todos modos, el texto del proyecto cristinista es condicional. "Podrá", dice, no "deberá". Conclusión: un escándalo por muy poca cosa o por cosas repetidas.

El problema de la delincuencia extranjera, que sigue siendo una minoría en el inmenso océano del crimen en la Argentina, no está en el final, sino en el principio. Aquella ley sobre migraciones estipula con muchos detalles cuáles son los requisitos para que un extranjero ingrese al país. Con sólo hacerla cumplir, el país no "estaría infectado de delincuentes extranjeros", según la fórmula de Sergio Berni. Es increíble que los argentinos deban hacer interminables colas en las aduanas de los aeropuertos para mostrar lo que compraron en el exterior, mientras los extranjeros pasan por Migraciones sin que esta agencia sea eficaz en la revisión de sus antecedentes penales. Ningún extranjero viene a la Argentina para aprender a delinquir; antes ya eran delincuentes. El debate es, entonces, tan innecesario como superficial.

Ése es el teatro. Entre las bambalinas quedó rezagado el aspecto más importante: el de los fiscales. Los fiscales carecen de un organismo independiente, como lo es el Consejo de la Magistratura para los jueces, para revisar sus nombramientos, conductas y eventuales destituciones. El ex jefe de los fiscales Esteban Righi creó por resolución un consejo consultivo para que los ayudara a evaluar eventuales sanciones a los fiscales. Fue una buena decisión, que le sustrajo a él parte del poder absoluto, pero es una instancia que ni siquiera tiene el respaldo de una ley.

La suerte de los fiscales depende, al fin y al cabo, de la adhesión social que concitan cuando son perseguidos por el poder que manda. Sucedió en los últimos días con Campagnoli. Ya en tiempos de Menem, una fuerte reacción social le impidió a éste desplazar al fiscal Carlos Stornelli, que investigaba el caso del contrabando de armas que terminó por llevar a la cárcel al ex presidente.

El sistema "acusatorio", que intenta ahora desplazar el poder de la investigación de los jueces a los fiscales, no es teóricamente malo. Sólo necesita de una independencia real, y no formal, de los fiscales. Es la condición que no existe en el sistema judicial actual. Los fiscales que deberán investigar los casos de corrupción de funcionarios nacionales, en lugar de los jueces, carecen de la protección de éstos. Un anexo de la reforma dispone, incluso, que Gils Carbó podrá cambiar a los fiscales que investigan las causas ya abiertas sobre la deshonestidad de los funcionarios. El círculo de la impunidad se cierra.

Además, el artículo 5 del proyecto de reforma estipula que sólo podrán plantear el principio de la cosa juzgada fraudulenta (o irrita) los perjudicados por una sentencia. Obviamente, no los beneficiados (como sería el caso del enriquecimiento ilícito de los Kirchner) ni, lo que es peor, los fiscales. Una reciente libro, Cosa juzgada fraudulenta, del penalista Federico Morgenstern, exhibe con solvencia todos los casos en los que, según la legislación vigente, se puede reclamar que una cosa juzgada no lo sea. El nuevo Código Procesal de Cristina encoge fatalmente los márgenes para esa revisión. Revisión que, como hemos visto, atañe sobre todo a las causas por presunta corrupción de funcionarios nacionales.

Otro artículo potencialmente peligroso es el que dispone que podrá negarse la excarcelación de detenidos en casos de "conmoción interna". Es un artículo casi copiado de una vieja ley de la última dictadura. ¿Qué significa "conmoción interna"? ¿Quién la definirá? ¿Quiénes y qué delitos podrían ser encuadrados en esa norma tan general? Nada se dice sobre eso. Ninguna precisión. En principio, quedaría en poder de un juez, al que toque en cada oportunidad, establecer si existió o no "conmoción interna". La ley antiterrorista, anunciada para reprimir el terrorismo internacional, comenzó por ser aplicada a un periodista argentino porque revelaba cosas que al poder no le gustaban. ¿Y si sucediera lo mismo con la "conmoción interna"?

El viejo proyecto de colonizar la Justicia no se archivó ni se olvidó. Está en marcha. Ni siquiera se salva la Corte Suprema de Justicia. Algunos colegas de Zaffaroni le pidieron a éste que postergue su renuncia con motivo de los 75 años. La Constitución obliga a los jueces de la Corte Suprema a jubilarse a esa edad, pero no precisa en qué momento de los 75 años. Puede ser en el momento de cumplirlos, como entiende Zaffaroni, o puede ser también antes de cumplir los 76 años. Zaffaroni rechazó esos pedidos. Es cierto que él ya se está yendo, como lo ha dicho. La jubilación de Zaffaroni dejará una vacante en la Corte. Nadie se preocupa por eso. El radicalismo no le dará al Gobierno los dos tercios que necesita para designar a un juez de la Corte.

El asunto cobra otra dimensión cuando algunas versiones indican que el juez Carlos Fayt podría jubilarse en el curso del próximo año. Fayt, que tiene 96 años, es el único juez de la Corte beneficiado por una acordada que estableció que tenía derechos adquiridos porque asumió con la vieja Constitución, en 1983, que no les ponía límites de edad a los miembros del más alto tribunal de justicia. Muerto Enrique Petracchi, que estaba en la misma situación de Fayt, todos los jueces actuales de la Corte están comprendidos por la disposición de la nueva Constitución, que fija los 75 años como la edad de la jubilación.

Una eventual salida de Fayt dejaría dos vacantes en la Corte Suprema. El Gobierno podría intentar una negociación con el radicalismo para nombrar uno cada uno. Sergio Massa cuenta los días que le quedan a Cristina Kirchner, pero la Presidenta gobierna como si no tuviera los días contados.

Por MAXIMILIANO MONTENEGRO.

Si en enero negocian con los buitres y mandan una ley para modificar la ley de pago soberano yo voy a decir que son unos hijos de puta, que nos decían a nosotros vendepatrias y por oportunismo político hicieron mierda al país todo este tiempo. Así lo voy a decir, con estas mismas palabras".

En Mar del Plata Sergio Massa le transmitió el mensaje a su equipo. Fue en respuesta a la expectativa de los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA de que Cristina termine de arriar en enero la bandera ‘patria o buitres’ para encarar un arreglo definitivo con los buitres y tal vez con todos los holdouts.

En realidad, no habría que modificar una sino dos leyes, aprobadas recientemente. La ley de pago soberano, que ofrece a los bonistas bajo ley Nueva York pagarles en dólares pero en Buenos Aires.

En su artículo 1 habla de ‘pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por cien de los tenedores de títulos públicos’. Según los expertos, ‘equitativas’ puede interpretarse como otra versión del ‘pari passu’, es decir que no se puede ofrecer más a los holdouts que a los que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Además, el cambio del agente Fiduciaro a través del cual se paga la deuda (del Banco de Nueva York a Nación Fideicomisos) viola órdenes del propio Griesa, así que habría que retrotraer también esa decisión. A favor de la voltereta oficial juega el hecho de que la ley de pago soberano nunca se aplicó, ni tenía chances de aplicarse: fue parte de la estrategia de Kicillof para ganar tiempo y, de paso, entretener a los legisladores y la militancia K con la mística de la guerra a los buitres.

La otra norma que el Congreso debería modificar sería la Ley de Reapertura del Canje, votada en septiembre de 2013, cuando ya había dos sentencias en firme en los tribunales de Nueva York que beneficiaban a los buitres. El artículo 4 de esta ley dice: "Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que aquellos que no lo hubieran hecho".

Una vez vencida la clásula RUFO, en enero de 2015, si Cristina quisiera saldar el juicio con los Buitres ratificaría que algunas leyes económicas en Argentina son instrumentos coyunturales para no tomar al pie de la letra. Como la palabra de los gobernantes, pueden mutar en un plazo inferior a un año. Nada que los inversores extranjeros desconozcan.

El problema de fondo para la Casa Rosada sería político, como anticipó Massa. Los encargados del marketing K deberán ingeniárselas para darle una nueva vuelta de tuerca a la propaganda antibuitre.

Quién más presiona dentro del universo oficial para apurar un acuerdo en el juzgado de Griesa es Daniel Scioli. Su economista predilecto, Miguel Bein, plantea tres escenarios: sin arreglo, el PBI caería el año próximo por segundo año consecutivo un 3%, con el riesgo de una nueva devaluación. Con acuerdo exprés, en cambio, la actividad podría crecer 3% promedio pero con un impulso mayor en los meses previos a la elección de octubre. Mientras que si la negociación se demorara hasta junio, entonces el repunte en 2015 sería más moderado, de solo 1,5%.

El consultor arriesga que, si el juez Griesa levanta el bloqueo en los tribunales de Nueva York, existen condiciones para que el gobierno logre emitir bonos el año próximo por u$s 10.000 a u$s 15.000 millones en el mercado internacional de capitales. ¿Bajo ley Nueva York? "Daniel me dice que yo hablo lo que él piensa pero no puede decir", confiesa Bein en privado. Scioli reclama un trato con los buitres y cuanto más rápido, mejor.

En el equipo económico de Massa descreen de ese despegue que augura el sciolismo para el último año del ciclo kirchnerista. No es solo cuestión negociar con los Buitres y ‘tudo bein’, ironizan.

¿Cuál sería el motor del crecimiento aún cerrando con los buitres?, se preguntan. El consumo seguiría sin repuntar mientras los salarios corran detrás de la inflación. La caída de las exportaciones no se detendría a causa del derrumbe del 25% del precio de la soja para la próxima cosecha. A la vez que Brasil proyecta un crecimiento muy bajo y es probable que acelere el ritmo de devaluación del real.

¿Es posible un boom de inversiones? Con alta inflación, cepo al dólar, prohibición de remesar utilidades al exterior y en medio de una pelea electoral feroz no es el escenario más probable. "La inversión va a llegar recién con el próximo gobierno", afirman.

Tampoco está claro cuántos dólares frescos conseguiría el Gobierno pasando la gorra en los mercados. Es cierto que abundan los dólares baratos en el mundo, incluso para países como Paraguay, Bolivia o Ecuador, que nunca fueron precisamente atractivos para los financistas.

Pero la cuenta para Argentina tal vez sea exagerada. Si se pretende acordar con todos los holdouts, como sugiere Kicillof off the record, solo para regularizar la situación el Gobierno debería colocar bonos, como mínimo, por unos u$s 10.000 millones. Sería el punto de partida para clausurar los ligitios de la deuda. ¿Hay margen para que Cristina y Kicillof emitan en el mismo año otros 10 o 15.000 millones más? Por lo pronto, pese a las escalas obligadas del Club de Paris y Repsol, el ‘cambio cultural’ sería fuerte: de la estrategia del ‘desendeudamiento’ al ‘superendeudamiento’, siempre para profundizar el modelo, claro.

La duda de Cristina es si optar por el ‘plan GACHI’ (Galuccio + China). El titular de YPF, Miguel Galuccio, le prometió inversiones petroleras por u$s 5000 millones el año próximo, gracias al marco jurídico especial, con premios incluidos, de la nueva ley de Hidrocarburos. La presidenta viaja en noviembre a China para garantizar el paquete de fondos negociado con Beijin. Los rusos y los organismos de créditos (Banco Mundial, BID) podrían aportar también algunos dólares extra. El ‘plan GACHI’ permitiría mantener intacto el discurso épico del cristinismo, etapa superior del kirchnerismo. Pero ahí massistas y sciolistas coinciden: no le alcanza y termina con dos años de recesión.

Por Walter Curia.

La Presidenta no necesita quién la defienda. Lo sabe hacer sola y –aceptemos a juzgar por las encuestas– con bastante éxito. De modo que no siendo esto ninguna defensa, sí puedo decir que yo vi el analítico: Cristina Kirchner se recibió de abogada.

Fue para el 2003, cuando trabajaba en la biografía de Néstor Kirchner. Los periodistas todavía éramos más o menos respetados en el oficialismo y se me abrió una puerta en la UNLP (con alguna ayuda de la oposición radical, hay que decir). Me interesaba el paso del entonces Presidente por la Facultad de Derecho, así que ahí fui.

Pasó una década, de manera que todo prescribió para los que participaron. Las autoridades me mostraron los certificados, en estrictísima reserva y con cuidados especiales que aún recuerdo. No se me permitió tenerlos en mis manos y muchos menos fotografiarlos (los celulares no tenían cámara entonces o acababan de aparecer). Sólo mirar y hacer preguntas. Alcanzó para lo que buscaba.

Conservo los apuntes. Los datos sobre Kirchner son los más conocidos: ingresó el 30 de diciembre de 1968. Se recibió de procurador en mayo de 1976, y dos meses después, el 3 de julio, aprobó Derecho Internacional Privado y se recibió de abogado. Su promedio fue 5.46. Cristina Fernández ingresó el 15 de septiembre de 1972. Se recibió de procuradora el 21 de abril de 1976. El 6 de julio de 1978 pidió su reincorporación mediante una nota dirigida al rector de la Universidad. "Soy madre de un niño y colaboro con tareas de mi esposo abogado en Río Gallegos", decía. El niño era Máximo, nacido en febrero de 1977. A Cristina le faltaba por entonces aprobar tres materias. Rindió Derecho Internacional Privado el 1 de octubre de 1979 y se recibió.

El promedio general de Kirchner fue de 5,46. El de Cristina, por encima de 9. De aquella época puede decirse:

- Cristina Fernández era una típica chica de La Plata, empleada de la Provincia, hija de padre radical. Su mundo era distinto del de Kirchner; se maquillaba, vestía caro, iba a bailar, estudiaba mucho, ella era otra cosa. Como ‘adherente’, simpatizaba con el espíritu militante peronista; formaba parte del ‘club de admiradoras’, como la calificó un activista de entonces. Su aparición no había dejado una buena impresión entre algunos de los militantes más severos: era demasiado linda.

- A los 22 había dejado por Néstor a su novio de los 16 años. A Kirchner Cristina lo puso a estudiar, le emprolijó un poco el aspecto, lo apartó de las peñas, del comedor universitario y las guitarreadas y le habilitó otras inquietudes. Pero no había caso, no tenía inclinaciones estéticas. Se casaron por en el Registro Civil de La Plata el 9 de mayo de 1975, después de un noviazgo de seis meses. No hubo ceremonia religiosa.

A finales de 2004, los legajos universitarios de ambos habían sido guardados bajo llave en un cajón del decanato de la Facultad de Derecho de La Plata. Allí se abrió un sumario interno ante la posible filtración de algunos de sus datos. Desde su despacho de entonces en la Casa Rosada, Carlos Kunkel, ex alumno de la facultad y jefe político de Kirchner en la Universidad, se había comunicado casi un año antes con las autoridades para pedirles que respetaran especialmente la confidencialidad de los documentos.

Los datos tienen diez años. Hace unos siete, un debate sobre el título de grado de la Presidenta ya había sido saldado por autoridades de la Universidad de La Plata. Desconozco el motivo por el que fue reavivado; el doctor Daniel Sabsay es una personalidad respetable: ignoro si tiene una información distinta de la que obtuve en la facultad de Derecho o si lo suyo es una presunción.

La actuación de Sabsay, sin embargo, tuvo un costado más interesante que el de la polémica por el título de la Presidenta. Fue la reacción que despertó en la platea empresarial en el coloquio de IDEA.

Sabsay, quien por ahora no ha manifestado vocación política, fue saludado con ovaciones y un prolongado aplauso por los allí presentes. La primera lectura de esto remite posiblemente a la necesidad de una renovación del discurso y a la ausencia de una referencia de oposición bien definida. La otra lleva a lo que puede despertar en una audiencia incluso calificada un discurso bien articulado, con un poco de aquí y otro de allá, expresado con convicción.

Sabsay no nos hará daño, seguramente. Pero ya es hora de que nos deshagamos un poco de las pasiones, al menos durante la siguiente década.