Varios de los principales referentes de la oposición en el Congreso salieron ayer a expresar su rechazo al proyecto para regular las telecomunicaciones que el Gobierno envió al Senado. Con este escenario, el kirchnerismo buscará sancionarla únicamente con los votos propios y de sus aliados en el Congreso.

“Esta es una ley para quebrar al Grupo Clarín. La modificación de la ley de medios va contra Clarín, habilita a Telefónica y favorece al grupo Vila-Manzano. Estos son los últimos grandes negocios del kirchnerismo y de la familia Kirchner, que además van a gozar de impunidad con la nueva ley del Código Procesal Penal y el mando de Gils Carbó”, aseguró la diputada Elisa Carrió en Radio Mitre.

“Este proyecto es más grave que la ley de medios, porque completa el trabajo iniciado por Sabbatella cuando negó la adecuación del Grupo Clarín. Con esta ley quieren terminar de destruir definitivamente al Grupo, y además expropiar las redes de telecomunicación privado otorgándole un monopolio de más del 90% a las telefónicas”, dijo su par radical Oscar Aguad, y agregó: “El objetivo del Gobierno, a un año de irse, es la impunidad. Quieren eliminar a los medios que informan a la sociedad sobre los hechos de corrupción que afectan a los funcionarios públicos”.

Por el macrismo, Federico Pinedo –jefe de bloque del PRO– la calificó como “un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con todas las comunicaciones”, y profundizó: “Esto genera un desastre en el desarrollo de todas las comunicaciones de la Argentina. Las empresas no pueden arriesgar miles de millones de dólares y que después el Gobierno les diga cuánto pueden cobrar, ganar y perder. Es una especie de Ley de Abastecimiento de las telecomunicaciones, claramente inviable y seguramente inconstitucional”.

La iniciativa generó un fuerte rechazo incluso de los espacios que en 2009 habían acompañado la Ley de Medios, después que el Gobierno aceptara excluir a las telefónicas. “Esta es otra típica maniobra del Gobierno para enmascarar como presuntas mejoras de servicio público y de precios una autoridad de control y un esquema que encubre un gigantesco negocio. Es un acto de impostura e hipocresía que de ninguna manera podemos avalar”, consideró el senador Pino Solanas, de Proyecto Sur.

“El Gobierno retornó a su proyecto audiovisual original, que nunca tuvo por objeto democratizar sino reemplazar un monopolio por otro. Era vox populi el intento de la red empresarial kirchnerista de comprar parte del paquete accionario de Telecom”, indicó Claudio Lozano, de Unidad Popular.

“Los principales beneficiarios serán las telefónicas, que podrán brindar el servicio de Triple Play en condiciones mucho más favorables que otros actores. Y en el caso puntual, Telefónica. ¿Por qué el AFSCA no trató el plan de adecuación de Telefe? ¿Para ganar tiempo en pos de una ley más benigna?”, expresó la postura de Libres del Sur la diputada Victoria Donda.

“En vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las telefónicas. Permitir abiertamente la entrada de estas compañías a la comunicación audiovisual es una herida mortal al sentido democratizador que alguna vez intentó tener la ley de medios”, aseguró el diputado socialista Roy Cortina.

Desde el massismo dijeron que hoy tendrán una reunión para fijar una posición definitiva sobre el proyecto. “Nos llama la atención que el Gobierno, en el final de su período, decida avanzar con tantos temas”, dijo Darío Giustozzi, jefe del bloque de diputados del Frente Renovador.

Ley de Medios: Cambia la norma para beneficiar a Telefónica

1) La ley de medios prohibe que Telefónica sea titular de canales de TV, por ser prestadora del servicio público de telefonía básica. Sin embargo, Telefe niega tener relación con Telefónica de Argentina, y sólo pretende adaptarse a cubrir menos del 35 % de cobertura en televisión, desprendiéndose de dos pequeños canales del interior del país. La AFSCA, que preside Martín Sabbatella, hace 22 meses que tiene a su consideración dicho plan de adecuación, pero no lo trató ni emitió dictamen técnico sobre su viabilidad. 

El proyecto que presentó el Gobierno permitirá que Sabbatella no tenga que resolver esa cuestión, ya que elimina la prohibición que rige para Telefónica.

Asimetría: Los operadores de cable impedidos de dar telefonía

2) El proyecto de ley Argentina Digital elimina la prohibición que la ley de medios les fija a Telefónica y Telecom para dar servicios de televisión paga. Eso permitirá que las telcos y Claro puedan ingresar a un nuevo mercado, ampliando la prestación de sus servicios, sobre todo para competir con Cablevisión -del Grupo Clarín-. 

Si bien la iniciativa del Gobierno permite que los operadores de TV por cable también puedan dar telefonía, esto ya rige con la normativa actual, que es el Decreto 764 del año 2000. Por ejemplo, Telecentro ofrece triple play (telefonía, Internet y TV por cable), pero el Gobierno jamás quiso aplicar esa misma norma a Cablevisión, negándole la numeración y condiciones justas de interconexión.

Servicio público: Las tarifas serán reguladas por el Gobierno

3) La telefonía celular, Internet y la TV paga son sectores en competencia, donde los prestadores de los servicios fijan sus precios libremente. Con la nueva ley pasarán a ser “servicios públicos esenciales y estratégicos”, cuyas tarifas “podrán ser reguladas” por el Gobierno si lo considera necesario. 
El proyecto de ley no dice cuáles serían los criterios del Estado para fijar esas tarifas. Por ejemplo, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pretendió fijar el precio de los servicios de Cablevisión, pero la Justicia le negó esa potestad. Con la nueva normativa presentada por el Gobierno, “la autoridad de aplicación” de la ley podrá hacerlo, argumentando solamente que hay razones de interés público para hacerlo.

Cablevisión, en la mira: Los operadores podrán usar las redes de otros

4) El proyecto de ley establece la desagregación de redes locales, para que cualquier operador pueda prestar servicios sobre redes de otros. Eso ya rige para las redes telefónicas, en el Decreto 764 del año 2000, que el Gobierno no mencionó porque se niega a implementar esas herramientas, por su alianza con Telefónica y Telecom. Ahora los funcionarios buscarían que los operadores de TV por cable abran sus redes, para ir contra Cablevisión. Además, el Decreto 764 establece la licencia única de telecomunicaciones, las condiciones de interconexión y el servicio universal, que el Gobierno se resistió a aplicar, pero sus funcionarios aseguraron que ahora las implementarán en el marco de la nueva ley Argentina Digital.

Fondos millonarios: Una autoridad de aplicación con mucho poder

5) La “autoridad de aplicación” tiene un poder muy fuerte en el proyecto del Gobierno, pero no está definido quién cumplirá ese rol en la nueva ley. Hasta ahora es la Secretaría de Comunicaciones, a cargo del dirigente de La Cámpora, Norberto Berner, quien depende del ministro de Planificación, Julio De Vido. La nueva normativa le dará la facultad de fijar los precios de los servicios que crea convenientes; de resolver en problemas surgidos entre operadores por la interconexión de redes; y, entre otras cuestiones, podrá asignar los fondos del Servicio Universal a la estatal Ar-Sat, pese a que ese dinero lo han ido aportando los operadores del sector, que deben depositar el 1 % de los ingresos para tal fin.

Así como ya no habrá necesidad de seguir debatiendo si Telefónica es o no es propietaria de Telefe y por ende, la emisora no tendrá que cumplir con un plan de adecuación a la Ley de Medios, el empresario mexicano David Martinez tampoco tendrá que desprenderse de sus acciones en Cablevisión como condición sine qua non para quedarse con la mitad de Telecom Argentina. Es que el mismo artículo del proyecto oficial de ley Argentina Digital habilita al grupo español a brindar servicios audiovisuales, habilita al dueño del fondo Fintech a mantener el 40% de la operadora de TV por cable del Grupo Clarín.

Esto es posible porque el artículo 9 de la polémica iniciativa oficial que comenzará a tratar el Senado para intentar convertirla en ley lo más rápido posible, habilita a los licenciatarios de servicios TIC a ofrecer comunicación audiovisual. A su vez, le permite a estos últimos brindar servicios TIC. Y para no dejar dudas, el artículo aclara que los licenciatarios de servicios públicos como Telefónica y Telecom quedan exceptuados del inciso d) del artículo 25 de la Ley 26.522 de Comunicación Audiovisual. Traducido, este artículo de la ley de Medios establecía las condiciones de admisibilidad para ser licenciatario de servicios de comunicación audiovisual. Y en su inciso d) excluía a las prestadoras de servicios públicos, entre ellas las telefónicas.

Pero el proyecto del Gobierno para regular todo el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), desarticula estos postulados y le da vía libre a las telefónicas para ingresar en un negocio actualmente liderado por Cablevisión.

En este marco, David Martinez podrá seguir siendo socio minoritario de la operadora de TV por cable. Por lo menos, no se verá obligado a vender sus acciones para que el Gobierno le autorice pagar de una vez por todas u$s 860 millones por el 68 % de Sofora, sociedad dueña de Telecom Argentina. Hasta ahora, y por las demoras de los organismos reguladores en analizar el deal, Fintech debió cambiar las condiciones del acuerdo inicial con Telecom Italia y conformarse con adquirir el 15% de la filial local del grupo europeo. También se impuso un plazo de dos años para lograr las autorizaciones finales.

En este contexto, las acciones que seguirá controlando en Cablevisión seguramente irán, con el tiempo perdiendo valor, si se cumplen los presagios de quienes advierten que la futura Ley Argentina Digital es otra herramienta del kirchnerismo para seguir intentando acorralar y terminar con el Grupo Clarín.
En el caso de la operadora de cable advierten que las imposiciones y regulaciones de la nueva norma "terminarán destruyendo su valor" y degradando sus inversiones. Según quienes sostienen esta teoría, las telefónicas saldrán favorecidas al poder ofrecer triple play y contenidos audiovisuales mas allá de las imposiciones de precios y de mercado que aplicará la futura ley, mientras que Cablevisión seguirá sin poder brindar telefonía, a pesar de tener ya numeración autorizada.

De hecho, también recuerdan que la licitación de la nueva frecuencia de 4G (ver nota aparte), incrementará los negocios de las telefónicas. De esta subasta, Cablevisión decidió no participar por entender que se cambiaron las reglas de juego a favor de sus competidoras y está a punto de presentar ante la justicia un recurso de ampara para frenar el proceso.

También advierten que se degradará el servicio de Fibertel, al verse obligada a compartir la última milla del servicio con otras empresas y a un precio que será impuesto por el Estado nacional. Si bien el mismo esquema regirá para las empresas de Internet de las telefónicas, las fuentes cercanas a Clarín señalan que la más perjudicada será Fibertel "porque es la que mejor servicio ofrece". "La red va a colapsar y no habrá capacidad de inversión", anticipan.