Por Nicolás Pizzi.

La jueza federal María Servini de Cubría allanó ayer la sede de 25 clubes de fútbol en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el destino y uso de los fondos del programa “Fútbol Para Todos” entre 2009 y 2013. Los allanamientos, según informaron a Clarín fuentes judiciales, estuvieron a cargo de la División Defraudación y Estafas de la Policía Federal, acompañados en muchos casos por empleados judiciales. “Fuimos a buscar los libros contables de cada institución. No se secuestró ninguna computadora, pero sí se copió el contenido de las mismas”, dijeron fuentes de la investigación.

En Capital, allanaron las sedes de siete clubes: River, Boca, All Boys, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Vélez y Huracán. También hubo allanamientos en los siguientes clubes de la provincia de Buenos Aires: Banfield, Lanús, Estudiantes, Gimnasia, Quilmes, Racing, Independiente, Tigre y Arsenal.

“En casi todos los clubes hubo colaboración salvo en San Lorenzo”, se quejó una fuente judicial. En la sede de Boca, los dirigentes que recibieron a los funcionarios judiciales aseguraron que “el 95% de los ingresos del FTP se depositan en una cuenta del Banco Francés”.

Mediante diferentes exhortos, la jueza Servini de Cubría también ordenó allanamientos en los nueve clubes del interior involucrados en el FTP entre 2009 y 2013: Rosario Central, Newell´s, Unión, Colon, Rafaela, Olimpo, San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Belgrano.

La investigación que tiene en vilo a todo el mundo del fútbol se inició por una denuncia de la diputada Graciela Ocaña y busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos públicos. La jueza quiere saber cómo cobraron los clubes, cómo pagaba la AFA y qué hacían los clubes con los cheques.

Desde 2009, el FPT implicó un gasto para el Estado de más de 5000 millones de pesos. Y para el año próximo se prevén otros 1634 millones más según el Presupuesto. Pese a esa inversión, los clubes argentinos empeoraron sus finanzas.

Ocaña también denunció el “irregular manejo de la pauta publicitaria” a partir del contrato firmado entre la AFA y el Gobierno. El tercer eje de la denuncia destaca la “asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión de los partidos”.

En la causa están imputados el jefe de Gabinete Jorge Capitanich; sus antecesores en el cargo (Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández); y directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Hace pocos días, Servini de Cubría le ordenó al cuerpo de peritos de la Corte Suprema que trabaje sobre varios libros contables que estaban en poder de la AFA y que fueron secuestrados durante el primer allanamiento, a comienzos de agosto, menos de una semana después de la muerte de Julio Grondona.

La investigación fue ampliando sus horizontes con el paso de los días.

Por pedido del fiscal Eduardo Taiano, también se investiga si se incumplió con los procedimientos de contratación al momento de acordar con las productoras a cargo de las transmisiones televisivas. Según la denuncia de Ocaña, existirían contrataciones directas con las empresas La Corte SRL, VTS, Video 4, Wayson Producciones, Recordvision SA y Prensa Satelital SA.

La legisladora apuntó contra la firma Santa Mónica, agente oficial de la AFA. “Esta empresa recibió en 2011 la suma de $ 968.000 por parte del Estado Nacional, por la adquisición de los derechos de TV del partido que el seleccionado jugó con Paraguay. No llegamos a comprender cómo es que esta empresa termina vendiendo los derechos de televisación que eran propiedad de Torneos y Competencias”, dice la ampliación de la denuncia.

Pero hay más. Servini de Cubría también investiga los sistemas de control a los estadios como AFA plus y el Sistema de Acceso Biométrico a Espectáculos Deportivos (SABED), anunciados por la presidenta Cristina Kirchner en julio de 2012, aunque todavía no se pusieron en funcionamiento.

El nuevo torneo que tanta polémica genera dejó de estar en un borrador el martes, cuando Luis Segura se lo llevó de la reunión de Comité Ejecutivo celebrada en Ezeiza. Sólo faltaba la aprobación de las altas esferas. Y ayer, durante la presentación de la Copa Iveco -trofeo que alzará el campeón del fútbol argentino- en la Casa de Gobierno, el presidente de la AFA recibió el okey del formato con una sugerencia, que de ser posible, no haya descensos. Y si a esa altura el sucesor de Julio Grondona había cosechado broncas entre los dirigentes de las categorías del ascenso, por estas horas se corporizó en el enemigo público número de la B Nacional. De cualquier modo, la sangre no llegaría al río. Y aunque los clubes grandes querían tres descensos en junio, partieron la diferencia. En las próximas horas se anunciaría que sólo un equipo perderá la categoría y habría un ascenso para compensar a la segunda división.

Pablo Paladino, máximo responsable de Fútbol Para Todos, trató de aplacar los ánimos. “No hay que apresurarse. Nos vamos a reunir para resolver cómo se juega el campeonato. No creo que la B Nacional juegue por nada”, afirmó el funcionario. El Gobierno, en principio, quería un campeonato largo para 2015, de febrero a diciembre. Esperaba, de esta manera, que los descensos se resolvieran después de las elecciones nacionales. El torneo corto -cuyo máximo impulsor es el presidente de Boca, Daniel Angelici- es visto con buenos ojos, pero preferentemente, sin pérdidas en la categoría superior. Esta coyuntura produjo un quiebre con la mesa de la B Nacional, cuyos dirigentes pusieron el grito en el cielo y lo hicieron saber públicamente. “Desde el primer momento en que se habló de un torneo de 30 equipos, se confirmaron dos descensos y dos ascensos. Nosotros no vamos a jugar seis meses al pedo.

Competir por nada es fundir a los clubes”, le dijo Javier Martínez, presidente de Douglas Haig, a Clarín.

“Una idea era ofrecernos una plaza para jugar una Copa internacional ... ¿Para qué? ¿Para quedar afuera en la primera fase? Hay cosas que son innegociables”, manifestó Fernando Yécora, titular de Gimnasia de Jujuy. En ese sentido, los dirigentes de la segunda división del fútbol argentino están unidos. Incluso Unión, que ya logró su ascenso a Primera, se solidarizó con los equipos de la B Nacional.

Segura quedó en el centro de la tormenta. En el ascenso, lo apuntan porque se deja llevar de las narices por los clubes grandes. A fin de cuentas, el Big Five logrará su objetivo de empezar la temporada en agosto y terminarla en junio, después del torneo de trancisión, de acuerdo con el calendario europeo. Al ex titular de Argentinos Juniors también le cuestionan que haya dado marcha atrás con los tres descensos por el requerimiento de Tigre, Olimpo y Quilmes, cuyos directivos no querían sufrir los fantasmas de mitad de año. Justamente, estos tres equipos están comprometidos por el promedio.

Ayer, el presidente de Racing, Víctor Blanco, insistió: “Hay que asumirlo y ver de qué manera vamos reduciendo año tras año para llegar a un campeonato que tenga 20 o 22 equipos”. Esta idea es la que abonan los clubes grandes. Por eso pretendían tres descensos ya mismo. Finalmente, partirían la diferencia, bajaría uno, subiría otro y, gradualmente, buscarán terminar con un campeonato multitudinario que está a contramano de las recomendaciones de la FIFA. Claro que el fútbol argentino es único. En toda su expresión. Con su lado oscuro incluido, claro.

Unas 26 sedes de clubes de primera división del fútbol local fueron allanadas áyer por orden de la jueza federal María Servini de Cubría en el marco de la causa en la que se investiga el destino de los fondos del programa "Fútbol para Todos". Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la decisión la dispuso la jueza, y entre otros clubes, fueron allanados River, Boca, Independiente, Racing, y San Lorenzo. Según las fuentes, siete de las sedes que fueron allanadas son de la Capital Federal, y el resto en la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Los allanamientos fueron encabezados por efectivos de la Policía Federal, que en los diferentes edificios y oficinas secuestraron documentación contable. En octubre pasado, Servini de Cubría ordenó una pericia contable sobre los fondos del "Fútbol para Todos", en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de la pauta publicitaria. La denuncia la hizo la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la supuesta falta de control en los fondos públicos destinados al ciclo estatal que se encarga de la transmisión de los partidos, así como en la entrega del dinero de publicidad oficial.