Por Miguel Ángel Fuks.

"Soy de un país vertiginoso, donde la lotería es parte principal de la realidad: hasta el día de hoy, he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables...". Así inició Jorge Luis Borges su cuento "La lotería de Babel", de 1941, recurriendo a la voz de un relator. Imaginó una ciudad donde el juego se había convertido en sagrado y los ciudadanos eran obligados a participar, sin importar quién ganara o quién perdiera. Allí aparecía un misterioso dios del Destino que al instalar una lotería comenzaba a imponerse hasta regir la vida en la ciudad y apoderarse, mediante el juego, de las almas de las personas. Esta ficción fue considerada "anticipatoria", con la particularidad de una siniestra "Corporación" que conducía, manipulaba y era la encargada de organizar un particular juego de azar que "no se dirigía a todas las facultades del hombre: únicamente a su esperanza", concluía Borges.

En la Argentina aumentaron la cantidad y el volumen de las salas de juego de manera constante en las últimas dos décadas.

Hay en la actualidad 502 salas de juego y casinos, de los cuales 272 se inauguraron durante los gobiernos kirchneristas. Llegó a estimarse un promedio de 100.000 habitantes por sala y, por ejemplo, en Santa Fe había una por cada millón de habitantes y en San Luis y La Rioja, una cada 20.000.

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de la Argentina estimó que en todo el país hay 70.419 máquinas tragamonedas, de las cuales 21.870 están instaladas en la provincia de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires no se quedaba atrás: sólo en el Hipódromo Argentino de Palermo hay 4.500 tragamonedas (el MGM, el casino más grande de Las Vegas, Estados Unidos, tiene 3.000).

El 50,4% de las salas lo manejan los grupos empresarios de Cristóbal López (Casino Club-Hipódromo Argentino de Palermo-Tecno Acción), Codere, Boldt, Argentine Gaming Group), la Compañía de Entretenimiento y Turismo y otros. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) oficialista tuvo la idea de presentar un proyecto a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a fines de julio del 2012 para que se ejerciera un mayor control "sobre las utilidades y la fiscalización del juego y, además, cambiar la ecuación de rentabilidad que perjudica al Estado provincial". Hasta buscó reunirse con los presidentes de los bloques de las cámaras de diputados y senadores bonaerenses para contar con el aval de todos los sectores.

Entonces, el sector privado que manejaba los bingos y las salas de azar (casinos) –calculó esa CTA– se quedaba con el 70% de las ganancias y el 30% restante era para el Estado. Su propósito era "dar vuelta la ecuación y que el Estado provincial obtuviera la mayor rentabilidad". Estaba convencida de la existencia de "una relación de competencia desleal entre el Estado y el privado, ya que los bingos que son privados podían ser trasladados dentro de la provincia, en cambio los casinos, que eran –son– estatales no podían hacerlo por las reglamentaciones vigentes".

Los gobiernos de algunas provincias sólo se enteraban de las ganancias a través de las declaraciones juradas de los concesionarios. Los controles con software en Córdoba y Buenos Aires, aparte del existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al parecer eran suministrados por los concesionarios.

"El Estado es permisivo y está en connivencia con el poder real y corporativo de las empresas que gerencian el juego de azar", escribió en el 2012 el entonces diputado bonaerense Walter Martello (Coalición Cívica) en su libro "No va más: Los vínculos entre el juego y la política en la provincia de Buenos Aires".

"La Argentina es el paraíso del juego en América Latina", aseveró Martello, persuadido de que existía "una estrategia asociada al poder y a varias empresas sin las cuales no hubieran sido posibles las ganancias extraordinarias obtenidas por los distintos grupos". Esta situación no se hubiera generado de no existir una fuerte connivencia entre el juego y diversos actores políticos, sobre todo integrantes de partidos que estuvieron al frente de los recientes gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación.

El epicentro del juego era –es– la provincia de Buenos Aires y los lugares que más recaudan no son los ubicados en los centros turísticos, sino "los de Berazategui, Avellaneda, Lomas del Mirador y San Martín". En el 2013 había 46 bingos en 32 localidades.

La punta del iceberg de una investigación de los periodistas Ramón Indart (perfil.com.) y Federico Poore ("Buenos Aires Herald"), reflejada en el libro "El poder del juego", fue el conflicto que afrontó el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, por el retraso del pago del aguinaldo a los trabajadores de la provincia en el 2012. "En ese marco, se habló de estatizar el juego", señaló Poore. "Scioli tuvo que salir a pedir un adelanto a los 'bingueros' a cambio de ampliar los plazos de las concesiones", agregó Indart. La investigación abarcó los negocios de casinos, bingos y loterías, entre otras cuestiones, y demostró la complicidad de algunos de sus responsables con ciertos políticos. De cualquier manera, los periodistas se preocuparon por desmitificar la idea de que los casinos se instalaron y crecieron desde el 2003: "Arrancaron con Duhalde; De la Rúa los habilitó cuando era presidente, pese a que cuando antes gobernó la ciudad de Buenos Aires los criticaba; (Aníbal) Ibarra se quejó toda la vida de los casinos y en el 2003 acordó con (Néstor Carlos) Kirchner el ingreso a la Capital Federal de (Cristóbal) López".

Tras reunirse con polémicos "capitalistas" del juego bonaerense, Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, reflotó en marzo del 2012 su plan para incorporar tragamonedas en las agencias hípicas, lo que en los hechos representaría más de 50 nuevos bingos. Intentó así aprovechar las embestidas del kirchnerismo contra Scioli por los contratos de juego que tenía Boldt en la provincia. La idea no se concretó porque tales agencias estaban, por lo general, en locales reducidos que apenas permitirían colocar una o dos máquinas. Hasta preparó un proyecto de ley para diferenciar el turf del resto de las actividades lúdicas y sacarlo de la órbita de la lotería bonaerense, con normas específicas para manejar los recursos de un fondo que otorgaría subvenciones y subsidios a los hipódromos.

La colocación de tragamonedas en los hipódromos bonaerenses también fue una aspiración de López (ver aparte), quien resignó su pretensión de instalarlas en el hipódromo de San Isidro por las presiones ejercidas por la Iglesia Católica sobre Scioli.

Peralta, integrante de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, planteó que se necesitaban medidas para "advertir sobre los riesgos del juego compulsivo a través de, por ejemplo, la distribución de folletos informativos" y reclamó "la aplicación del Programa de Juego Responsable y la difusión de la ludopatía.

"La implementación de estas medidas se hizo más necesaria desde la promoción de la 'lotería exprés', que en la práctica funcionaba como una máquina tragamonedas (...) que proporcionaba más chances de generar una adicción cuando el tiempo transcurrido entre la apuesta y el resultado de la misma fuera menor, por lo que podía agudizar una situación de juego patológico que el Estado debía prevenir", sostuvo Peralta. Por eso presentó proyectos para la creación de un régimen de juego responsable, la conformación de un observatorio de la ludopatía en el sistema de salud y la inclusión de la enfermedad en el Programa Médico Obligatorio.

Juan Pedro Tunessi, diputado nacional con mandato cumplido de la UCR, planteó hace un par de años que "la Argentina necesita con urgencia una ley federal que regule y audite los juegos de azar", con vigencia en toda la Nación pero sin entrar en conflicto con las competencias provinciales. Alertó que, por tratarse de una actividad de "alto riesgo social, aunque lícita, su prohibición sólo acarrearía mayores perjuicios, porque alentaría la clandestinización".

Hubo intentos, escasos, de reformas regulatorias. Una en la provincia de Buenos Aires, en 1999, puso en evidencia el funcionamiento clandestino, en el propio ámbito oficial, de "máquinas electrónicas de apuestas que dejaban al fisco ridículas sumas por cánones fijos, al tiempo que recaudaban cifras varias veces multimillonarias". Desde el 2003 quedaron sin ser tratados proyectos que apuntaban a morigerar las ofertas de juegos, restringir horarios y lugares de funcionamiento, prevenir ludopatías identificar apostadores elevar los niveles de apuestas y hasta regular acciones a favor del familiar con derecho alimentario, con el objetivo de evitar los efectos no deseados de la actividad y resguardar a la sociedad de sus graves consecuencias.