El kirchnerismo del Senado frenó el proyecto para indemnizar a los ex trabajadores de YPF echados en la privatización de 1991, que hace un mes fue aprobado por unanimidad en Diputados.
“Si no conocemos los números no podemos aprobarlo. Lo haremos cuando sepamos que se les va a pagar. Es todo muy lindo sancionar la ley y que después todo siga igual”, argumentó Aníbal Fernández en el recinto, antes que el oficialismo vote en contra del tratamiento sobre tablas del proyecto.
En su última sesión antes de asumir como secretario general de la presidencia, Aníbal argumentó por pedido de Pichetto, incómodo por la protesta de los exypefianos en la esquina de Callao e Yrigoyen, que debió ser vallada por la policía para evitar incidentes.
El reclamo lo habían hecho los senadores Laura Montero (UCR), Magdalena Odarda (Fap), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), Fernando Solanas (Fap), Guillermo Pereyra (MPN) y Juan Carlos Romero, entre otros.
Como dirigente del sindicato petrolero, Pereyra recordó que a muchos despedidos de YPF “los mandaban a formar emprendimientos diciéndoles que les iban a dar trabajo en YPF, pero les dieron trabajo un año. Después los dejaron afuera porque los mandaban a licitar con los pulpos empresarios, y comenzaron a fundirse”.
La oposición estaba sorprendida porque aún cuando en Diputados el kirchnerismo apoyó la ley, los senadores no habilitaran su tratamiento en comisión y así llegaron sin dictamen a la última sesión del año.
La compensación aprobada en la Cámara baja asciende a un equivalente al valor en pesos de 956 acciones de YPF, a la cotización del cierre del Mercado de Valores de Buenos Aires del día de publicación de la norma en el Boletín Oficial, las que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública.
Oscilaría desde 200 hasta 439 mil pesos, para quienes no cobraron ni un centavo por abandonar la petrolera tras la llegada de Repsol.
Los exypefianos estaban gratamente sorprendidos cuando se aprobó en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por Roberto Feletti, porque durante cuatro años habían recibido negativas diarias.
La respuesta era siempre la misma: el Gobierno no se anima a abrir una puerta de indemnizaciones masivas de las privatizadas que sea imposible de afrontar.
Sin embargo, en el recinto de la Cámara baja los oficialistas la apoyaron sin matices. "Aprobar este proyecto equivale a cerrar el círculo que se inició con la ley para expropiar la compañía", dijo el santacruceño Mario Metaza, presidente de la Comisión de Energía y cercano a la presidenta. Claro que en el Senado consideraron que el círculo debe seguir abierto.
La indemnización tiene sanción en diputados pero la bancada K impidió el tratamiento sobre tablas. "Se perdió otra oportunidad", lamentó Romero.
Como muchos otros problemas en la Argentina, el resarcimiento a los 33 mil empleados de la YPF estatal, que no adhirieron al programa de propiedad participada sigue demorándose. Aunque el proyecto de ley tiene sanción unánime de la Cámara de Diputados desde el 12 de noviembre último, el oficialismo impidió ayer el tratamiento sobre tablas en el Senado de la Nación.
El texto apunta a resarcir la deuda económica que mantiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF a raíz de la exclusión arbitraria por la que no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada.
El escenario
El Norte salteño tuvo en la YPF estatal una suerte de avanzada de desarrollo. La privatización petrolera dispuesta en 1992, fecha en que la actividad quedó en manos de varias empresas, incluyó el despido de gran cantidad de empleados que no encontraron lugar en las compañías privadas. A este problema se sumó, en la última década, la paralización de la actividad gasífera a raíz de los topes de precios impuestos a la producción local, equivalentes a la quinta parte del que se paga a Bolivia y la octava parte respecto de otros proveedores. Esta política desalentó la inversión y sus efectos se sintieron en el déficit energético nacional y la caída del empleo en el norte salteño, especialmente, en el departamento San Martín
El proyecto
La indemnización prevista en el proyecto equivale al valor de las 956 acciones de YPF S.A. al día del cobro ($439.000 a cotización del 31/10), y representa una reparación histórica que se cobrará en bonos.
El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero, opinó que "se perdió otra oportunidad de reparar hacia el futuro una situación que fue injusta para los entonces trabajadores".
Romero fue uno de los impulsores de la iniciativa en la Cámara alta y ayer ratificó ante sus pares que "la región hidrocarburífera de Salta debe recuperar su potencia, su producción, su generación de empleo y su desarrollo".
Los ex ypfianos salteños involucrados en el reclamo son más de tres mil. "Apostamos a un futuro donde la gente pueda tener oportunidad de trabajos en cada uno de sus lugares, como por ejemplo, en Tartagal y en General Mosconi, dos ciudades petroleras por excelencia. Queremos que ambas ciudades vuelvan a crecer en paz, con trabajo y esperanza, como debe ser. Esta vez no se pudo pero seguiremos insistiendo y sé que vamos a lograrlo".
El reclamo de los ex empleados vuelve a encolumnar a las grandes provincias petroleras. La diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli opina que "el gobierno nacional es quien debe reconocer los derechos adquiridos de los ex empleados de YPF, cumpliendo con la ley que oportunamente se sancionara en reconocimiento de la Propiedad Participada y que aún no se hizo efectiva". Cuando el proyecto sea ley, los ex ypefianos o sus herederos, luego de largos años de espera, podrían finalmente cobrar acciones de propiedad participada con las que en su momento fueron beneficiados a la hora de la privatización de YPF, en época de Carlos Menem, pero que nunca más le fueran reconocidas. En el caso de la provincia de Salta, con actividad petrolera y gasífera que pese a la falta de inversión le permite ocupar el cuarto lugar en el contexto del país por su producción, son unos 3 mil los ex ypefianos que lograrán obtener el beneficio.
