El 2014 está llegando a su fin y el balance para el sector eléctrico es ampliamente negativo, dado que no se han logrado resolver los principales cuellos de botella que afectan al sector. Se agrandaron los desbalances respecto a 2013, aunque la baja en el precio del petróleo ayudó a que el resultado fuese algo mejor que el inicialmente esperado.

La falta de decisión para avanzar en una quita de subsidios al precio de la energía incrementa el déficit de CAMMESA, lo que implica una mayor presión sobre las cuentas públicas. Las transferencias del tesoro al sector eléctrico rondarían en 2014 los $112.000 millones, casi un 3% del PBI. A pesar de que estas cifras se vuelvan cada vez más insostenibles, parece improbable que la actual Administración decida avanzar en un sinceramiento tarifario, si no lo hizo hasta ahora, con las elecciones en puerta.

La etapa de distribución es una de las más afectadas, con empresas que enfrentan fuertes dificultades financieras, en especial aquellas que brindan servicio en el área metropolitana bajo la jurisdicción del ENRE. El congelamiento tarifario vigente desde hace varios años ha redundado en fuertes pérdidas operativas, lo que se tradujo en falta de mantenimiento, atrasos y ausencia de nuevas obras de infraestructura. Esto ha quedado en evidencia durante los picos de potencia demandada, sobre todo en los días de temperaturas muy altas o muy bajas, situación que ha ocurrido con mayor frecuencia en el AMBA pero también en diversas provincias. Generadores móviles que funcionan a gasoil se han distribuido por puntos críticos de la Ciudad de Buenos Aires frente a posibles picos de demanda en el verano. A pesar de que son significativamente más costosos, sirven para paliar temporalmente el déficit en la red.

El Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, que fue anunciado en abril de 2014 y que finalizará a partir de 2015, expresaba la intención de congelar tarifas eléctricas por un año a cambio del desembolso de fondos para llevar a cabo grandes obras de infraestructura en las provincias. Esta medida buscaba morigerar el impacto de la esperada quita de subsidios, la cual nunca llegó. En cambio, el verdadero efecto fue un empeoramiento de la situación patrimonial de las distribuidoras, al tiempo que la canalización de las obras enfrentó mayores dificultades.

Cuando se anunció la medida, se pensó que sería el paso previo para una actualización del Precio Estacional a modo de reducir subsidios. Con lo cual, se le estaba pidiendo a las distribuidoras un “esfuerzo adicional” para no potenciar el impacto en las boletas, a cambio de inversiones en infraestructura. Además, durante el período del acuerdo se iba a hacer un estudio con el objetivo de determinar el valor regional del VAD en todo el país. Finalmente, esto no ocurrió. Pero la quita de subsidios tampoco se dio y, por un año más, se acumularon distorsiones de precios. Cabe destacar que el fin del acuerdo resulta entonces una noticia positiva, porque algunas distribuidoras podrán seguir tramitando con los entes respectivos la suba del VAD para cubrir el aumento de costos.

En el otro extremo de la cadena de pagos, las generadoras continúan afectadas por las remuneraciones que se alejan del costo real de la generación eléctrica. Remuneraciones que, además, no tienen actualización periódica y cuyo último aumento por medio de la Res. 529/14 ya se encuentra diluido por el contexto inflacionario. Además, enfrentan una única contraparte, CAMMESA, que atraviesa una situación fuertemente deficitaria.

Pero lo más preocupante surge del hecho que en el año 2013 y 2014, la incorporación de potencia al sistema ha sido demasiado baja lo que, sumado a un elevado índice de indisponibilidad de las centrales térmicas, ha provocado una disminución en el margen de potencia efectiva. El margen para cubrir picos de demanda se ha reducido 5,3% a 3,8 MW en el promedio de los primeros diez meses de 2014 lo que implica que el próximo verano la provisión de energía podría atravesar situaciones críticas.

En el período enero-octubre de 2014, el consumo eléctrico creció 2,1%, elevando las necesidades de importación ya que la generación local no ha sido suficiente. A la vez, el crecimiento de la potencia máxima demandada presiona aún más a la infraestructura existente en las redes de distribución incrementando el riesgo de ocurrencia de cortes tal como sucedió el verano pasado.

La acumulación de dificultades a lo largo de la cadena ha puesto la expectativa de los principales agentes en las acciones que se puedan tomar en un nuevo ciclo. La quita de subsidios a la energía mayorista, que si bien significará un fuerte alivio para el constante deterioro de las cuentas públicas, de la balanza comercial y de caída en las reservas del Banco Central, tendrá como correlato el impacto de la suba de tarifas para los usuarios, por lo cual deberá ser abordada de manera progresiva y eventualmente establecer una “tarifa social” que resguarde el poder de compra de los más vulnerables. Sin embargo, parece improbable que se avance en este sentido en 2015, en un año electoral y con el precio del petróleo crudo a la baja.

El eventual impacto de un sinceramiento de precios energéticos en la balanza comercial, será más lento, puesto que habrá que esperar que maduren las inversiones en gas no convencional para poder sustituir las importaciones de combustibles líquidos. El propio incremento en las tarifas, sin embargo, podría ayudar a impulsar una mayor eficiencia en el consumo y comenzar a influir en un menor requerimiento de importaciones.

Por último, señales claras en cuanto al marco regulatorio, actualización periódica de tarifas a lo largo de toda la cadena y certidumbre en los pagos, podrían atraer financiamiento internacional para inversiones de largo plazo en el sector, fundamental para apuntalar una mayor diversificación y seguridad energética.

Por Francisco Jueguen.

Si se eliminaran por completo los subsidios y el precio de la energía eléctrica se actualizara con el costo real de generación (sumando las partidas a Cammesa para cubrir las importaciones de energía y lo devengado por Enarsa para la compra de gas en el exterior que usan las usinas térmicas), la factura de un hogar en la ciudad de Buenos Aires o en Mendoza que consumen 600 kWh por bimestre debería superar los 900 pesos, según un informe de la consultora abeceb.com. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe esa boleta llegaría a $ 1200.

Esto quiere decir que, en la ciudad de Buenos Aires, un usuario subsidiado pagaría 14 veces más de lo que abona en la actualidad (hoy paga, en promedio, $ 66,70 por bimestre). En Córdoba y Santa Fe, en tanto, la factura sería tres veces más elevada. Vale aclarar que estos números no contemplan los atrasos en la actualización del valor agregado de distribución (VAD) de cada empresa en el sistema eléctrico. De hacerlo, los valores irían aún más arriba.

Los subsidios fueron creados por el Gobierno para evitar que los consumidores tuvieran que afrontar fuertes aumentos de tarifas tras la salida de la crisis de 2001/2002.

Una década atrás, en las fojas 571 a 585 de la nota 153 del 13 de febrero de 2004 (expediente N° S01:0189417/2003), el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, le advertía al ministro de Planificación, Julio De Vido, que era fundamental subir los precios de la energía para evitar problemas.

"Los precios resultantes luego de la pesificación no permiten recuperar las inversiones necesarias, por lo que es indispensable brindar señales de inversión mediante la normalización de los precios", recomendó el ex secretario al ministro. Pero la política pudo más que la técnica, y Néstor Kirchner hizo exactamente lo contrario en los siguientes diez años.

La herencia del kirchnerismo la pagará el próximo gobierno y, claro está, también los usuarios particulares. Según datos del Cippec, la administración de Cristina Kirchner dejará, por lo menos, un déficit fiscal de 5% del producto bruto interno en 2015 al momento del recambio presidencial. El centro de estudios estimó que uno de cada cinco pesos recaudados por el Tesoro Nacional se destina hoy a financiar subsidios, y el 60% va directamente a subsidiar al sector energético.

TARIFA SOCIAL

El ajuste se hará. Lo admitió el propio Axel Kicillof. "Existe la política de reducción gradual de subsidios a la energía y al transporte público", escribió el ministro de Economía, en un documento que presentó al G-20 el mes pasado. "Los actuales niveles de ingresos permiten la reducción en los subsidios de los sectores de ingresos medios y altos", señaló, en busca de "promover el uso racional de la energía".

"El sinceramiento no debería hacerse de una vez, sino de manera progresiva y contemplando una tarifa social", afirmó el autor del informe de abeceb.com, Mariano Lamothe. "Pero la corrección de precios resulta insuficiente. Hay que actuar en el marco de un programa energético integral", agregó.

Para Lamothe, es preciso impulsar un marco de inversiones para aumentar la producción local de hidrocarburos y reducir el peso de las importaciones de combustibles, que encarecieron el costo de la generación eléctrica en los últimos años. "Además hay que diversificar la matriz energética, con mayor peso de las energías renovables e impulsar programas de eficiencia energética", cerró.

El 31 de este mes vencerá el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina, un acuerdo que congelaba en todo el país la tarifa eléctrica de distribución a cambio de inversiones en infraestructura eléctrica. LA NACION informó que Santa Fe, San Luis y Buenos Aires ajustarán en un 30% promedio su tarifa.

El precio de la electricidad tiene un subsidio que beneficia a todo el país -en la generación-. En tanto, el VAD está fuertemente subsidiado en la ciudad de Buenos Aires y la provincia, donde está la mayoría de los votos. En el interior, la distribución fue actualizándose con el tiempo.

"Lo que quiso este fallido programa de convergencia fue buscar una nivelación tarifaria general", explicó Daniel Montamat, ex secretario de Energía. "A las provincias que aumentaron su VAD les decían que iban a incrementar el precio de la electricidad mayorista para todo el país, pero que evitaran trasladarlo a sus usuarios. A cambio iban a recibir inversiones", analizó.

"No es casual que los habitantes más subsidiados en sus tarifas estén en la zona donde hay más votos. Pierde el interior, pero también está probado que los subsidios benefician más a los ricos que a los pobres", criticó Montamat. "La contracara de esto es que las distribuidoras de esta zona están cuasi intervenidas y fundidas, y que el servicio perdió calidad sistemáticamente", cerró.

Un usuario subsidiado en Córdoba y Santa Fe paga alrededor de seis veces más que un usuario con igual consumo en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto se debe, aclara abeceb.com, a la política discrecional de actualización de los valores de distribución por regiones.

Según la consultora, la tarifa sin subsidio tiene un precio de generación de 320 $/MWh, un valor más cercano al precio medio reconocido por Cammesa (539 $/MWh para 2014), pero "todavía muy por debajo del costo real de producir la energía que circula en el sistema eléctrico. Las distribuidoras le deben unos 18.000 millones de pesos al ente mixto que controla el sistema".

"La situación tarifaria eléctrica no da para más", afirmó el ex secretario de Energía Jorge Lapeña. "Es uno de los temas de prioritaria resolución para arreglar el problema energético; los atrasos son muy grandes, y el Gobierno no tiene ya tiempo para administrar el caos sin que se note", estimó.

Lapeña cuestionó el programa de convergencia ideado por el Gobierno. "Ahora sería el momento de auditar las inversiones y publicar los resultados", reclamó. Para el ex funcionario, el congelamiento fue una "política suicida" implementada por los Kirchner y terminó con un "incremento brutal de subsidios que se financia con pura emisión monetaria".

Las empresas de distribución entraron en cesación de pagos, las inversiones no se hicieron, los cortes de luz se multiplicaron y se extendieron, y las importaciones energéticas golpearon las reservas, tensionaron el tipo de cambio y evaporaron las divisas que se precisan para producir y generar empleo. Esto ocurre a pesar de que el Gobierno lo previó hace exactamente una década.