Luego de dos días sin actividad, la cuenta de Twitter de la Presidenta se activó hoy para defender a su hijo Máximo, a través de la recomendación de una columna de opinión del "Cuervo" Larroque en la agencia estatal Télam, que cuestionó la nota de tapa aparecida ayer en diario Clarín, titulada "Hotesur: la Justicia analiza el verdadero rol de Máximo".

"Acabo de leer la nota escrita por el Diputado y Secretario Gral de La Cámpora: Andrés Larroque. Bueno, en realidad estoy demasiado solemne", arrancó Cristina Fernández de Kirchner. Y agregó: "Para todos ¡El Cuervo! ¡No, qué va a ser abogado!... Es porque es hincha de San Lorenzo".

"Bueno, vamos a la nota que acabo de leer en Télam: 'Aflojen un toque, se nota mucho...", escribió la Presidenta, para sus 3,4 millones de seguidores en la red social. Y linkeó con la nota de Larroque en Télam, que tenía la imagen del título de esa nota y la tapa de diario Clarín.

"Sencillamente, imperdible. No hay caso, los chicos la cazan al vuelo. Sencillamente imperdible", dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y volvió a linkear con la nota del Cuervo.

"Bueno, Aníbal, que no es tan chico, ya lo había puesto en el título de una nota en su blog..."."La mentira y la confusión, como método para que aparezca Máximo en tapa de Clarín", cerró la Presidenta su catarata de tuits.

En la nota que recomendó Cristina, el "Cuervo" Larroque hizo una ferrea defensa de su jefe político en La Cámpora. "La tapa tiene una sola explicación: el susodicho habló frente a 40.000 personas organizadas, marcando un punto de inflexión en el año político que se está cerrando y hay que alertar sobre lo que eso significa hacia el futuro", dijo Larroque.

"El título traiciona el inconsciente de Clarín, ya que su operativo desgaste, que ahora se traslada a la figura de Máximo, después de haber fracasado con sus 2.500 tapas negativas contra Cristina, trasluce la preocupación que lo desvela: el verdadero rol de Máximo".

"Ya lo hicieron con Néstor y Cristina, así que ya estamos acostumbrados al ataque sin ningún tipo de reparo, criterio, decoro o preocupación por la verdad y todas esas cuestiones que hacen a la dignidad de la vida. Pero lo que llama poderosamente la atención es la acción preventiva respecto del futuro de Máximo Kirchner. ¿Tan grande es el temor? Evidentemente sí", dijo Larroque.

"La verdad, con tantos asesores que deben tener y con tanta plata que gastan en esas cosas, alguien debería decirles: aflojen un toque, se nota mucho...", concluyó el dirigente de La Cámpora su columna de opinión en la agencia de noticias del Estado, que maneja el dirigente camporista Santiago "Patucho" Alvarez.

En la nota de tapa de Clarín, escrita por Nicolás Wiñazki, debajo del título se informaba que "el hijo de la Presidenta firmó al menos dos documentos como apoderado de la empresa de su madre en la que se detectaron irregularidades. También, el juez le pidió a la AFIP que amplíe datos sobre la declaración impositiva de quien maneja los negocios privados de los Kirchner".

Por Daniel Santoro.

La sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó ayer al juez Sebastián Casanello que centralice su investigación de lavado de dinero sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, tras llamarle la atención porque que impulsa una causa "desarticulada".

Además, el tribunal de alzada dijo que "resulta inapropiado el fraccionamiento" del expediente en hechos menores protagonizados por el ex dueño de SGI "La Rosadita" Federico Elaskar y el ex esposo de la modelo Karina Jelinek, Leonardo Fariña.

En una resolución difundida ayer, esa sala integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah consideró que es "ineludible" avanzar en la causa hacia "las operaciones que involucran una suma importantísima de divisas", como por ejemplo la salida del país de 55 millones de euros vía Uruguay a Suiza. Para los camaristas la táctica de investigar por separado, por ejemplo, la compra en cinco millones de dólares de un campo en Mendoza que hizo Leonardo Fariña en el 2010 por orden de Báez o quién financió el fastuoso casamiento de Fariña con Jelinek en el Tattersall de Palermo se desvía del objetivo central.Báez ya está en la mira de los jueces Claudio Bonadio por Hotesur, de Julián Ercolini por ser parte de una supuesta asociación ilícita que cartelizó la obra pública en Santa Cruz y de Javier López Biscayart por evadir impuestos a través de Valle Mitre, la empresa que administraba hasta el año pasado los hoteles de los Kirchner.

Con todas las letras, los camaristas señalaron a su subordinado que se centralice en las sumas de dinero "que habrían sido ilícitamente remitidas al exterior y posteriormente reintroducidas mediante bonos finalmente vendidos en el país", en referencia a los 55 millones de euros de los que habló Elaskar en el programa de TV de Jorge Lanata en abril del 2013.

En esta causa, Casanello ya procesó por lavado de dinero a Fariña, a Elaskar y al empresario Carlos Molinari, entre otros, por distintas operaciones comerciales que no pueden justificar, como la compra de autos, viviendas y acciones en empresas. Pero Báez está solo imputado por el fiscal Guillermo Marijuán, quien hasta ahora no pidió su indagatoria.

Fariña está preso desde abril en una causa que tramita en la Justicia de La Plata por la evasión impositiva agravada de 30 millones de pesos en impuestos vinculados a la compra de ese mismo campo en Mendoza.Las recomendaciones sobre cómo orientar la investigación, la Cámara la dio al ratificar una resolución de Casanello apelada por Fariña en el sentido de que no hay un doble juzgamiento. El tribunal de alzada, que intervino por primera vez en este expediente, dijo que son causas distintas la de lavado y la de evasión impositiva agravada.Si en el futuro el juez no acata estas recomendaciones, la cámara insistirá con ellas durante toda la instrucción de la causa.

La Cámara destacó también que Casanello avanzó sobre Fariña y Elaskar, pero no sobre otros acusados. "Esa notoria diferencia en el adelanto de la instrucción demuestra que se ha llevado a cabo una investigación desarticulada, en la que una fracción cuenta con decisiones de mérito en contraste con la restante en la que no se obtuvo un mayor logro pese a la producción de diligencias (cuya profusión en cantidad no es sinónimo de utilidad)", finalizaron.

Por Hernán Cappiello.

juez federal Sebastián Casanello debe profundizar la investigación por lavado de dinero sobre el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín, su contador Daniel Pérez Gadín y el empresario Fabián Rossi y ahondar especialmente las averiguaciones sobre los millones de dólares sacados ilegalmente del país y luego reingresados mediante la compra de bonos del Estado.

Así lo indicó la Cámara Federal al juez que investiga al empresario kirchnerista en un fallo donde le reclamó una investigación "integral y completa" del caso, ya que fraccionar la causa resulta inapropiado, dijeron los jueces.

El fallo fue firmado por los camaristas de la Sala II del tribunal, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, que instaron a Casanello a hacer una radiografía de la situación patrimonial y financiera de todos los investigados, incluidos Báez y su familia, así como de sus empresas. Reclamaron que con esa información se realice un estudio contable para establecer la realidad económica de los investigados al momento de las maniobras de lavado denunciadas y la magnitud de los fondos entrantes y salientes de sus patrimonios, para establecer si se corresponden con los flujos reales de dinero documentados.

La sentencia de la Cámara pretende darle un impulso al caso con relación a Báez y a sus familiares, marcarle la cancha a Casanello para que no se aparte de ese norte, y es una ratificación de los alcances de la investigación, que había dejado de lado al comienzo del caso el fiscal antilavado Carlos Gonella, razón por la que este último fue procesado hace quince días.

Hasta ahora el juez procesó al estudiante de contabilidad Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por lavado de dinero. Ambos dijeron por TV, en el programa Periodismo para todos, que dio origen a esta causa, que habían lavado 55 millones de euros que habían salido del país, y luego se desdijeron. El juez entendió que ambos llevaban una vida que no se condecía con sus ingresos y los vinculó con maniobras ilegales. Fariña además está preso por evasión y se lo investiga por narcotráfico. El juez también procesó por lavado al empresario Carlos Molinari, supuesto proveedor del dinero que blanqueó Fariña. Y procesó a Eduardo Erusalimsky, que compró a Fariña campos en Mendoza en 1,8 millones de dólares. Ese campo, según Fariña, lo había comprado en nombre de Báez por cinco millones de dólares.

La Cámara Federal, al confirmar que debe investigarse en La Plata y en Buenos Aires a Fariña y a Erusalimsky, entendió que Casanello se centró sólo en estos personajes. Por eso enumeró las hipótesis delictivas que abarcan 253 millones de pesos que aportó Austral Construcciones a un fideicomiso uruguayo, la compra del campo de Mendoza en nombre de Báez, el posible envío de dinero desde el Sur a Uruguay y desde allí a paraísos fiscales y la salida del dinero del país y su retorno tras la compra de bonos.

Esta hipótesis es la que desarrolló el fiscal José María Campagnoli cuando investigó a Báez, hasta que le sacaron el caso. Campagnoli escribió en un dictamen que salieron del país 55 millones de euros y reingresaron mediante la compra de bonos de la deuda externa argentina, cuya liquidación fue abonada por Helvetic Services Group SA. Esta empresa endosó los cheques a nombre de Austral Construcciones y los fondos volvieron a la cuenta de la constructora de Báez radicada en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, frente a la Casa de Gobierno.

Los camaristas advirtieron que no debe perderse de vista que la causa incluye la expatriación de unos 60 millones de dólares y su reingreso al país. Por eso le dijeron a Casanello que llevó adelante una "investigación desarticulada" en la que avanzó por un lado, pero por el otro "no obtuvo mayor logro pese a las producción de diligencias (cuya profusión en cantidad y volumen no es sinónimo de utilidad). Los camaristas se refieren a la búsqueda que hizo Casanello en tribunales de todo el país de causas contra Báez, pues el juez entiende que no puede avanzar por lavado de dinero contra el empresario si no hay evidencias de un delito precedente, fuente de los fondos ilegales.

Por eso indicaron a Casanello que debe "profundizar la encuesta" en las divisas que salieron del país y en la confesión de Fariña de que compró por 5 millones de dólares en efectivo el campo mendocino.

Y también le encargaron "determinar la situación patrimonial y financiera de todas las personas físicas y jurídicas denunciadas" mediante los datos de la UIF, el banco central, la AFIP, el Mercado de Valores y que expertos analicen la información para establecer el flujo de fondos y si está justificado o no..

Por Paz Rodríguez Niell.

El juez federal Claudio Bonadio declaró en rebeldía al fiscal general antilavado Carlos Gonella, le prohibió salir del país y pidió su juicio político para, una vez despojado de sus fueros, poder arrestarlo.

Gonella había sido citado a declarar como acusado por Bonadio en un caso por una presunta violación de secretos. Su indagatoria estaba prevista para ayer a las 9, pero el fiscal faltó.

Según el juez, era la quinta vez que lo citaba y la inasistencia no obedeció a "graves y legítimos impedimentos", sino que fue un "acto claro y evidente de desprecio a la Justicia por parte del imputado".

Gonella había adelantado que no iba a presentarse a declarar hasta que no quedaran firmes sus planteos contra el juez, a quien acusó de "parcialidad" en su contra.

Como Gonella tiene inmunidad de arresto (algo de lo que gozan todos los fiscales por la ley de fueros), no puede ser llevado a declarar por la fuerza mientras siga siendo fiscal. Por eso, Bonadio le pidió ayer a la procuradora Alejandra Gils Carbó que iniciara el proceso de juicio político.

Está claro que eso no va a pasar, afirmaban ayer en las oficinas de la Procuración. De acuerdo con el procedimiento previsto para enjuiciar a los fiscales, el primer movimiento -la acusación y el envío del caso al Tribunal de Enjuiciamiento- lo decide la procuradora. Ella no tiene ninguna obligación de impulsar el proceso, dijo a LA NACION un funcionario cercano a Gils Carbó.

Gonella es un fiscal muy cercano a su jefa. Antes de su llegada, él no era fiscal; ahora tiene el cargo de fiscal general y además es el titular de una unidad clave: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Militante de Justicia Legítima (fue defendido en el discurso de fin de año de esa asociación), la presidenta Cristina Kirchner elogió su trabajo en un discurso que dio por cadena nacional.

Bonadio, en cambio, es el juez más enfrentado con el oficialismo. El kirchnerismo pretendió echarlo, pero no consiguió los votos en el Consejo de la Magistratura y sólo pudo aplicarle una sanción.

En los últimos meses, Bonadio firmó una sucesión nunca vista de fallos contra el Gobierno; incluidos un procesamiento contra el vicepresidente por falsedades en los papeles de un auto y un allanamiento a la empresa Hotesur, de la Presidenta y su familia, en una causa que recién empieza y amenaza con convertirse en un problema serio para los Kirchner.

"El juez Bonadio hace una utilización extorsiva de la ley", dijo ayer Gonella, después de conocida su declaración de rebeldía. "Hasta que las máximas instancias judiciales no se expidan en el caso, no estarán dadas las condiciones para nuestra presentación ante las graves arbitrariedades evidenciadas por el juez Bonadio", afirmó el fiscal en declaraciones a la página web de noticias de la Procuración.

También había dicho que la acusación en su contra era "una locura" de características "estrafalarias". "Es una causa que pone en jaque el acceso a la información de los actos de gobierno y la actividad informativa de los portales de Justicia -dijo Gonella-. La conducta que nos atribuye es publicar en el portal oficial de noticias del Ministerio Público información relacionada con esa causa."

El caso por el que Bonadio había citado a Gonella es por una supuesta "violación de secretos". Lo investigan por haber difundido que la jueza María Gabriela Lanz y otras personas estaban imputadas por un presunto lavado de dinero del narcotráfico.

Lanz es pareja del empresario español Valentín Temes Coto, que fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Gonella, después de esa condena, impulsó una denuncia para investigar si los allegados del empresario habían lavado dinero en su nombre.

La denuncia contra Gonella supone que él dio a conocer la información sobre Lanz y otros investigados en violación de la ley.

No es la primera acusación contra este fiscal. El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó la semana pasada en una causa donde Gonella está acusado de haber beneficiado a Lázaro Báez y haber evitado que el empresario figurara como imputado en los inicios del expediente.

Las adversidades judiciales de Gonella son parte del enfrentamiento -cada vez más declarado- entre la mayor parte de los jueces y fiscales federales, por un lado, y el gobierno nacional y la procuradora, por el otro. Bonadio, devenido en referente del primer grupo, ayer escribió: "La conducta desplegada por el señor Gonella no lleva a más que a considerar su mala intención para resistirse a intervenir en el proceso". Y pidió que se llevaran "a cabo los mecanismos de remoción pertinentes" para que dejara de ser fiscal.

En la causa también está acusado el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff, que era el fiscal que tenía a su cargo el caso contra Lanz. Guerberof sí se presentó a declarar ayer y negó haber cometido un delito. Él también había recusado al juez. Como Gonella, sin éxito.