Por Alieto Aldo Guadagni*.

El sistema educativo cumple adecuadamente sus funciones cuando es capaz de actualizar los contenidos y mejorar la calidad de la enseñanza, siendo también es capaz de asegurar la inclusión social, garantizando el acceso equitativo de todos los niños a la escuela secundaria.

Cumplir con estos requisitos es imprescindible si como sociedad deseamos prosperar en el actual mundo globalizado, ya que una escuela sin calidad y sin igualdad de oportunidades es una valla insalvable para el crecimiento económico y la cohesión social.

No se puede reducir la pobreza crónica sin una educación que impida la transmisión de la pobreza de una generación a otra. El crecimiento económico en el siglo XXI no depende de la abundancia de recursos naturales, sino de la calidad del capital humano que es acumulado por la educación y también por las políticas de salud infantil.

A finales del siglo XIX, la Argentina progresó en baso a un sistema educativo integrador desde el punto de vista social, basado en la expansión de la escuela pública.

Pero desde hace varias décadas hay evidencias crecientes que indican que los niveles inicial, primario y secundario avanzan hacia la consolidación de un modelo organizativo dual, muy alejado de la igualdad de oportunidades. Esto es notorio cuando, por ejemplo, se observa la enorme desigualdad en la graduación secundaria: de cada 100 alumnos que ingresaron a primer grado en el año 2002 en las escuelas privadas, 89 concluyeron la educación secundaria en el 2013, pero de cada 100 que ingresaron a las escuelas estatales finalizaron la secundaria en el 2013 apenas 27.

La brecha de la desigualdad de origen social también se evidencia cuando se consideran los niveles de aprendizaje por tipo de escuela y región del país. Según el Ministerio de Educación de la Nación, hacia el 2007 el 45 por ciento de los alumnos de todo el país del último año del secundario tenía un “Bajo” nivel de conocimientos en Matemática. Pero mientras este porcentaje caía a alrededor del 21 por ciento en las escuelas privadas de Córdoba, Mendoza y CABA, superaba nada menos que el 70 por ciento en las escuelas estatales de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Misiones. No se dispone de esta información desde el 2007, porque el Ministerio de Educación no publica más estos datos desagregados por tipo de gestión escolar, impidiendo así conocer cómo evoluciona la desigualdad educativa que afecta a los más humildes.

En lo que hace a la evolución de nuestra calidad educativa en las últimas décadas, las noticias no son alentadoras. Se acaban de conocer los resultados del TERCE (Tercer estudio de la calidad educativa en América Latina y Caribe), elaborados por la oficina regional de UNESCO. Esta evaluación tiene la ventaja que comprende únicamente a países latinoamericanos, de manera tal que no surgen los problemas asociados con las diferencias culturales como los de la Prueba Pisa, con 65 naciones participantes desde Finlandia, Noruega y Canadá, hasta Vietnam, Corea, China, Japón. Recordemos que en la edición 2012 de la Prueba Pisa nuestros adolescentes de 15 años se habían ubicado en las posiciones 59 y 60.

En esta TERCE, que tuvo lugar en el 2013, participaron 15 naciones latinoamericanas. En todas las pruebas de Matemática y Lectura (tercer y sexto grado) Chile ocupa la primera posición.

Es importante destacar que en la primera prueba (PERCE), en el año 1997, Argentina había ocupado el segundo lugar, únicamente superada por Cuba. Nuestros niños habían obtenido en 1997 un puntaje mayor al de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Pero se ha registrado en las últimas décadas un gran retroceso en nuestro posicionamiento en América Latina, evidenciado por la comparación de la PERCE (1997) con la TERCE (2013). Es también así como ahora, en la prueba de Lectura (tercer grado) de la TERCE, registran mayor puntaje que nuestros alumnos los niños de Chile, Costa Rica, Nuevo León (México), Uruguay, Perú, Colombia, México y Brasil.

Estos datos deberían ser un llamado de atención para nuestra sociedad en general, y para los directamente involucrados en el proceso educativo: autoridades, docentes, sindicatos y padres de familia.

En nuestro país estamos transitando desde hace ya tiempo por el sendero de la inequidad social, consolidando la reproducción intergeneracional de la pobreza y anulando nuestra antigua movilidad social ascendente.

Nuestro sistema educativo no solamente no promueve y asegura la igualdad de oportunidades, base de la justicia social, sino que debido a su escasa calidad tampoco puede contribuir a un pujante crecimiento económico.

La realidad educativa está a la vista de todos nosotros. Es hora de dejar de ignorarla, reconocerla y comenzar a transitar por el sendero del fortalecimiento de nuestra escuela.

*Alieto Aldo Guadagni, Academia Nacional de Educación