La prórroga del convenio de Convergencia Tarifaria que la semana pasada suscribió el gobernador Francisco Pérez con el ministro de Planificación Julio De Vido, provocó malestar en las distribuidoras eléctricas de Mendoza porque implica mantener congelados valores por 2do año consecutivo.
Esto, sumado a un acuerdo tácito e incumplido del Ejecutivo (un ajuste del 9% previo al congelamiento para compensar en parte el desfasaje de costos desde 2013), buena parte de los $ 200 millones prometidos para obras que aún no llegan y la falta de precisiones acerca de otros $ 370 millones que llegarían por la prórroga, motivó una audiencia para el lunes a la tarde, entre Pérez y representantes de Edemsa, Edeste, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y cooperativas zonales.
Agendada para las 18 en el 4º piso, sede del despacho del mandatario, la reunión será para intercambiar pedidos e información. Aunque las distribuidoras, que expondrán la necesidad de que los fondos nacionales vayan no sólo a obras sino también a salarios (preocupa la paritaria 2015 con Luz y Fuerza), tienen un as bajo la manga si las medidas no colman sus expectativas: ir a la Justicia.
Es que desde julio de 2014, a poco de firmarse la primera versión de la Convergencia Tarifaria que obligaba a retrotraer valores a diciembre de 2013, representantes legales de las empresas ya habían presentado una acción declaratoria de inconstitucionalidad contra el programa nacional, que incluso llegó a la Fiscalía de Estado.
Y si bien por ahora, según los mismos empresarios “es sólo hacer reserva de derechos”, saben que es un resorte legal que pueden hacer saltar cuando lo consideren necesario y oportuno.
Antes de apelar a esa vía, que consideran efectiva a mediano plazo, varios de los ejecutivos pondrán sobre la mesa condiciones para firmar (o no) el pacto Pérez-Nación. Ya no alcanzan fondos sólo para obras, esperan también que se solventen costos operativos y sueldos. Y además, plantearán cambiar la modalidad de los desembolsos.
“En éstos términos, una Convergencia así nos va a fundir a todos. Primero tienen que cumplir con el reintegro pendiente de las obras encaradas en 2014 y que el dinero que ahora llegaría se reparta distinto, y por adelantado. Es decir, tenemos los fondos primero y luego hacemos las obras”, adelantó Julio Gallego, gerente técnico de Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz.
Desde Edemsa, en línea con un estilo forzado por las circunstancias (su abultado pasivo con el mercado mayorista eléctrico, por caso), optaron por el silencio. Pero no todos adoptaron esa actitud.
“No está claro el alcance del nuevo convenio, de hecho los funcionarios no saben explicarlo aún. Lo cierto es que nos perjudica, pero aspiramos al cumplimiento de condiciones mínimas para que el sistema no se ponga en riesgo”, señaló el titular de Cooperativa Alto Verde, José Álvarez.
Encuentro clave para firmar
Los ejecutivos se sentarán a la mesa con la confirmación de que algunas provincias, como Córdoba, se plantaron contra de la Convergencia y no adhirieron.
Para atajar planteos y argumentar a favor de la medida adoptada de modo de convencer a las empresas a rubricar el acuerdo en el que ya estampó su firma el Gobernador, Pérez prevé rodearse de varias de sus espadas. Desde su ministro de Legal y Técnica y hombre de confianza, Francisco García, hasta el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso y la directora de Servicios Públicos, Patricia Martínez.
Precisamente, la funcionaria sostuvo que “los vamos a escuchar, pero creo que si pudieron transitar el 2014 en estas condiciones podrán hacerlo también en 2015”, pese a que varias empresas sólo recibieron un adelanto del 10% de su parte de los $ 200 millones asignados a Mendoza. Sobre la distribución de recursos 2015, para Martínez “se discutirá a la hora de firmar el convenio”.
Respecto a las liquidaciones, la directora de Servicios Públicos prometió “simplificar el procedimiento, lo que incluye la aprobación de los certificados de obra”.
No obstante, a priori, las distribuidoras esgrimen sus números. Por ejemplo, de $ 10 millones aprobados, Alto Verde sólo recibió efectivamente $ 1,7 millón como anticipo.
En 2014, el Epre había avalado un estudio de costos para un aumento de VAD (Valor Agregado de Distribución) de $ 40 millones que, gracias al congelamiento tarifario, quedó en nada.
“Está claro que la plata prometida no alcanza a compensar el atraso tarifario ni el VAD que se necesita. Frente al estudio de costos, estamos desfasados en un 90% por lo menos”, remarcó José Álvarez.
