Con el sector de los hidrocarburos más agitado que nunca y una caída de los precios del crudo que han golpeado el mercado a nivel internacional, los países y empresas de distintas partes del globo intentan hacer frente al nuevo escenario que han generado los últimos métodos de extracción. Estas técnicas, que han aumentado las estimaciones de vida de los hidrocarburos en el planeta, son motivo de análisis en un informe realizado por el Círculo de Empresarios, en donde se defiende para España, entre otras cuestiones, la implantación del fracking como método para reducir la dependencia energética nacional.
España es un país con una alta dependencia energética del exterior. Uno de los campos en los que esta necesidad es mayor es en el suministro de gas natural, dado que prácticamente la totalidad del gas consumido debe de importarse. Por ello, en el estudioHacia una energía competitiva, sostenible y garantizada, el Círculo de Empresarios apuesta por impulsar la eficiencia energética, sustentándose en la posibilidad de implantar el fracking en la península.
Esta técnica de extracción consiste en recuperar el gas natural no convencional que se encuentra dentro de las rocas –en el caso español principalmente el gas pizarra (shale gas)- mediante la fractura hidráulica masiva de la roca para recuperar el contenido de forma rentable. Dicho método puede tener un impacto medioambiental, que el mismo informe lo reconoce: “El fracking genera bastantes aspectos de discusión medioambiental”, aunque lo contrapone al buen uso de la tecnología.
“Reducir la dependencia”
El documento defiende que gracias al desarrollo en la extracción de los combustibles fósiles no convencionales se podría "reemplazar los combustibles importados y reducir así la dependencia energética", pero condiciona la factibilidad de la misma a una serie de barreras, como la competitividad en el coste, la comunicación a la sociedad y las medidas de protección al medio ambiente. Además, añade que requiere un fuerte apoyo por parte de las políticas energéticas "para su desarrollo a precios de mercado y en libre competencia" y consideran necesaria "la creación de una regulación específica para explorar el desarrollo de esta fuente de energía" a la vez que se asegure la sostenibilidad.
Las principales tesis del informe a la entrada de estas técnicas de extracción de fósiles no convencionales en España se sustentan en el potencial exploratorio que reside en el país –aproximadamente unos 2.000 Bcm (2 billones de metros cúbicos) equivalentes a 70 años de consumo-, la reducción de costes, tanto de inversión como operativo, y a la situación actual, por la que el país importa prácticamente todo el consumo de gas. Detallan que España “no debería renunciar a poder evaluar la magnitud de un recurso energético que le permita reducir su notable dependencia energética”.
Para apoyar la extracción del shale gas en España, el informe añade que en cuanto a las previsiones de demandas futuras, “se estima que el consumo de gas continuará creciendo hasta el año 2035, alcanzando una demanda global de 5.000 Bcm. Destaca que el gas no convencional supondrá la mitad del incremento en la producción total del gas, representando en este año el 30% de la producción mundial.
Por el contrario, cree necesaria una “regulación específica” para así prevenir “la contaminación de las aguas y el aire”, asegurando así su sostenibilidad. Pero este no es el único inconveniente que se encuentra, dado que apunta que Europa podría reducir su “vulnerabilidad” a largo plazo incrementando su capacidad de almacenamiento de gas natural y el transporte entre países, lo que significa que no tendría por qué reducirse la dependencia energética en la UE por estas perforaciones y solo se limitaría el posible impacto de las mismas a “aumentar la libertad de suministro en Europa central”, que tiene dificultades de acceder al suministro común.
Para la implantación de las medidas planteadas en el documento, el Círculo de Empresarios basa éstas en tres ejes: garantía y seguridad del suministro, establecer un marco de competitividad económica –bajo un contexto de inversión privada sin subsidios, para fomentar la competitividad- y conseguir una sostenibilidad medioambiental.
Plataformas antifracking
También se hace referencia a los sectores opuestos a estos métodos de extracción: “En España hay una fuerte oposición social y se han constituido plataformas antifracking con elevada capacidad de movilización e influencia”, por ello, considera necesario un “cambio en la percepción social, así como agilizar las tramitaciones administrativas”.
Como ejemplo de esta movilización social, el pasado jueves, laAsamblea Contra el Fracking de Burgos presentó en la subdelegación del Gobierno más de un millar de alegaciones en contra de un sondeo en Loma de Montija.
Estas protestas se han enmarcado en este mes de febrero en la operación por la que se busca que el fracking llegue finalmente a la península. La empresa canadiense BNK, dedicada exploración y producción de grandes reservas de hidrocarburos, principalmente no convencionales, ha presentado, a través de su filial en España, un plan para la apertura de 12 pozos de fracking en Burgos. Según ha calculado la plataforma Shale Gas España, los propietarios del suelo donde se realicen los sondeos podrían obtener entre 2 y 4 millones por la explotación, aunque según han defendido las asociaciones, se trata de una técnica “muy peligrosa” para el medio ambiente y la salud humana.
