Represas K: China liberó fondos. La Corte analizará un amparo verde

Tras la votación del acuerdo, China liberó el primer tramo de los fondos para las represas

La Política Online

Por Antonio Rossi.

Tal como anticipó LPO, el crédito para las usinas recién fue liberado ahora y no antes como había anunciado el Gobierno. Ingresaron US$ 287 millones al fideicomiso de la obra.

Veinte horas después de que el oficialismo lograra convertir en ley en la Cámara de Diputados el polémico y resistido convenio de integración económica y de inversiones con China, el gobierno de Xi Jinping y el banco oriental ICBC procedieron a destrabar el primer desembolso del crédito destinado a la megaobra de las represas santacruceñas.

Tal como anticipó LPO y pese a los tre anuncios presidenciales que en las últimas semanas lo habían dado por hecho, el ingreso de los fondos chinos para el proyecto hidroeléctrico patagónico venía acumulando una significativa demora que recién pudo superarse en las primeras horas del jueves.

Si bien para los funcionarios de Economía la tardanza en la acreditación del préstamo fue por la parálisis administrativa y financiera que se registró en la última quincena en Beijing por los festejos del nuevo “Año de la Cabra’’, para los que conocen la forma de moverse de los chinos el motivo de la demora habría estado en el hecho de que los funcionarios y los banqueros asiáticos ‘’hicieron tiempo’’ hasta estar seguros de que Argentina iba a aprobar el marco legal de la ‘’alianza estratégica integral’’ que beneficia ampliamente a las empresas de la potencia asiática.

Más allá de las conjeturas sobre las razones del atraso de la asistencia crediticia, lo cierto es que el fideicomiso armado para pagar las obras de la represas ya tiene acreditado la primera partida de US$ 287 millones.

Según el proyecto ejecutivo de la obra que fue adjudicada al consorcio integrado por el grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería, el monto inicial del fideicomiso se destinará a los trabajos iniciales de caminos, obradores y puentes que están previstos en Santa Cruz y al pago del anticipo a los fabricantes chinos que suministrarán el equipamiento de las usinas.

Para poder acceder al primer desembolso del crédito, la administración kirchnerista tuvo que girarle a la Corporación de Exportaciones y Créditos de Seguros de China (Sinosure) US$ 193 millones correspondientes a los gastos operativos, comisiones y la póliza parcial del préstamo por US$ 4.714 millones que el ICBC otorgó para la construcción de las usinas. A eso se sumó otro giro de US$ 25 millones de un seguro complementario de la asistencia crediticia que cubrieron las empresas adjudicatarias de la obra (US$ 17 millones) y el Estado argentino (US$ 8 millones).

Tras haber sido adjudicado en el segundo semestre de 2013, el emblemático emprendimiento de las históricas centrales Condor Cliff y La Barrancosa -que fueron rebautizadas por el Gobierno con los nombres de “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic” –logró encarrilarse durante la visita oficial que realizara en julio de 2014 a Buenos Aires el presidente de China, Xi Jimping.

El crédito fue otorgado a 15 de años de plazo, con un período de gracia de 5 años y medio (el tiempo de construcción de las represas) y una tasa de interés anual del orden del 7,5%.

Según los datos oficiales, el 76% del crédito será remitido a la Argentina en concepto de certificaciones de obras y el 24% restante permanecerá en cuentas orientales que actuarán como agentes de pago de los proveedores de maquinarias y otros bienes de capital.

Cuando estén terminadas, las usinas aportarán 1.740 MW de capacidad de generación al sistema eléctrico nacional que representa algo más del 7% de la demanda máxima actual.

Por exigencia de China, la administración kirchnerista tuvo que aprobar por decreto la la denominada “prórroga de jurisdicción”, por la cual aceptó dirimir cualquier controversia bajo la legislación inglesa y el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de Francia.

Si se cumplen los plazos en juego, a mediados de este año y en plena campaña electoral, el consorcio adjudicatario deberá convocar a una “audiencia pública” para exponer y defender el “Estudio Integral del Impacto Ambiental” de la obra.

Paralelamente, el gobierno provincial de Daniel Peralta tiene que poner en marcha el proceso de expropiación y liberación de 47.000 hectáreas en las tierras aledañas al río Santa Cruz. Este ‘’trámite’’ no estará exento de polémicas: el dueño de algo más del 20% de las tierras a expropiar es nada menos que el empresario K. y socio de la familia presidencial, Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia aceptó tratar el recurso de Amparo sobre las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa

Agencia OPI Santa Cruz

En relación al Recurso de Amparo que presentara el año pasado la Asociación de Abogados Ambientalistas, para solicitarle a la justicia impida el inicio de la construcción de las represas hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz, en tanto no estén realizados los Estudios de Impacto Ambiental, el máximo órgano de la justicia nacional, aceptó su tratamiento, pero aún no se ha expedido respecto del recurso, aunque existen indicios positivos de que el máximo Tribunal le dará al documento, la debida atención.

El 5 de diciembre de 2014 en OPI publicamos una nota en la cual dábamos cuenta de un documento presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, que convalidaba un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, para que el máximo órgano impida al gobierno nacional, provincial y a la empresa Electroingeniería, comenzar con las obras de las represas Cóndor Cliff/La Barrancosa, por cuanto no se encuentran realizados y protocolizados los estudios de Impacto Ambiental ni la Audiencia Pública respectiva, pasos imprescindibles que deben materializarse antes de que se inicie el proyecto en el terreno.

El 2 de enero de 2015 se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de tratar el pedido de Amparo, situación sobre la cual hasta el momento no se ha expedido. El propio Presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Dr Mariano Aguilar confirmó a OPI el trámite que se encuentra a espera de resolución y consideró crucial la opinión de la suprema magistratura en este tema, puesto que advierte un apuro inexplicable de parte del Estado por iniciar las obras, sin adecuar los medios para estudiar el impacto de la misma en el entorno y cómo se mitigarán las consecuencias.

Al respecto, el Ingeniero Eduardo Delia, también le señaló a OPI que si como se espera, la CSJ, ordenará respetar el protocolo ambiental reservado para todo tipo de obras, pero más aún para las de esta envergadura, esto podría sentar jurisprudencia y extenderse a la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, otro emprendimiento que se construyó al margen de las normas que obligan al Estado y las empresas constructoras, realizar los estudios previos de cómo va a impactar en el entorno geofitozoológico, una obra de estas magnitudes.

“Es impensable en un país serio, que se empiecen a construir dos represas de este tipo y no se haga un Estudio de Impacto Ambiental para cada una, dado que ambos diques estarán en lugares geográficos distintos con impactos también distintos”, indicó el titular de la Asamblea Ambiental de Río Gallegos, que se mostró optimista sobre la decisión objetiva que puede tomar el alto tribunal en beneficio del cuidado ambiental de la provincia, en un ecosistema muy frágil como es el del entorno al glaciar Perito Moreno.

Mientras todo esto está en el campo de la discusión judicial, el gobierno nacional ha hecho todos los anuncios de obras y ha dado por hecho el inicio de las mismas, dependiendo todo del financiamiento chino, que la propia presidenta ha anunciado ya se encuentra cerrado.

Desde el entorno técnico de la obra y especialmente desde Electroingeniería se ha dicho que el EIA se hará “a medida que avance la obra”, algo realmente insólito. Desde la provincia no se han dado especificaciones de cómo y cuándo se completará el estudio, aunque se adelantó que el mismo se cumplimentará debidamente.

Al respecto el ingeniero Delía señaló “un EIA de estas características no tarda menos de un año o año y medio y este lo van a hacer más que rápido, lo que me hace dudar de la calidad del estudio”. En relación con esto, OPI pudo saber que la empresa que tendrá a su cargo el EIA de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, será Serman & Asociados SA, la misma empresa a la que el gobierno le encargó la concreción del EIA de la Termousina de Río Turbio, un controvertido documento realizado en tiempo record, con fallas gruesas y graves, observado en 50 puntos por la comunidad científica, técnicos y funcionarios provinciales que marcaron puntualmente cada una de las falencias, las cuales nunca se rectificaron.