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DEBATE
Bonelli: "La causa real de la furia de Cristina contra la Justicia". Morales Solá: "Un día perfecto para la Presidenta"
27/02/2015

La causa real de la furia de Cristina contra la Justicia

Clarín

Por Marcelo Bonelli.

El zar del juego, el empresario Cristóbal López, está involucrado en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante la Justicia en la causa de los hoteles de la familia presidencial. Claudio Bonadio habría encontrado operaciones trianguladas, que utilizan cuentas de compañías de López para liquidar supuestos ingresos ficticios en Hotesur.

Se trataría de la primera conexión comprobada de operaciones que involucran negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner.

Báez y López tienen estrecha relación con la Presidenta y multiplicaron sus negocios en la década kirchnerista. Pero este hallazgo los uniría en una investigación por supuesta corrupción.

Es que la facturación –pendiente de otras pruebas– habría confirmado dos cosas: que Báez pagó a los Kirchner por contratos fantasmas de habitaciones que nunca usó y que, después, hubo transferencias de fondos utilizando cuentas del holding del zar del juego.

La información se mantiene en absoluto secreto y en período de mayores pruebas documentales. Bonadio se tomaría todo marzo para esa tarea clave, y recién en abril adoptaría determinaciones procesales.

La noticia cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada y fue el comentario central esta semana en varios encuentros de hombres de negocios. Hubo interconsultas entre miembros del Grupo de los 6.

En el G-6 dicen que el avance de esta investigación y el hallazgo de la triangulación es lo que preocupa realmente a Cristina y la enfurece con la Justicia.

Clarín anticipó que el Gobierno ordenó al titular de la DGI, Angel Rubén Toninelli, realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentables la documentación de Hotesur. Recibió la directiva política de Carlos Zannini y dispuso ubicar a su hijo Fernando para operar en el entorno de Báez. Se trataría de hechos incompatibles con la función de Toninelli en la AFIP. Pero con ese objetivo y el aval de Ricardo Echegaray, el titular de la DGI provocó hace unas semanas la salida del jefe de la Dirección Regional Metropolitana. Se trata de la estratégica repartición fiscal donde está radicado parte del expediente de Hotesur.

El Gobierno quiere tener un absoluto control de la Región Metropolitana porque desde ahí puede “ordenar” cambiar y frenar expedientes que va a requerir la Justicia.

El contador Exequiel Lebed era el titular de la Dirección Metropolitana y fue presionado por Toninelli para acompañar con su firma un informe sobre una investigación interna que por el uso de facturas apócrifas involucra a Hotesur. El documento es para favorecer la situación de la compañía presidencial. Lebed accedió a firmar el expediente exigido por la Casa Rosada, a pesar de que su repartición no participó en su elaboración. Después, Lebed solicitó vacaciones adelantadas y licencia médica y al final concretó su renuncia.

El escándalo en la AFIP se trató ayer en una reunión secreta. Había caciques de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina.

Fue luego de que se conocieran los cambios en el gabinete. Para los empresarios la movida de Cristina se explica por lo siguiente:
– El Gobierno sintió el impacto político del 18F y los desaciertos que cometió tras la muerte del fiscal Nisman.
– Cristina resolvió gobernar hasta final de mandato con el aparato de inteligencia de César Milani y en soledad con La Cámpora.
– La Casa Rosada va a radicalizar su estrategia de confrontación política.

Héctor Méndez, de la UIA, sostiene que Cristina también quiere dejarle al próximo presidente un campo minado en la economía.

El terma circuló el martes, en el encuentro de la comisión directiva ampliada de la UIA, donde se desbarató un intento del Gobierno de dividir la central fabril. Quedaron rechazadas las posiciones adictas a la Casa Rosada de Juan Lascurain y la UIA ratificó por unanimidad un documento muy crítico al acuerdo con China. Ignacio de Mendiguren expuso esas advertencias en el debate de la Cámara de Diputados. Con el apoyo del movimiento industrial dijo: “La Presidenta está entregando el futuro del desarrollo argentino.” Las concesiones de Cristina a China obedecen a urgencias de Axel Kicillof. El ministro no tiene todos los dólares para cerrar el año.

Otra vez le jugó una mala pasada la impericia internacional del equipo económico: ayer se cayó la colocación de Bonar por 2.000 millones de dólares.

El juez Thomas Griesa pidió información de la transacción al Deutsche Bank y al JP Morgan, y la cúpula de esos bancos decidió bajarse de la emisión.

El grave traspié obedece a serios errores del viceministro Emanuel Alvarez Agis y del secretario de Finanzas, Pablo López. Influyó el crónico y pésimo asesoramiento del estudio Clery & Gotlieb.

Carentes de profesionalismo, los funcionarios pasaron de un extremo a otro. En diciembre, Kicillof quiso hacer una colocación sin hablar con nadie en el mercado. Fue un fracaso. Ahora, por miedo a otra frustración, hablaron con todos y anticiparon tanto la jugada que alertaron al fondo buitre Elliot y obligaron a actuar al juez Griesa. El error le permitió a Paul Singer bloquear la operación. Elliot amenazó a fondos que tenían decidido participar de la emisión de Argentina.

Pero también los funcionarios mostraron falta de timing.Intentaron lanzar la emisión a días de una audiencia clave en los juzgados de New York.

Será el próximo martes. Griesa espera a la Argentina y hay consenso entre los banqueros: si esa audiencia sale mal, se va a complicar al extremo el panorama financiero del país.

Un día perfecto para la Presidenta

La Nación

Por Joaquín Morales Solá.

Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.

La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.

Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.

Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.

Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.

Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D'Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge "Yussuf" Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró "una sola línea" que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D'Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.

Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D'Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D'Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está "en Presidencia" y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D'Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?

Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un "escándalo político innecesario". Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D'Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.

De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.

Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la "verdad" necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.

La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.

Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.

Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo "Wado" De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina..


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