Por VÍCTOR MARTÍNEZ.
El Gobierno va a aprobar una nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de maniatar a Repsol y reducir de forma progresiva su cuota de mercado en la distribución de carburantes.
A través de una serie de enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso durante la tramitación de la normativa, Industria prohibirá a las petroleras abrir nuevos puntos de suministro o abanderar nuevas gasolineras en aquellas provincias en las que tenga una cuota por litros vendidos superior al 30% .
La medida afecta principalmente a Repsol, cuya cuota a nivel nacional superaba el 40% en 2012, según la última estadística publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El cambio supone una vuelta de tuerca con respecto a la limitación aprobada hace dos años, que fijaba una cuota máxima del 30% por número de estaciones de servicio y prohibía a la petrolera crecer en 32 provincias.
El PP justifica el cambio en la necesidad de evitar que los operadores mayoristas se deshagan de las instalaciones con menores ventas -situadas en municipios rurales o pequeños- y abanderen nuevas estaciones mejor ubicadas sin afectar a su cuota por número de gasolineras. Directivos de la competencia han denunciado en las últimas semanas ante los grupos parlamentarios la reiteración de estas prácticas por parte de Repsol.
La nuevas enmiendas populares, avanzadas ayer por ELMUNDO, han puesto patas arriba a los departamentos de negocio de las grandes petroleras. En Repsol están haciendo números para saber cuánto venden en cada provincia, mientras que en Cepsa admiten que la cuota sólo les limita en Ceuta, Melilla, Formentera, Ibiza y Menorca.
Industria también va a obligar a los operadores y a los agentes minoristas a comunicar con más detalle y periodicidad a este departamento la cantidad de ventas y sus contratos de distribución, de cara a la elaboración de una estadística. Además, se permitirá a las gasolineras blancas o ligadas a hipermercados que informen a sus clientes del origen de sus carburantes. El objetivo es reducir el temor a que sus productos sean de peor calidad que aquellos que venden las estaciones abanderadas por las petroleras tradicionales.
Otra de las medidas relevantes que propone Industria permitirá a las instalaciones minoristas venderse carburantes entre sí sin necesidad de registrarse como operador mayorista. Fuentes próximas a la redacción de esta propuesta explican que el objetivo es quitar cuota de venta a las petroleras en la parte alta de la cadena de suministro, donde controlan la totalidad de las refinerías y parcialmente el accionariado del transportista CLH.
El portavoz de Energía del Grupo Popular, Guillermo MariscaL, consideró ayer que las enmiendas presentadas a la Ley de Hidrocarburos "aumentan la competencia en el sector e incrementan la necesaria transparencia con el objetivo de facilitar reducciones en el precio de los combustibles y ayudar a la recuperación económica y el empleo".
El Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular del Congreso presentó este miércoles fuera de plazo una parte de las enmiendas a la Ley de hidrocarburos. En las mismas, el Ejecutivo propone limitar al 30% la cuota de las petroleras medida en las ventas de hidrocarburos. Esta opción afectará principalmente a Repsol y, presumiblemente a Disa, que no podrán reorganizar sus estaciones de servicio en cada provincia para lograr un incremento de cuota de mercado, computada en ventas anuales.
Esta medida afectará principalmente a Repsol. La firma presidida por Antonio Brufau no podrá reorganizar sus estaciones de servicio para no pasarse del 30% estipulado. La firma ha colocado hoy 2.000 millones en bonos híbridos a seis y diez años.
Según fuentes consultadas por este diario, la medida ha sentado como un jarro de agua fría en las compañías que aseguran que este tipo de medidas deberían haberse conocido antes de realizar elevadísimas inversiones en las refinerías en los últimos años.
La Dirección General de Política Energética publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio "a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen". A efectos del cálculo, el Gobierno considerará que son integrantes de la misma red las gasolineras en propiedad -tanto de explotación directa como de cesión a terceros por cualquier título- y las que tienen un contrato de suministro en exclusiva, así como cualquiera perteneciente al mismo grupo empresarial.
El incumplimiento de estos límites o cualquier práctica de los mayoristas dirigida a determinar directa o indirectamente el precio de venta del combustible a las estaciones de servicio será considerado como una infracción grave, lo que supone multas de 30 millones.
El Ministerio además da un paso adelante para controlar el número de estaciones de servicio existentes de forma que pedirá a las comunidades autonomas que detallen los proyectos de apertura de nuevas instalaciones.
Las estaciones tendrán que comenzar a informar de los cambios de precios con una mayor frecuencia, así como del volumen de venta; y la marca y se incluirá el gas natural para vehículos.
La nueva normativa tambien dará un plazo hasta el 1 de julio de 2016 para aplicar las modificaciones a los contratos en exclusiva de los operadores al por mayor después de que varias sentencias hayan puesto en jaque la situación anterior.
Las gasolineras independientes podrán además dar a conocer el origen de sus productos para dar mayor trasparencia al consumidor.
La Dirección General de Política Energética podrá solicitar "en todo momento" una copia de los contratos de suministro en exclusiva entre operadores al por mayor y estaciones de servicio, para "poder supervisar adecuadamente" el cumplimiento de las limitaciones establecidas.
El PP también permitirá a la CNMC "condicionar" la metodología de las tarifas de acceso a las instalaciones de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos y establecer observaciones y recomendaciones para su mejora.
El Gobierno mantiene la obligación de mantener la seguridad de las instalaciones gasistas mediante la imposiciónal distribuidor de realizar la inspección reglamentaria a los clientes que no ejerzan su libertad de elección. El PP propone que los comercializadores dominantes en el mercado de gas tengan que garantizar la liquidez del nuevo mercado mayorista mediante la obligación de venta de ciertas cantidades. La CNMC tendrá que realizar una revisión anual y elaborar una metodología de cálculo de dicho diferencial.
Asimismo, el Gobierno quiere que len a retribución de los almacenes subterráneos puestos en servicio de forma provisional o comercial en 2014 se incluyan las partes correspondientes en la liquidación definitiva de 2014, de acuerdo al régimen transitorio para financiar el déficit existente en el sector del gas.
Las instalaciones de conexión entre un yacimiento y la red de transporte deberán ser financiadas por el titular del yacimiento.
El Partido Popular incluye además una enmienda que mantiene las funciones en materia sancionadora en asuntos de electricidad e hidrocarburos en la CNMC.
Estas funciones debían transferirse al Ministerio de Industria cuando este tuviese los medios suficientes, pero por el momento se mantendrán en el regulador de forma transitoria aunque este los haya reclamado ya en varias ocasiones.
El Gobierno ha hecho caso omiso de las reclamaciones procedentes de la CNMC para que Repsol pase por el aro de modificar toda su política comercial con las estaciones de servicio. Las enmiendas introducidas a última hora por el grupo parlamentario popular a la nueva Ley de Hidrocarburos no van a suponer ninguna modificación sustancial a menos que el partido en el Gobierno respalde las propuestas formuladas por el PSOE, que, paradójicamente, están mucho más cercanas a las tesis que defiende el organismo regulador.
Las enmiendas parlamentarias sugeridas a instancias del Ministerio de Industria limitan al 30% la cuota de los operadores mayoristas en el mercado petrolífero y admiten también la conveniencia de medir dicha participación en función a los volúmenes de litros vendidos y no sobre la base del número de gasolineras que cada empresa tiene en una determinada provincia. De esta forma se pretende evitar que las grandes marcas del sector se deshagan de instalaciones de su propiedad y adquieran otras sin incrementar el número de estaciones de servicio pero aumentando por encima del citado límite su verdadera posición comercial.
La nueva regulación se muestra en apariencia más restrictiva, pero en el fondo de la cuestión la CNMC se ha quedado sola ante el peligro que supone enfrentarse con las grandes petroleras del país y, especialmente, con Repsol. Las autoridades de competencia han desplegado una batería de expedientes sancionadores que en el caso de la compañía presidida por Antonio Brufau se han traducido en multas de 28,5 millones de euros en las últimas semanas. El origen de esta ofensiva reside en el pulso que los ‘padres de la sagrada competencia’ mantienen con la multinacional sobre los contratos de abanderamiento con las gasolineras.
La CNMC quiere impulsar una liberalización lo más amplia posible de la distribución minorista de carburantes y pretende que la petrolera no imponga contratos en exclusiva a aquellas gasolineras que, siendo o no de su estricta propiedad, sean gestionadas por terceros bajo acuerdos de arrendamiento. Las autoridades de competencia consideran que los contratos de hasta tres años que ahora rigen las relaciones de Repsol con sus estaciones de servicio deben ser modificados para facilitar que otras operadoras puedan ofrecer mejores condiciones de mercado a los distribuidores que regentan las estaciones de servicio.
La nueva regulación se muestra en apariencia más restrictiva, pero en el fondo de la cuestión la CNMC se ha quedado sola ante el peligro que supone enfrentarse con las grandes petroleras del país y, especialmente, con Repsol. Las autoridades de competencia han desplegado una batería de expedientes sancionadores que en el caso de la compañía presidida por Antonio Brufau se han traducido en multas de 28,5 millones de euros en las últimas semanas. El origen de esta ofensiva reside en el pulso que los ‘padres de la sagrada competencia’ mantienen con la multinacional sobre los contratos de abanderamiento con las gasolineras.
La CNMC quiere impulsar una liberalización lo más amplia posible de la distribución minorista de carburantes y pretende que la petrolera no imponga contratos en exclusiva a aquellas gasolineras que, siendo o no de su estricta propiedad, sean gestionadas por terceros bajo acuerdos de arrendamiento. Las autoridades de competencia consideran que los contratos de hasta tres años que ahora rigen las relaciones de Repsol con sus estaciones de servicio deben ser modificados para facilitar que otras operadoras puedan ofrecer mejores condiciones de mercado a los distribuidores que regentan las estaciones de servicio.
