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DEBATE
Bonelli: "Dilma, el espejo en el que se observa con temor Cristina". Gallo: "La cadena de Cristina y la chequera de Kicillof"
20/03/2015

Dilma, el espejo en el que se observa con temor Cristina

Clarín

Por Marcelo Bonelli

Brasil va a llevar adelante un fuerte ajuste económico, y esa decisión de Dilma Rousseff hundirá aún más el estancamiento del nivel de actividad de la Argentina.

El embajador de Brasil en Buenos Aires, Everton Vieira Vargas, lo dijo ayer: “Dilma está dispuesta a pagar ahora el costo político para encarrilar la economía.” Y agregó: “Este año vamos a hacer las correcciones, el ajuste, vamos atacar la inflación para que Brasil vuelva a crecer el año próximo.” Lo afirmó en la intimidad de un encuentro con un puñado de legisladores argentinos que organizó Flacso. Hubo diputados del oficialismo.

Así, por primera vez Brasil notifica claramente una decisión que afectará el final del mandato de Cristina.

Veira Vargas habló de las turbulencias bilaterales, criticó -sin mencionar directamente a sus responsables- la inacción de la Cancillería y del Ministerio de Economía para resolver los conflictos, y preservó el futuro de la alianza bilateral

Su anticipo fue explosivo: el ajuste de Brasil impactará fuerte en la caída del nivel de la actividad en Argentina.

Veira Vargas evitó decirlo en forma explicita, pero su exposición fue clara: la acción de Dilma contrasta con la decisión política de Cristina de no resolver ningún problema hasta fin de año y, así, trasladarle una bomba económica al próximo Presidente. En las últimas semanas, Argentina perdió un 30% de competitividad y Axel Kicillof respondió con la inacción y el silencio.

El “Plan Bomba” de tiempo fue así bautizado en la intimidad de la Unión Industrial por parte de Héctor Mendez. Refleja la preocupación de la cúpula fabril por la voluntad de Cristina de profundizar los desajustes y obligar al próximo gobierno a pagar los costos políticos de los desequilibrios que ha generado la gestión kirchnerista. La relación con Brasil presenta uno de los más importantes desajustes.

Kicillof no dio ninguna respuesta al temor fabril. Solo presionó infructuosamente en búsqueda de una desmentida oficial de la UIA, para mantener el relato kirchnerista. Así, le exigió a Méndez: “Vos tenés que desmentir que en la UIA piensan que nosotros queremos dejar una bomba de tiempo al próximo presidente.” Héctor Méndez respondió: “No desmiento nada.”

Ambos mantuvieron un encuentro reservado el martes. Allí Kicillof insistió sin suerte: ni Méndez, ni la UIA se desdijeron en forma oficial y pública.

A Cristina le aterra el espejo de Rousseff: en Brasil, Dilma tiene solo un 13% de aceptación y el ajuste afectará aún más su imagen. Este declive obedece al descontento que explotó por la mega-corrupción de Petrobras.

En la embajada de Brasil en Buenos Aires existe preocupación por una cuestión: las insistentes versiones de que Cristóbal López podría estar en un involucrado en un futuro escándalo de la petrolera brasileña. El “Zar del Juego” adquirió, en medio del manejo corrupto de Petrobras, las estaciones de servicio y una refinería que tenía la petrolera en la Argentina. La operación fue por 110 millones de dólares y la prensa de Brasil denunció que hubo pagos ilegales por 10 millones de dólares. La información se publicó – en su momento — en la Revista Época. Coincide con un informe que Petrobras presentó en la Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos, en el cual admitiría que las ventas de activos a López fueron a precios subvaluados. El gobierno de Cristina estaría haciendo esfuerzos – hasta ahora con éxito – para evitar que el escándalo salpique a la Argentina.

Pero Kicillof ahora está concentrado en el conflicto con el Citibank. El ministro mantiene un relato público duro con el banco norteamericano, pero negocia en privado en forma cordial y acelerada una salida al fallo de Thomas Griesa.

Kicillof quiere evitar otro fracaso en su gestión: el fallo de Manhattan le bloqueó la posibilidad de colocar deuda externa y así financiar los desequilibrios del Plan Bomba. Mantiene una comunicación directa con el banquero Gabriel Ribisich y estaría de acuerdo con el plan del Citibank para que se desprenda del negocio de custodia de los bonos y los traslade a la Caja de Valores. Solo para mantener el relato K, habría frases críticas grandilocuentes y se aplicaría una multa menor al Citibank. El problema de Kicillof es que su flexibilidad choca con los planes de Cristina. La Presidenta no descarta la medida extrema: sacarle la licencia al Citibank para operar en la Argentina.

Esta decisión la alienta La Cámpora y figuras del entorno como Carlos Zannini. En la Quinta de Olivos consideran que este eventual conflicto le devolvería a Cristina una bandera política contra los bancos y los Estados Unidos.

Kicillof frena esa propuesta porque puede desencadenar turbulencias en el final del ciclo. Pero el ministro no puede torcer una opinión de Cristina y conoce que la sugerencia de los “ultras” encaja con el pensamiento presidencial.

Cristina considera que todos los inconvenientes que tiene su gestión obedecen a una acción de desgaste de la administración de Barack Obama. También – sostiene – que Estados Unidos moviliza a Brasil en contra de la Casa Rosada.

Esta opinión la llevó a elucubrar teorías conspirativas en la denuncia de Alberto Nisman y ese complot incluye a Israel. Por eso los ataques públicos y la ponderación al vidrioso acuerdo con China.

Pero embestir contra el Citibank tendría un alto costo local: es un bancos insignia de EE. UU., hace 100 años opera en la Argentina y tiene 2.400 empleados que quedarían en la calle.

La Cámpora sigue de cerca esa crisis, y también lo que ocurre en YPF. A Máximo Kirchner le desagradó una gestión que realizó una directiva de la petrolera: el acercamiento político de Miguel Galuccio a Mauricio Macri.

 

La cadena de Cristina y la chequera de Kicillof

El Cronista

Por Alejandra Gallo.

Esta semana se palpó la grieta empresaria más abrupta y brusca de los últimos años. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Kirchner coronó la fractura de la Mesa de Enlace, un gusto que tenía pendiente desde 2008 y por $ 4.500 millones anuales para repartir entre casi el 10% de los productores pequeños de todo el país. (¿Llegarán a tiempo?)

También en estos días, la mesa chica de la Unión Industrial (UIA) ratificó por unanimidad que postergará sus elecciones por dos meses. Es decir, que en lugar de elegir al sucesor del actual titular Héctor Méndez, en abril (según el cronograma actual) la puja por la sucesión será en junio, cuando todas las fórmulas electorales estén presentadas y aprobadas para las primarias abiertas (PASO) de agosto próximo.

¿Tuvo que ver la grieta en la Mesa de Enlace? Dicen quienes ratificaron el martes pasado esta decisión que no; que fue, en todo caso, el efecto China. "Justamente, evitamos politizar esta institución para que no termine siendo un instrumento ni de unos ni de otros", explicó uno de los tres dirigentes fabriles que hoy sumarían más chances para suceder a Méndez. Lo que aceleró esta decisión fue el duro cruce público de la entidad con la Presidenta por el impacto del acuerdo con China, cuya letra chica aún es un misterio. Dentro de la UIA llamó la atención que, antes de que se difundiera el crítico documento por este tema, la Presidenta tuviera minuciosos detalles de cuestiones que sólo se habían discutido entre pocos.

Volviendo al campo, el Gobierno obtuvo un logro que capitalizó con creces en lo político, aunque tendrá poco efecto en la economía real. Sin alcanzar a la mayoría de las economías regionales que crujen por las consecuencias de la caída de la producción y las inundaciones, a poco de concluir su mandato la Presidenta clavó su cuña predilecta en el sector que más rechaza. Pero la medida no achicará la brecha entre el precio que cobra el productor de trigo y el que paga el consumidor medido en pesos por kilo de 1.900% para el trigo, de 335% para la leche, de 218% para el azúcar, de 732% para la papa, según datos de la Mesa de Enlace fracturada.

Todo empezó el lunes cuando el presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe, estaba en Rosario, y recibió una inesperada llamada del ministro de Economía, Axel Kicillof. "Venite esta tarde, es urgente", le dijo. El dirigente colgó su agenda y llegó a la hora del té al Palacio de Hacienda donde Kicillof ya tenía lista su chequera, previo aval presidencial. Ante el asombro del timonel de FAA le ofreció cruzar a la Casa Rosada para sellar el acuerdo en persona con la Presidenta: devolver hasta el 50% de las retenciones a unos 46.000 productores de hasta 700 toneladas a partir del 15 de abril. Así premió a la única entidad que no adhirió al cese de comercialización de cereales y de hacienda que Coningro, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales (CRA) sí realizaron por 72 horas la semana pasada. Como en el 2008, también esta vez esas entidades pidieron la eliminación total de las retenciones. "Hoy, a siete años del 2008, el hombre de campo reclama a sus entidades expresar el malestar por la situación terminal de la mayoría de las producciones del país", coronó la (¿nueva?) Mesa de Enlace. En su propio comunicado, FAA, en cambio, destacó: "Nuestra gente no tiene espalda para esperar hasta el 10 de diciembre a que llegue alguna respuesta. Las gestiones que hemos encauzado en relación con el financiamiento del Banco Nación; por los tamberos, el trigo y ahora los agricultores de soja, maíz, trigo y girasol, son logros concretos para miles de pequeños productores, tanto como el reconocimiento de la Presidenta de que en el campo no somos todos iguales". (Nada que agregar en la redacción de cada comunicado, ¿no?).

En paralelo dentro del sector empresario y con menos pompa pública, hubo otros chispazos por viejos conflictos que, curiosamente, se reactivaron ahora. Por ejemplo, el que protagonizaron Eduardo Elsztain (IRSA) y Osvaldo Cornide (CAME) por un juicio de injurias promovido por el primero en torno a la construcción de shoppings. Otro caso fue la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró la falta de mérito en la causa en la que estaba imputado Carlos Pedro Blaquier. La Copal (alimenticias) sacó un documento destacando este hecho y la necesidad de "asegurar la división de poderes, la garantía de los derechos individuales y el respeto por el empresariado que cumple una función social". El presidente de esa entidad, Daniel Fundes de Rioja, como miembro del Consejo Empresarial de la Organización Internacional del Trabajo se reunirá hoy en Ginebra con el director general de la OIT para transmitirle la preocupación del sector privado latinoamericano por los arrestos empresarios ocurridos en Venezuela. (Un espejo en el que una parte de la Argentina se niega a mirarse).


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