La polémica producida por el fuerte incremento en las tarifas eléctricas, que en algunas ciudades superó el 30%, sigue latente.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha señalado que las alzas aplicadas derivan del atraso en el envío a la Contraloría General de la República de doce decretos tarifarios por parte de su antecesor, pero en el sector privado señalan que la autoridad tenía facultades para paliar el impacto de esta normalización.

Se trata de la aplicación de subsidios y la agilización de los decretos tarifarios, que no fueron aplicadas.

Fuentes del sector eléctrico señalan que, en el caso de la vigencia de los decretos, durante su primera administración Michelle Bachelet autorizó a la cartera de Energía para que ésta pueda activar este tipo de decisiones previo al trámite de toma de razón.

Esta atribución, dicen, permitiría que todos los ajustes tarifarios pendientes, ya sea al alza o a la baja, pudieran ser aplicados, sin necesidad, como sucedió en el norte, de negociar con la distribuidora para netear el impacto de las fuertes alzas, adelantando un decreto que aún no estaba despachado por la Contraloría.

En el ministerio de Energía señalan que, dada la complejidad del decreto correspondiente a mayo de 2014, donde se buscó regularizar el proceso de tarificación, que contenía una serie de procesos tarifarios de precios de nudo y subtransmisión, una tramitación simultánea habría surtido el mismo efecto que se tiene hoy.

"El impacto hubiera sido casi el mismo, esto debido a que los volúmenes de energía y las tarifas no cambiaron al referirse a un periodo ya acaecido (2011-2013). A lo más, hubiera existido una diferencia menor producto de los intereses", señalaron en la cartera.

Asimismo, en el ministerio reconocen que la aplicación de subsidios en las cuentas de la luz, producto de las alzas, no ha estado entre las "consideraciones" de la autoridad.

Desde 2005, los subsidios a las cuentas eléctricas fueron introducidos en la ley, y se aplicaban a nivel nacional en caso que las cuentas tuvieran variaciones superiores al 5%, beneficiando al 40% de la población de menos recursos.

Durante la anterior administración de la presidenta Bachelet, este mecanismo fue aplicado en varias ocasiones.

En Energía señalan que, pese a esto, el gobierno está trabajando para aminorar los impactos de estos ajustes en la población.

"Se están adoptando una serie de medidas para mitigar el impacto de la aplicación de todos estos decretos en la cuenta de la luz", señalaron.

Pero la situación está aún lejos de solucionarse. El gobierno ha debido enfrentar el reclamo y las protestas de alcaldes de las regiones de Antofagasta, Los Ríos y los Lagos por el incremento en las cuentas, lo que ha derivado en movilizaciones en ciudades como Iquique y Puerto Montt, y también la molestia de las distribuidoras eléctricas, que asumen la labor de cobro a los usuarios aplicando el sistema de reliquidación, la que en algunos casos se extendería hasta por 18 meses.

Otras fuentes comentan que en virtud de un oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que estableció que la reliquidación de cada decreto no comenzará hasta que hayan expirado las cuotas del anterior, extenderá por varios años el proceso de normalización de las cuentas de los clientes regulados, algo que tampoco ha sido explicitado por la autoridad.

La situación también afecta al sector productivo, donde empresas han recibido boletas de hasta $700 millones producto de este proceso.

FNE apoya regulación de servicios de eléctricas

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) se pronunció en la consulta que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre la regulación de los servicios asociados al abastecimiento eléctrico que realizan las distribuidoras.

"En caso del que el tribunal considere realizar una recomendación de modificación normativa, estime incluir en ella normas que estén orientadas a prohibir y evitar conductas por parte de las empresas de distribución eléctrica que impidan una libre e informada decisión por parte del desarrollador inmobiliario de quien sea quien construya los respectivos empalmes y/o desarrolle las obras de empalmes aéreos o subterráneos", dijo la FNE, aduciendo que con ello se evitaría perjuicios a los distintos actores de este mercado de servicios.

"Los antecedentes que aporta la FNE son sumamente contundentes y ratifican una vez más lo sostenido por la Cámara de la Construcción en cuanto a que es indispensable que se implementen normas que promuevan la competencia en la provisión de estos servicios", dijo el presidente de la CChC, Jorge Mas.