Por Jeb Blount

La entrega el miércoles de los resultados financieros auditados del cuarto trimestre de la petrolera estatal brasileña Petrobras posiblemente pondría fin a la posibilidad de un pago anticipado obligatorio de hasta 110.000 millones de dólares en deuda, dijo el martes Moody's Investors' Service.

La divulgación de los resultados, postergados por un enorme escándalo de arreglo de contratos, sobornos y corrupción política, sería algo positivo para el panorama de la deuda soberana de Brasil, dijo Moody's. El Estado posee una participación controladora en Petróleo Brasileiro SA, como es conocida formalmente la compañía.

"La publicación de los resultados financieros (de Petrobras) debería disminuir significativamente la probabilidad de eventos con implicaciones crediticias negativas directas sobre (la deuda) soberana", dijeron el analista de Moody's Mauro Leos y sus colegas en un reporte.

Moody's despojó a Petrobras de la nota de grado de inversión en febrero y le asignó un panorama negativo para una posible nueva rebaja. Moody's cambió el panorama de la calificación de la deuda de Brasil a negativo desde estable en septiembre.

Si bien Brasil no está obligado a pagar la deuda de Petrobras en caso de una cesación de pagos, Moody's considera que es poco probable que no lo haga debido a la importancia de Petrobras para la economía del país, la séptima más grande del mundo.

El pago anticipado obligatorio de 110.000 millones de dólares en deuda de Petrobras sería equivalente a un 5 por ciento del Producto Interno Bruto de Brasil, dijo Moody's.

Los contratos de Petrobras por más de 50.000 millones de dólares en deuda vendidos bajo la ley estadounidense exigen a la empresa que entregue sus resultados auditados del cuarto trimestre a los inversores. No hacerlo antes de fines de abril llevaría a un período de 60 días en el que Petrobras podría corregir el default.

No corregir el default permitiría a los tenedores de bonos solicitar el pago inmediato de la deuda, lo que también desencadenaría el pago anticipado de otros préstamos y notas.

PricewaterhouseCoopers, auditor de Petrobras, se rehusó a certificar los resultados de la empresa en noviembre, debido a que un creciente escándalo de corrupción generó dudas sobre el verdadero valor de los activos de la estatal.

Petrobras, PricewaterhouseCoopers y reguladores del sector de valores de Brasil y Estados Unidos han estado trabajando desde entonces para hallar una forma de medir adecuadamente el impacto del caso de corrupción en los resultados de la empresa.

El directorio de Petrobras tiene previsto revisar y posiblemente votar los resultados postergados el miércoles y la compañía ha dicho que espera divulgarlos el mismo día después del cierre del mercado en Sao Paulo y Nueva York.

Estimaciones de analistas sugieren que Petrobras anotará una amortización de 20.000 millones de reales (6.600 millones de dólares) en sus resultados del cuarto trimestre como resultado del caso de corrupción.

(1 dólar = 3,03 reales brasileños)

(Editado en Español por Ricardo Figueroa)

La estatal brasileña Petrobras informó que divulgará hoy después del cierre de los mercados sus balances contables del tercer trimestre y de todo el ejercicio de 2014, con la revisión de auditores independientes (PricewaterhouseCoopers). La presentación de balances fue postergada por el escándalo de corrupción que involucró a Petrobras y empresas contratistas, en una red que desvió millonarios recursos para el financiamiento de partidos políticos, en su mayoría oficialistas. El mercado financiero espera esos datos para evaluar la salud patrimonial de la petrolera, que puso en venta activos para poder financiarse

Especuladores financieros, políticos de oposición y grandes fortunas brasileñas, en general, esperan la publicación el miércoles del ansiado balance auditado de Petrobras en el que se verá reflejado, por primera vez y bajo una metodología científica, el impacto real de la corrupción sobre la mayor empresa del país.

A pesar de la frialdad de los números, las interpretaciones maliciosas aguardan su momento para asestar el definitivo golpe a la credibilidad del gobierno de Dilma Rousseff, el cual, sin comerlo ni beberlo, se ha visto envuelto en una polémica que en ningún momento afecta a ninguno de sus miembros a pesar de las continuas insinuaciones de la prensa local.
Es el imperio mediático, el mismo que controlan los financieros, banqueros e industriales de Sao Paulo y que mandaron a manipular las cifras de asistencia de las manifestaciones contra la corrupción del pasado 15 de marzo y 12 de abril.

Esos que junto al gobernador del estado y miembro de la oposición con el Partido Social Democrata de Brasil (PSDB), Geraldo Alckmin, influyeron sobre la Policía Militar de Sao Paulo para que divulgase la cifra de un millón de manifestantes cuando resultaba evidente que estos apenas superaron los 200.000.

Ejerciendo su poder como dueños de los medios de información en el país, la total ausencia de manifestaciones contra el gobierno en la región Nordeste, la más pobre del país y principal semillero de votos del gobierno, fue totalmente omitida. Lo mismo que ocurrió con las manifestaciones sindicales a favor de Petrobras y del gobierno de Dilma Rousseff, las cuales apenas tuvieron cobertura informativa y fueron ninguneadas por sus opinadores políticos. Es decir, el 51,4% de votantes en las elecciones presidenciales del pasado octubre que no cuentan para los grandes medios.

Por no hablar del apagón informativo frente al fracaso de la manifestación del 12 de abril que apenas juntó a 700.000 personas en todo el país (un 71% menos que la anterior) y no resultó ser "antidilma" sino "anticorrupción" para el 83% de sus participantes, a pesar de la propaganda del Movimiento Brasil Libre (MBL), un movimiento de adolescentes con un discurso monotemático que ha sido publicitado por los grandes medios internacionales, especialmente los anglosajones.

Es la derecha brasileña, la que pide una intervención militar a gritos mientras denuncia la corrupción en Petrobras. Eso sí, la corrupción a partir del año 2003, no vaya a ser que se averigüe que las prácticas irregulares en la petrolera ya eran algo habitual en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), algo que ya dejó entrever la presidenta Rousseff cuando pidió que se investigase la petrolera entre 1995 y 2002.

Esa minoría blanca, elitista y conservadora de la clase alta brasileña y no la clase media, como nos hicieron creer, es la que salió a las calles para exigir la deposición de una presidenta elegida democráticamente hace apenas 6 meses. Algo que demostró la última encuesta de Datafolha cuando desveló que el 73% de los manifestantes en Sao Paulo se consideraba de raza blanca, el 83% se declararon votantes de Aécio Neves y el 41% tenían un salario 20 veces mayor al salario mínimo en Brasil.

Los que se llenan la boca al hablar de democracia mientras piden el "impeachment" o directamente una intervención militar, los que hablan de la "Venezuelización" de Brasil o los que directamente afirman con rotundidad que el país "nunca estuvo peor". Los 40 millones de brasileños que salieron de la miseria desde la llegada del Partido de los Trabajadores (PT), el sexto lugar en la economía mundial, el papel de liderazgo en instituciones como Mercorsur o los BRICS no existen ni existierán para ellos. De hecho, les irrita profundamente. Para esta élite la crisis es el momento de comprar a bajo precio y distanciarse aun más del pueblo al que detestan y que, por primera vez, pudo mirarles cara a cara con dignidad.

Si por ellos fuera, Petrobras, y con ello la soberanía energética del país, sería subastada mañana mismo, a pesar de que las encuestas revelan que el 61% de los brasileños es contrario a perder su mayor empresa. Una circunstancia para la que compañías como la angloholandesa Shell, que recientemente adquirió mediante una fusión estratégica las participaciones en el presal de la empresa BG Group, vienen preparándose desde hace años. Un negocio redondo para los dueños del capital en Brasil que dejaría sin inversión de la noche a la mañana a todos lo programas sociales de la última década, todo ellos dependientes de la venta de las commodities del petróleo.

Brasil no es un país cualquiera. Su tamaño, sus enormes recursos y su situación económica lo convierten en la pieza fundamental de la geopolítica de América Latina. El fracaso del modelo de izquierdas implantado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sería vendido por la prensa de medio mundo como el ejemplo del destino que aguarda a aquellos países que osaron salirse de la senda del FMI. Una falacia que pretendería mostrar como obsoleto un modelo cuyo éxito es más que comprobable en los informes de la ONU, Unesco, OMS, etc. Esa y no otra, es la misión de estos grupos de interés que se extiende casi sin variación a países como Argentina, Ecuador o Bolivia.

La acusación por corrupción del tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, promete ser el caballo de batalla de la élite y sus secuaces una vez el informe de Petrobras desmonte sus argumentos. La corrupción como único argumento, sin tener en cuenta que afecta a 28 de los 32 partidos presentes en el Congreso Nacional y que podría relacionar directamente al expresidente del PSDB, Sérgio Guerra. Algo de lo que pocos han oído hablar porque todos los medios apuestan en atacar al gobierno.

De hecho, puede que tengan razón al señalar la corrupción como principal problema en Brasil, pero lo que no dirán es que desde que el Partido de los Trabajadores inició su gobierno en el país allá por 2003, las detenciones de trabajadores de la administración pública brasileña por la Policía Federal brasileña por corrupción fueron de 2.351 casos, una media de 200 casos anuales frente a los 9 del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Otro tanto con el número de operaciones policiales que con el PT es 50 veces superior al último gobierno del PSDB.

Rousseff aguarda en silencio y sabe que los próximos meses serán decisivos. Con los movimientos golpistas como distracción, la oposición prepara su verdadera gran ofensiva por el "impeachment" mientras que sus aliados del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB)en el Congreso Nacional aplican la ley del "cuanto peor mejor" chantajeando y condicionando sus movimientos a cada nueva oportunidad, pensando más en 2018 que en su participación en el gobierno actual.

Hasta entonces, la presión sobre el gobierno de Brasil es y será extrema. Sin embargo, el sólido legado dejado por Lula da Silva unido a la estabilización de la economía, podrían revertir la situación a partír de 2016. Por todo ello, desprovisto de aliados y acosado por los medios de comunicación, el escenario hasta las elecciones de 2018 se plantea como una batalla del PT contra todo y contra todos. Cuatro largos años, en los que los de arriba continuarán con sus estrategias, sobrevolando en sus círculos de acusaciones e hipocresía, buscando el momento de debilidad para asestar el golpe de gracia sobre la democracia en Brasil.