Por Hernán Cappiello.

Lázaro Báez prepara el terreno para que la causa en la que se investiga a la presidenta Cristina Kirchner y a él mismo por sus negocios hoteleros deje el juzgado federal porteño de Claudio Bonadio y recale en la justicia federal de la Patagonia, que supone más amigable.

Se trata de una estrategia conjunta de los abogados de Báez y de Romina Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner y presidenta de Hotesur, la empresa que administra los hoteles familiares.

Ambas defensas le reclamaron en las últimas horas a Bonadio que respondiera a la brevedad un pedido de "certificación" de la causa llegado desde la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal que podría reclamarle que la causa pase al Sur.

El caso Hotesur es el expediente que más preocupa al Gobierno. Investiga los negocios particulares de los Kirchner y tiene entre sus imputados a la Presidenta y a su hijo Máximo.

Mientras tanto, en las próximas horas, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, debe resolver si confirma a Bonadio en la causa (fue recusado por las defensas). Fuentes del tribunal han dado a entender que ya hay dos votos redactados en favor de la permanencia de Bonadio al frente del caso.

El nuevo pedido de certificación que este juez tiene pendiente responder llegó a su juzgado hace un mes. Lo que la Cámara de Comodoro Rivadavia le está pidiendo es que le informe de qué se trata su causa; básicamente, qué y a quiénes investiga, y desde cuándo.

Esta cámara interviene por un pedido de la defensa de Báez.

En el Sur se tramita otro expediente que se inició por una presentación de Báez -una suerte de autodenuncia- después de que LA NACION dio a conocer que empresas de este empresario pagaban por habitaciones que no usaban en el hotel Alto Calafate, de los Kirchner.

Esa presentación la hizo en el juzgado de Río Gallegos para evitar que LA NACION siguiera publicando documentación sobre sus negocios, pero la jueza se declaró incompetente y pretendió girarlo a otro juzgado. Para resolver ese problema de competencia, el caso pasó a la Cámara de Comodoro Rivadavia y fue entonces cuando entró en juego un tercer juzgado, el de Bonadio. Podrían ahora ambas causas (la del Sur y la de Bonadio) unificarse.

Antes de tomar una decisión, el presidente de la Cámara le pidió a Bonadio que le informara el número de su causa, quiénes son los imputados, cuál es el criterio por el cual se considera competente para investigar el caso y el "objeto procesal" de su causa; es decir, qué es lo que investiga.

PEDIDO DE RESPUESTA

Como lleva más de un mes sin respuesta, la defensa de Báez se presentó la semana pasada para pedirle al juez que contestara a la brevedad. Ayer, se sumó el abogado de Romina Mercado, Alberto Beraldi, que también presentó un pedido de "pronto despacho".

La defensa de Báez dice en su escrito que tiene un "legítimo interés" en que el pedido recibido por Bonadio "sea contestado en forma urgente" para que el recurso de apelación que presentaron en la Cámara contra la incompetencia quede en condiciones de ser resuelto.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que Bonadio no había hecho movimientos en la causa desde que la Cámara empezó sus reuniones para definir si lo mantienen en el caso o lo corren. Todo indica que es cuestión de horas para que Casación dé a conocer finalmente su decisión.

No hay ningún tema planteado de incompetencia contra Bonadio, pero no es un secreto en el entorno de Báez y de Mercado que preferirían que la causa tramite en la Patagonia antes que en Comodoro Py 2002, donde el juez demostró su audacia al allanar la sede de la empresa presidencial. Para esto hay dos caminos: o plantean a Bonadio que realice una declinatoria para que deje el caso y lo mande al Sur o se presentan en la Patagonia para pedirle a Bonadio que se inhiba y deje el caso. Pero todo está por resolverse..

Por Nicolás Pizzi.

El juez Claudio Bonadio sabe que no puede respirar tranquilo. Cuando empezaba a recibir señales positivas desde la Cámara de Casación, donde todavía se libra una batalla por su recusación, se dio cuenta de que hay otra maniobra en danza para apartarlo del caso Hotesur, la investigación que tiene en vilo a la presidenta Cristina Kirchner por sus negocios hoteleros.

El primer indicio lo aportó el empresario kirchnerista Lázaro Báez. El miércoles, a través de sus abogados, se presentó ante Bonadio y le pidió que responda un oficio de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con competencia sobre el juzgado federal de Río Gallegos.

Ese tribunal había advertido, a mediados de marzo, que hay otra causa radicada en la capital santacruceña donde se investigan hechos similares. “Enviaron una certificación por una posible conexidad pero no dieron datos de la causa”, detalló anoche una fuente judicial, aunque rechazó cualquier especulación sobre el verdadero objetivo del pedido.

Casi al mismo tiempo que comenzaba a desmoronarse la recusación contra Bonadio en la Cámara de Casación, los abogados de Báez se presentaron en su juzgado y le pidieron que conteste, de manera “urgente”, aquel oficio de la Cámara de Comodoro Rivadavia, donde está pendiente un recurso presentado por esa misma defensa en el marco de una denuncia que había realizado el propio Báez.

“Esta parte tiene legítimo interés en que aquel pedido de informes recibido por V.S. sea contestado en forma urgente a fin de que este recurso de apelación quede en condiciones de ser resuelto”, dice el escrito al que accedió Clarín.

El tribunal de Comodoro Rivadavia le pidió a Bonadio que “explicite la razones por las cuales (el expediente Hotesur) se encuentra tramitando” en la ciudad de Buenos Aires. “Tal oficio aún no ha sido contestado por V.S.”, se quejó uno de los abogados de Báez, Gabriel Gandolfo. En Tribunales advirtieron que “la demora tiene que ver con el trámite de la recusación”.

Esta es la segunda presentación del empresario kirchnerista en la causa Hotesur. La primera había sido para designar a sus abogados luego de enterarse “por los medios” de las acusaciones en su contra.

Otro argumento para quitarle la causa a Bonadio sería que las personas investigadas en el caso Hotesur tienen domicilio fiscal en el Sur. De hecho, la empresa que administra el hotel Alto Calafate tiene su domicilio fiscal en avenida Néstor Carlos Kirchner 496, en Río Gallegos, donde también funciona otra de las empresas de Máximo Kirchner. Sin embargo, en Comodoro Py desestimaron ese planteo: “Lo que vale es el domicilio legal de la empresa. Además los contratos se hicieron en esta ciudad”.

Bonadio ya fue recusado por la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, quien objetó su falta de parcialidad y argumentó que el juez tomó la causa como “un elemento de presión” por “su comprometida situación ante el Consejo de la Magistratura”. Pero esa maniobra está por caerse en la Sala I de Casación, donde dos de los jueces, Luis María Cabral y Gustavo Hornos, ya tendrían resuelto votar a favor del magistrado.

Si se confirma ese escenario, el nuevo plan sería trasladar la causa a Río Gallegos, donde la Justicia es más cercana al kirchnerismo.

Báez ya planteó cuestiones de competencia en otras causas. Cuando estalló el escándalo de la “ruta del dinero K”, logró que la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, archivara una denuncia por la supuesta tenencia de armas. En cambio, fracasó al intentar llevar al Sur la investigación principal derivada del programa Periodismo Para Todos (PPT).