La declinación del sector hidrocarburífero en Argentina provocó un fuerte impacto en las cuentas externas del país, dada la alta dependencia de la matriz energética respecto del petróleo y el gas, cercana al 90%. En el 2013 las importaciones en el rubro Combustibles de la balanza de pagos llegaron a los 11.415 millones de dólares, importe prácticamente análogo a la reducción de reservas internacionales ese mismo año (11.824 millones de dólares).
En este escenario se desenvuelve la explotación de hidrocarburos, tanto convencional como no convencional, en especial en Vaca Muerta. Quien lidera las operaciones en este terreno es YPF, cuyo control fue restituido al en mayo del 2012.
Los datos publicados por la Secretaría de Energía reflejan que en el 2014, por primera vez en casi dos décadas, incrementó su producción respecto del año anterior (petróleo: 8,85% y gas: 12,54%). De todas maneras, a nivel general aún no ha podido revertirse la tendencia decreciente. Considerando el conjunto de las operadoras, la extracción de petróleo en el país cayó un 1,44% y un 0,54% la de gas.
En este contexto, el desplome del precio internacional del crudo en el 2014 encendió alertas en el sector. Si bien la vigencia del denominado "barril criollo" en torno a los 77 dólares está actuando como atenuante, hasta el propio presidente de YPF manifestó la necesidad de reducir los costos de extracción, a fin de mantener la rentabilidad. Con este objetivo se pusieron en marcha algunas iniciativas, como la producción local de arena destinada a la fractura hidráulica.
Otra de las novedades fue la autorización mediante un decreto de la Presidencia de la Nación para la utilización de camiones "bitrenes", de 30 metros de largo y que pueden hasta duplicar la capacidad de carga de un medio de transporte terrestre habitual. Sin la adaptación de las ya colapsadas "rutas del petróleo", esta innovación puede aumentar el riesgo de accidentes de tránsito, uno de los efectos negativos de la actividad y que se suma a las contingencias laborales, a los desequilibrios salariales, al desborde urbanístico, la propagación de la prostitución y redes de trata, al avance de la especulación inmobiliaria y al innegable deterioro ambiental, entre otras consecuencias.
El interrogante que se plantea es si el desafío no debiera ser también reducir estos otros componentes del costo –tanto por parte de la empresa nacional como de las operadoras privadas– a través de estrictos controles.
La sustitución de importaciones es pertinente, dado que la restricción externa obstaculiza el crecimiento económico del país, necesario para generar empleo. Y mientras no se avance en fuentes de energía alternativas, los hidrocarburos brindan la respuesta. Ahora bien, así como el autoabastecimiento está declarado por ley como un objetivo prioritario, el mismo carácter debería tener el propósito de evitar, o cuanto menos minimizar, el daño en el territorio.
