La mayor operación de compra de una empresa local en los últimos años, la adquisición de CGE por parte del grupo Gas Natural Fenosa, deberá ser revisada, a más de un año de haberse concretado, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Ayer, el organismo ofició a 36 entidades de gobierno, empresas, asociaciones gremiales y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que entreguen antecedentes en el proceso no contencioso que abrió el TDLC para revisar la integración vertical y horizontal en la industria del gas natural y gas licuado, y la operación de adquisición de CGE por parte de la firma catalana, que involucró recursos por unos US$ 3.300 millones.
Entre los oficiados están los ministerios de Energía y Economía, la Comisión Nacional de Energía (CNE), las superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Electricidad y Combustibles (SEC), el Sernac, y los principales actores del sistema, tanto usuarios como propietarios de instalaciones de gas natural y GLP: Enap, Metrogas, Lipigas, Abastible, GasValpo, Endesa, Colbún y AES Gener, entre otros.
La resolución del TDLC emana tras un fallo de la Corte Suprema de fines de enero pasado, que acogió el recurso de reclamación presentado por la asociación de consumidores Conadecus en contra del organismo de libre competencia, que había desestimado una acción que incluía algunos de estos temas que ahora se revisarán, planteado en 2014.
Según señalan fuentes del mercado, el fallo de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema -que es encabezada por el ministro Pedro Pierry- “no es habitual”, ya que avalaría la interpretación de la ley sobre que cualquier persona puede solicitar una consulta respecto de una operación que ya está cerrada.
El máximo tribunal, dicen las fuentes, utilizó el mismo criterio en el caso de la consulta sobre la licitación de Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), solicitada por Transportes Delfos.
Ahora, las entidades oficiadas tendrán 45 días hábiles para presentar antecedentes y luego se abrirá una fase de alegatos.
El proceso ahora abre la puerta para que se revise la integración vertical y horizontal en la industria del gas, donde GNF es el principal actor. Según señalan fuentes, es difícil que la operación se reverse, pero el TDLC podría imponer medidas de mitigación en caso de determinar que hay riesgos a la libre competencia.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que la entidad trabajará en dos frentes: solicitar la desintegración del mercado del gas natural, donde los principales actores participan de toda la cadena de valor, y establecer mitigaciones a la operación entre CGE y GNF.
“La compra de CGE ya ha tenido efectos en el mercado. Ahora solo hay dos accionistas en Metrogas, por ejemplo (porque el tercero, Trigas, vendió su participación a la firma catalana). Lo que vamos a pedir son medidas de mitigación, tal como lo hicimos en el caso de LAN, que permitan que haya más competencia, y también que el TDLC analice los efectos del la llegada de GNF al mercado chileno y que coloque condiciones para asegurar la libre competencia”, dijo.
GNF, a través de Gasco -que hoy se encuentra en proceso de reorganización de sus negocios y busca separar las unidades de gas natural y licuado en dos empresas con controladores distintos-, también aumentó su participación en Gasmar, sociedad que compra y almacena GLP, y tomó control -en marzo de 2015-, de los dos principales gasoductos de la zona centro-sur: Gas Andes y Gasoducto del Pacífico.
El proceso, estima Calderón, podría durar de siete a ocho meses, tras lo cual el TDLC se pronunciaría.
Tras varios años de intentos, a fines de 2014 la catalana Gas Natural Fenosa (GNF) logró adquirir el control de la centenaria Compañía General de Electricidad (CGE), en manos de las familias Marín, Pérez Cruz y grupo Almería (Hornauer). La firma lanzó en noviembre de ese año una OPA por US$ 3.300 millones para quedarse con el control de la eléctrica, en lo que fue la mayor operación de la década en el mercado local.
Las tratativas partieron en marzo de 2014 y en julio GNF presentó una oferta. Para la operación, la catalana contrató como asesores legales al estudio de abogados Claro & Cia., mientras que los asesores financieros fueron Citi España y Banchile Citi. CGE -cuyo principal negociador fue Jorge Marín, ex presidente de la firma- fue asesorada por el estudio Guerrero Olivos y por JP Morgan, mientras los Pérez Cruz tuvieron el apoyo de BNP.
