Luego de varias semanas de discusión, el gobierno nacional anunció la emisión de nuevos bonos por 1.140 millones de dólares para cancelar una deuda con las petroleras en concepto de subsidios adeudados a la producción de gas.
Aunque con restricciones para convertir esos papeles en efectivo, el reconocimiento de esos compromisos es un respiro para las compañías, afectadas por la baja de un 30% en la actividad. Además, el pago podría ser la llave para destrabar la complicada negociación paritaria, que quedó envuelta en una conciliación obligatoria y que se reabrirá el jueves
El portal Rio Negro, tuvo acceso al decreto, donde el gobierno extendió la emisión del Bonar 2020 para cubrir, en dólares, compromisos por 16.689 millones de pesos.
La gran discusión de los últimos días fue a qué tipo de cambio hacer la conversión. Las empresas reclamaban que se haga el valor de la moneda estadounidense de 2015, cuando se contrajo la deuda, lo que hubiera arrojado un monto de casi 1.900 millones de dólares.
El gobierno, en cambio, razonó que debían absorber el costo de la devaluación de diciembre y dolarizó al tipo de cambio de actual, lo que hizo que las empresas pierdan más de 700 millones de dólares.
No sólo tipo de cambio fue motivo de discusiones. El gobierno entregó el bono atado a la condición de que no puedan hacerse líquidos en el mercado secundario hasta diciembre de 2017 inclusive. Sólo autoriza la venta del 3% del monto total por mes hasta esa fecha.
La mayor parte del dinero adeudado es por subsidios del denominado Plan Gas, que llevó el precio del gas a 7,5 dólares el millón de BTU. Corresponde a casi todo el año 2015.
Las principales beneficiarias serán YPF, PAE, Petrobras (ahora Pampa Energía) y Total. Casi la totalidad del dinero corresponde a yacimientos de tight y shale perforados en la Cuenca Neuquina.
Por el dinero adeudado también le correspondían regalías a la provincia. En realidad, al tratarse de un subsidio, las empresas siempre se negaron a llamarlas de ese modo. Simplemente acordaron hacer compensaciones al gobierno provincial.
En este caso, los 2.000 millones de pesos que se debía al Tesoro provincial por este concepto ya fueron cancelados en los primeros meses del año a modo de adelantos de coparticipación no reintegrables que otorgó la Casa Rosada a la gestión de Omar Gutiérrez.
“No esperamos una suba significativa de los ingresos por la suba del gas. Es posible que haya una caída de consumo en los próximos meses”, indicó Daniel González, CEO interino de YPF en una presentación a inversores.
Aumentos. Las empresas petroleras se niegan a otorgar aumentos sin cambios en las condiciones laborales. También habían puesto como condición que se salde esta deuda por subsidios al gas.
Esquema laboral. Uno de los reclamos de las compañías es que se modifique el convenio de trabajo con los gremios. Aspiran a generar turnos más cortos, lo que implicaría una rebaja salarial para los petroleros.
Reclamo y paritaria. El jueves gremios y empresas volverán a verse las caras en la reapertura del diálogo. Los sindicatos esperan una oferta concreta de suba salarial y un compromiso de que no habrá despidos en el sector.
30%: cayó la actividad petrolera según los principales actores del sector. Se espera un panorama complejo.
3% mensual: es el monto de venta en el mercado secundario que el gobierno autorizó a las petroleras para sus bonos.
Aquel mercado petrolero que existía cuando Néstor Kirchner se hizo cargo de la presidencia de la Argentina ha quedado poco. Paradójicamente y de acuerdo a lo publicado en La Nación, sólo la filial de la angloholandesa Shell, la más hostigada de las empresas del sector durante la llamada década ganada, es la única que permaneció con la misma composición accionaria.
YPF fue tal vez el caso más resonado por tratarse de la mayor petrolera argentina. La española Repsol, que se había quedado con la mayoría accionaria tras su privatización, a fines de la década del 90, vendió primero un 15% de sus acciones al grupo Eskenazi, de capital nacional y con intereses en la construcción, el sector financiero y las bodegas. El ingreso de la familia Eskenazi en el capital accionario (y en la gestión) de YPF fue claramente impulsado por el presidente Néstor Kirchner, en 2008.
Para alzarse con el 14,9% de la petrolera, obtuvo un préstamo garantizado por US$ 1000 millones de un grupo de bancos liderado por Credit Suisse. El grupo también obtuvo de Repsol un crédito de US$ 1000 millones y acciones. Al año siguiente, compró otro 0,1% de acciones y en 2011 se quedó con un 10% adicional. La financiación provino de un préstamo de US$700 millones de parte de un grupo de bancos liderado por Banco Itaú y Credit Suisse, y de un crédito de Repsol de unos US$ 625 millones.
Un informe de la calificadora Moody's en ese momento destacaba que el acuerdo entre Repsol y los Eskenazi comprometía a ambos accionistas "a mantener la política de dividendos de YPF en 90% de las ganancias al menos hasta el pago del préstamo, y que cualquier cambio en esta disposición constituiría una cesación de pagos bajo las condiciones del préstamo". De allí surgió la famosa advertencia de que el grupo argentino estaba financiando la compra con los dividendos de la empresa adquirida. Ya en 2012, llegó la famosa expropiación, en la que el Estado, bajo el mando de Cristina Kirchner, se quedó con el 51% de las acciones, situación que se mantiene hoy.
Petrobras fue otra de las que vendió sus surtidores. La primera mitad quedó en manos de Oil Combustibles, la firma que creó el empresario Cristóbal López para gestionar esos activos, junto con una refinería. Oil está hoy bajo investigación judicial. La otra mitad acaba la acaba de comprar Pampa Energía, la empresa de Marcelo Midlin, operación que está a punto de lograr todas las aprobaciones.
La norteamericana Exxon, que operaba la red de estaciones Esso, también dejó ese negocio en el país en el marco de una reestructuración internacional. Las estaciones y la refinería de Campana quedaron en manos de Pan American Energy, del grupo Bulgheroni. La marca está siendo reemplazada por Axion Energy.
Ahora le llegó el turno a la venezolana Pdvsa, que cedería el negocio a un empresario argentino.
