La noticia impactó, por su trascendencia pero no por inesperada. Tal como insinuó el gobierno nacional desde que asumió y como adelantara Mining Press casi cuatro meses atrás, el manejo de Yacimientos Carboníferos Fiscales durante la era K, fatalmente terminaría en Tribunales
Omar Zeidán, el interventor de YCRT, transformó la promesa en realidad con la denuncia penal por "administración fraudulenta y malversación de fondos públicos" que pretende determinar qué pasó con $ 26.000 millones gastados en la mina y en la cuestionada usina que hasta hoy, pese a la inauguración engañosa de Cristina Kirchner en tiempo electoral, sigue siendo un costoso proyecto oscuro como el carbón
Entre las anormalidades apuntadas en la querella, el ex ministro Julio De Vido y su equipo ministerial. Entre ellos el ex secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta; el ex Interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna; el ex gerente de Explotación, Fernando Lisse; el ex coordinador general de YCRT, Miguel Larregina; la ex delegada de YCRT en Buenos Aires, Marta Nilda Pérez, y y el ex asesor de la intervención de YCRT, Juan Marcelo Vargas.
Por otra parte, fueron denunciados el decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la UTN, Martín Juan Goicoechea, y el presidente de la Fundación de Facultad Regional de Río Gallegos, Hugo Sánchez, quienes firmaron con YCRT 71 contratos por $ 13.750.000 cada uno eludiendo los controles del Estado.
El Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas deberá evaluar los primeros informes de dos auditorías en curso sobre el manejos de los fondos asignados por Nestor y Cristina Kirchner a la construcción de una usina termoeléctrica a carbón y aún hoy está parada y sin terminar.
Los contratos mencionado sirvieron para comprar activos y otros gastos violando normas de contratación del Estado nacional.
El objetivo era llegar a las mentadas 2,2 millones ton/año, para garantizar los 240 MW de la usina que construyó la española Isolux Corsan, pero el año pasado la mina sólo produjo 48.000 ton, lo mismo que en 1953, un 0,2% del plan estratégico.
En el desenfreno de gastos, el reimpulso de Río Turbio proyectaba un tren turístico de $ 700 millones que nunca avanzó a pesar de que el item ya insumió $ 300 millones.
En el presupuesto 2016, el gobierno que se fue dejó $ 3.000 millones para salarios y $ 2.000 millones para inversión de capital. Por ahora, la decisión de la administración Macri sería mantener la planta de 4.000 empleados, pero no inyectar capital a un proyecto dudoso.
En 2004, la mina tenía 1.000 empleados, cuatro veces menos que ahora y sacaba 312.000 ton/año de carbón. Ese año fue el trágico accidente que costó 14 vidas y disparó el proyecto de la usina a pie de mina que nunca pudo operar por falta de carbón.
La denuncia apunta a De Vido por idear “deliberadamente, un circuito de compras y contrataciones a contramano de las normas que correspondía observar, con un único móvil: vaciar la administración y apropiarse de los recursos públicos destinados al funcionamiento y explotación del yacimiento, la central térmica y los servicios ferroportuarios”. Esto es por convenios con la UTN por unos $ 3.000 millones.
