Uno de los dilemas que desgarran a Juan José Aranguren es si mantener el divorcio del precio de los hidrocarburos argentinos con el resto del mundo o si apurar el ensamble, honrando una idea fuerza muy firme en el Gabinete: que impere el mercado en el primer eslabón de la cadena de petróleo y gas. Cualquiera de las dos chances tiene hijos y entenados.
Mantener alto el precio de gas boca de pozo y del barril doméstico es un estímulo a la actividad para que no siga decayendo la producción, adormecida aún con el atractivo de Vaca Muerta. Pero implica un mayor esfuerzo fiscal para pagar premios a las petroleras y fuerza a los consumidores a afrontar precios más caros en todos los carburantes.
Dicho de otro modo, que en Argentina el barril de crudo liviano se remunere más de u$s 60 cuando en el mercado internacional no llega a 50 implica que las naftas resulten más caras. Y que el precio del gas boca de pozo hoy promedie los u$s 4 el millón de BTU explica en gran medida por qué el paralizado ajuste del gas resultó cruento.
El intríngulis es difícil y no sólo acalora las discusiones intestinas del Gobierno sino que divide aguas en las empresas del sector.
La recomposición de los precios del gas, discutida en los tribunales y a punto de ser analizada en audiencias públicas, tuvo como punto de partida la resolucióndel 28 de marzo pasado. A través de ella, el precio del gas boca de pozo trepó en promedio de u$s 2,37 el millón de BTU a 4, según indicó el Cronista.
Los precios de inyección al sistema son distintos según el destino final del producto. Por eso, en el caso del gas domiciliario la nueva tabla de valores fijada por resolución plasma una suba del 248% (de u$s 0,27 a 2,67 el MBTU).
El insumo dolarizado implica alrededor del 70% en el precio de las facturas. Tan así es, que el esquema de tarifa social está diseñado de modo tal que a los beneficiarios se los exime de pagar el precio del gas propiamente dicho y sólo afrontan el costo del transporte y distribución.
Los mayores precios en el ingreso al sistema implican una mejora importante para las productoras de gas en moneda dura. Si al comparar los precios de este año con los del 2015, no puede soslayarse la ventaja adicional de la devaluación del peso.
Pero no se trata sólo de una zanahoria para lo que produzcan en el futuro, como fue concebido el Plan Gas diseñado por el kirchernismo, que garantizaba con fondos públicos un precio de u$s 7,5 la unidad calórica mayorista para las compañías que incrementaran su producción sobre cierta base. El mayor precio ahora es para todas. Inclusive las que ya están amortizando inversiones decididas y ejecutadas sobre la base de un precio menor.
La Corte Suprema apuntó de algún modo a este hecho en su dictamen sobre los ajustes tarifarios gasíferos y sugirió analizar en audiencias públicas también los ajustes en el punto de partida, ya que éstos no surgen de la oferta y demanda sino de una decisión oficial, informalmente consensuada con las empresas privadas y luego plasmada en una resolución.
El tema resulta tan controvertido que en las últimas horas la cartera energética discutió acaloradamente la posibilidad de focalizar la audiencia pública del 16 de septiembre a analizar el precio del gas boca de pozo.
Una de las propias empresas beneficiadas con esa abrupta mejora en el precio del gas que ingresa al sistema le advirtió a Aranguren que el camino resultaba riesgoso. A juicio de ese interlocutor del ministro era mejor un sendero gradual que una suba tan abrupta del gas mayorista si se quería que el nuevo esquema tarifario fuese políticamente viable.
Pero Aranguren honró su carácter empecinado, apegado a una consigna de manual: no puede haber precios diferenciales por el mismo producto y defendió la idea de que todos los valores se igualen en algún momento y nivel. Más alto en dólares, eso sí.
YPF, Total y PAE emergen como las principales (aunque no únicas) aventajadas de aquella nueva grilla de valores en el punto de partida, que malhumoró a otros actores de la escena.
"No hubo gradualidad en el precio del gas boca de pozo. Y ahora se pone en riesgo nuestro propio aumento, que era mucho más moderado", se quejó ante este diario una transportadora, cuyo incremento tarifario del 200% en pesos, atado a un plan de inversiones y a la obligación de no repartir dividendos está ahora en stand by. Al igual que las distribuidoras, sus ingresos están en revisión.
Con el auge de la explotación no convencional, en los Estados Unidos el gas mayorista vale en ese mercado de referencia poco más de u$s 2 y el que Argentina importa de Bolivia cuesta u$s 3,56. En base a esas referencias, el producto local es caro.
Pero el Gobierno relativiza el razonamiento con dos argumentos. Uno es que está por debajo del GLP importado (u$s 6,65) o del gasoil que debe utilizarse para la generación térmica porque no hay gas suficiente ni en el país ni capacidad en las plantas regasificadoras para importar más (u$s 11,20). Idea similar a la que sostiene un experto como Daniel Gerold, para quien no hay dudas de que con un mercado libre el precio mayorista se alienaría con el valor más alto, en parte porque no hay contratos a largo plazo.
El otro argumento oficial defensivo es que, con los últimos incrementos ahora en revisión, el producto aún resulta "un 82% más barato" que en otros países de la región El PEN fue, incluso, un poco más allá con una osada resolución que permite exportar gas a Chile, a pesar de las carencias. Eso sí. La norma habilita un circuito que permite vender cuando acá sobra y reimportarlo cuando falta.
El desafío de la función pública está resultando para Aranguren más amargo de lo que imaginó, ya que lo enfrenta todo el tiempo con el dilema de la frazada corta.
Si alienta a los productores de gas y petróleo con un precio alto en dólares, lastima a residenciales, comerciantes, industrias y usinas y su pócima para seducir inversiones resulta indigerible. ¿Cómo evitar que las petroleras sigan bajando equipos de perforación y suspendiendo trabajadores fuertemente sindicalizados si, al mismo tiempo, se elimina el precio sostén de los hidrocarburos, bancado por el bolsillo de consumidores y contribuyentes?
