El reclamo de los expendedores bonaerenses para que se eliminen los beneficios a los combustibles en la Patagonia, que desató un ruidoso rechazo de todo el arco político y comercial de la región, se reproduce en un contexto de aguas agitadas para el sector. En el Congreso ya circula un borrador de un proyecto de ley para la comercialización de combustibles y resuena una modificación integral del esquema impositivo.

Más allá de cuál sea el resultado del proceso hay algo que está claro: la diferencia –en algunos combustibles de hasta un 20%– que se paga entre los despachos de la región y de las provincias por encima del paralelo 42° desaparecerá o se acortará.

El argumento de los bonaerenses es que los altos precios de las naftas y gasoil en el país responden a una política para sostener –por encima de los valores internacionales– la cotización del barril criollo. Y enfatizan que ese esfuerzo debe ser compartido por todos.

En paralelo opera una idea del Ministerio de Energía, que en los hechos ya ocurre a cuenta gotas, que es la de empalmar el valor del curdo local con el internacional. Esto debería traccionar para que los combustibles bajen en relación a los actuales valores.

Sin embargo, no desconocen que, con ese esquema, una recuperación del precio internacional sería letal para el consumo interno , por lo que la modificación de la arquitectura impositiva tiene en mente esa cuestión. Según trascendió, se analiza un esquema de bandas y no de porcentajes (como el actual) que amortigüe las variaciones.

Finalmente el reclamo de las estaciones de GNC, que en la Patagonia perdieron rentabilidad con los aumentos del fluido y la baja de los combustibles, podría terciar para que los valores tiendan a unificarse o reducir al mínimo la brecha. Lo que resta conocer es qué pasará con la rentabilidad de los estacioneros en todo este entramado.