La riqueza que genera la actividad petrolera en Mendoza encandila. Tanto que a la hora de analizar cualquier emprendimiento el foco está puesto, casi exclusivamente, en los recursos económicos que podrían generar. Inversiones enormes, regalías anuales por más de 3 mil millones de pesos, impuestos, mano de obra bien paga. Pero esa industria tiene una enorme deuda ambiental con Mendoza y que tiene fecha de vencimiento: el año que viene caducan muchas concesiones petroleras y las empresas deben sanear la contaminación que generaron por décadas.
Esos pasivos ambientales están divididos en dos grupos. Por un lado están las áreas petroleras que directamente vencen el año que viene y que las empresas deben solucionar antes de abandonarlas. Por el otro están las concesiones que fueron prorrogadas por 10 años, pero que tienen como condición para seguir el saneamiento de los pasivos ambientales. Los contratos de prórroga establecen que si el año que viene no solucionan la contaminación detectada, las concesiones podrían caerse. Sin embargo todo indica que las empresas no van a cumplir con los plazos y será necesaria una prórroga en los plazos. Por eso Fiscalía de Estado intimó al Poder Ejecutivo para que informe sobre el avance de esos trabajos.
Mientras tanto crece la preocupación por la falta de control sobre esa actividad. El derrame ocurrido la semana pasada en El Portón, que fue minimizado retóricamente por la empresa YPF y el Gobierno, se suma a otros hechos como el descubrimiento de un oleoducto clandestino, la explosión de un tanque con más de 10 mil metros cúbicos de crudo y el poco personal abocado a las auditorías.
En 2011 el Gobierno firmó la prórroga de las principales áreas petroleras. Los contratos originales vencen en 2017 y se estiraron por 10 años. Las empresas se comprometieron a invertir para potenciar la actividad, pero además debían cumplir la cláusula ambiental: sanear todos los pasivos que se detectaran. Ahora hay dudas sobre la magnitud de la contaminación. Originalmente las mismas petroleras presentaron sus propios informes, vía declaración jurada, con la cantidad de pasivos a sanear. Pero una auditoría determinó que eran más. El Gobierno designó al Cricyt para que realice un protocolo para categorizar los pasivos ambientales y la forma de tratamiento. Allí se redactó un método de caracterización. Los contratos son claros. "La empresa deberá presentar y ejecutar un plan destinado al abandono de pozos hidrocarburíferos, inyectores y/o cualquier perforación inactiva... Asimismo,deberá remediar, a la fecha de vencimiento del plazo original de las concesiones, los pasivos ambientales que surgieren de la evaluación del Informe Ambiental de la empresa, independientemente de la fecha en que los mismos se hayan producido", dice el acta firmada con YPF y replicada como modelo en todas las concesiones prorrogadas.
Cuando Celso Jaque y Sebastián Eskenazi (entonces CEO de YPF) firmaron los acuerdos para extender la concesión de 16 áreas petroleras por 10 años, se mencionaron más de 500 pasivos ambientales que la petrolera debía solucionar. Esa cifra sería mayor. Las áreas prorrogadas a YPF fueron El Portón (donde se detectó robo de petróleo y hubo un incidente ambiental la semana pasada), Barrancas, Cerro Fortunoso, El Manzano, La Brea, Llancanelo, Llancanelo R, Puntilla del Huincán, Río Tunuyán, Valle del Río Grande, Vizcacheras, Cañadón Amarillo (donde se construyó un oleoducto si autorizacion), Altiplanicie del Payún, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández y La Ventana.
Aunque la información es difusa hay casos testigo. En el área La Ventana, por ejemplo, los pasivos ambientales (contaminación) duplicaban lo declarado por las empresas YPF y Sinopec, que operan el área. La empresa había presentado un plan para 131 pasivos ambientales. Pero luego de la auditoría se describieron 262 situaciones de contaminación que la empresa debía sanear.
Fiscalía de Estado solicitó información e intimó al Gobierno para que detalle la cantidad de pasivos ambientales que deben solucionar las empresas, si hay un plan de trabajo, cuál es el grado de avance y qué controles hay. Esa intimación fue repetida tres veces y no hubo respuesta, ni del gobierno anterior ni del actual, comandado por Alfredo Cornejo. Quien debe aportar esa información y ejecutar los controles es la Dirección de Protección Ambiental. Desde Fiscalía analizan volver a intimar, pero ahora bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según explican desde esa repartición, la intención es no esperar a fines del año que viene para declarar el incumplimiento, pues eso significaría que caigan las concesiones, con las consecuencias que ello arrastraría. En paralelo se iniciaron actuaciones en particular por las áreas donde hay antecedentes o denuncias actuales de contaminación, como ocurre con La Ventana.
El año pasado las petroleras fueron intimadas para que saneen los pozos inactivos que son un potencial foco de contaminación para el suelo y el agua. La lista de focos de contaminación es enorme. Según la resolución 555 de la DPA, la petrolera estatal YPF tiene 1330 pozos inactivos. Pero casi todas tienen un saldo amplio de pozos petroleros inactivos y con riesgo de contaminación: Petrolera San Jorge 3 pozos, Tecpetrol S.A. 7 pozos; Roch S.A. 12 pozos; Chañares Herrados S.A. 16 pozos inactivos; Grecoil 28 pozos inactivos; Petroquímica Comodoro Rivadavia 42 pozos inactivos; Sinopec Argentina 46 pozos inactivos; Pluspetrol S.A.; 68 pozos inactivos; Petrolera El Trebol 127 pozos inactivos.
El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, explicó que la prioridad es controlar las empresas que podrían dejar concesiones luego del vencimiento para que no dejen la contaminación. "Fueron notificados hace algunos meses de que tenían que iniciar los procesos de saneamiento. Lo que no queremos es que ocurra como puede pasar con las mineras en San Juan, donde se sospecha que puedan irse dejando la contaminación. Hemos notificado a todas las empresas que están en explotación para que vayan haciendo el proceso de remediación y en caso de que deban abandonar la actividad, que solucionen los problemas ambientales antes", dijo Mingorance a MDZ Radio. En cuanto a la magnitud de los pasivos, el funcionario aseguró que se están relevando. "Se están relevando permanentemente pero hacemos hincapié en los casos en los que las empresas puedan abandonar la actividad. Hasta ahora se está trabajando bien, no hemos encontrado problemas profundos. En cada caso se los va emplazando y tienen que responder", aseguró.
