El Reino Unido está dispuesto a apostar por el negocio del shale gas a través del fracking a toda costa. Y es que la seguridad energética es un tema vital desde que se encendieron las alarmas sobre el declive en la producción de gas y petróleo del Mar del Norte en el año 2000 y la isla ha visto aumentar los volúmenes de compra de gas para abastecer el mercado interno.
En 2014 la importación de gas fue de 32.900 millones de metros cúbicos (MMm3) a través de gasoductos y 11.300 MMm3de Gas Natural Licuado (GNL), que junto a la producción local de 36.600 MMm3, cubrió con creces un consumo interno total de 66.700 MMm3, según las estadísticas anuales de energía mundial del BP Statistical Review 2015. Y, aunque el Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido (DECC, por sus siglas en inglés) aclara que las importaciones se redujeron un 10,8 por ciento con relación a 2013, es evidente que es necesario importar de sus proveedores en Noruega, Holanda, Bélgica, Qatar, Nigeria y Argelia casi la mitad de lo que se consume.
Reducir la importación y abaratar el precio del gas interno son los argumentos fundamentales que tiene el actual Gobierno para respaldar a esta industria, que promete en los próximos 25 años contribuir al fisco con 1.100 millones de libras esterlinas (1.710 millones de dólares); invertir 3.700 millones de libras (5.770 millones de dólares); generar entre 32.000 y 76.000 nuevos puestos de trabajo y satisfacer un tercio de la demanda interna de gas, según datos de la organización empresarial de Petróleo y Gas Onshore del Reino Unido (Ukoog, por sus siglas en inglés).
El Gobierno del primer ministro, David Cameron, ha flexibilizado los impuestos a la industria del fracking para ubicarlos en un 30 por ciento, menos de la mitad del 62 por ciento que pagan las operaciones del Mar del Norte y del 81 por ciento que todavía pesa sobre algunos campos offshore antiguos. También ha propuesto a las empresas un plan de compensaciones a las comunidades en un intento de allanar el camino al fracking.
Tanto el Gobierno como las empresas coinciden en que en un escenario de alta producción de shale gas o gas de esquisto, se podrían generar potencialmente 80.000 MMm3 de gas al año. Sin embargo, una producción mediana alcanzaría 9.800 MMm3 y un escenario de baja producción sólo sería de 1.000 MMm3.
Con las cifras hechas públicas y tras el avasallante aumento de la producción de shale gas en Estados Unidos (EEUU) con el fracking (272.600 MMm3 en 2014), el departamento británico de Negocios, Empresa y Reforma Regulatoria lanzó en 2008 la 13ra Ronda de licencias onshore, donde por primera vez las empresas solicitaron permiso para la exploración de gas de esquisto, junto a gas metano del lecho de carbón, gas metano de las minas de carbón, además de petróleo y gas convencional. La ronda ofreció 93 nuevas licencias y participaron 54 empresas.
En marzo de 2011 comenzó la primera perforación exploratoria con fracking que se ha hecho hasta ahora en la isla. La empresa de capital anglo-americano y australiano, Cuadrilla, perforó en el condado de Lancashire (noroeste de Inglaterra), pero las operaciones se suspendieron un mes después de haber comenzado, tras producirse dos temblores en la Costa Fylde (al oeste de Lancashire), de al menos 1,5 de magnitud, los cuales fueron atribuidos al fracking, según el Servicio Geológico Británico (BGS, por sus siglas en inglés).
La operación de Cuadrilla se suspendió, pero el interés por el gas de esquisto no se quedó allí, se intensificó aún más cuando en 2013 el BGS en asociación con el DECC calcularon en 40 billones de m3 la cantidad de shale gas “in situ” en un área entre Wrexham y Blackpool (oeste), y Nottingham y Scarborough (este), en el centro de Gran Bretaña.
La resistencia de la sociedad
Aunque el fracking convencional para producir gas y petróleo se ha utilizado en la industria petrolera desde la década de los 50 y se emplea en los campos offshore del Mar del Norte desde los 70, ha sido su nuevo uso intensivo y extensivo para la extracción de shale gas en los campos onshore, especialmente en EEUU y Australia, y el riesgo de contaminación que supone para los acuíferos, entre otros factores ambientales, lo que ha provocado el rechazo de la sociedad civil.
El fracking “es una nueva forma, más extrema de extracción de combustibles fósiles, cuyo objetivo son formaciones rocosas mucho menos permeables que las formaciones arenosas de donde se extrae petróleo y gas convencional... El hecho de que necesite muchos más pozos, cubriendo áreas más extensas, hace que el impacto ascienda a un grado mucho mayor”, recalca un informe publicado este año por el Consorcio de Derechos Humanos de la Universidad de Londres.
El investigador de fracking y especialista en Derechos Humanos, Damien Short, enfatizó en declaraciones a Energía16 que “existe evidencia considerable en EEUU y Australia acerca de los daños sociales y ambientales asociados a la fractura hidráulica, pero la industria y los partidarios del Gobierno tratan de negarlo”.
En el Reino Unido existen más de 100 grupos anti-fracking: Frack-Off, British Antifracking Action Network (Red de Acción Británica Anti-fracking), Desmog y Greenpeace, entre otras decenas de organizaciones locales, que están a la vanguardia del movimiento cuyo alto nivel de actividad mediática, protestas, acciones cívicas y distribución de informes nacionales e internacionales ha captado la atención pública y ha logrado, aparentemente, presionar a los gobiernos locales para que frenen las peticiones de fracking.
Tras manifestarse durante días enteros en la calle, el pasado mes de junio, las organizaciones Friends of the Earth (Amigos de la Tierra), 38 Degrees (38 Grados) y Avaaz entregaron al condado de Lancashire un pliego con más de 100.000 firmas que rechazaban el fracking en la zona. La acción se percibió como un triunfo sobre Cuadrilla, cuyas nuevas peticiones para explorar gas en las zonas de Preston New Road, Little Plumpton y Roseacre Wood, al noroeste de Inglaterra, fueron rechazadas en menos de una semana, causando sorpresa y decepción en la industria y el Gobierno.
“La política energética y el compromiso manifiesto del Gobierno se ha reducido... yo insto al Gobierno a revisar urgentemente el proceso de toma de decisiones... Otras compañías de exploración ya han declarado que van a incluirlo en sus propias solicitudes dentro de muy poco”, enfatizó Ken Cronin, portavoz de Ukoog.
Junto a Cuadrilla, Third Energy (Yorkshire Norte) y Celtique Energy (Sussex Oeste) conforman el grupo de empresas que hasta ahora han presentado solicitudes para iniciar operaciones. Sin embargo, la segunda es la única que espera una resolución del Gobierno local para realizar estudios de exploración y producción de gas, dado que el condado de SussexOeste, también le negó a esta última entidad la petición el pasado mes de abril.
Damien Short opina que aunque el fracking pareciera “mantener su expansión baja (en el Reino Unido), existen muchas otras prácticas de gas y extracción de petróleo no convencionales, como la gasificación subterránea del carbón, las cuales pueden iniciarse si la atención sólo se centra en el fracking”.
“Creo que el último caso de Lancashire será apelado (en la corte) por la empresa (Cuadrilla) y pueden estar bien respaldados por la Secretaria de Estado como método de apoyo para forzar su aprobación”, señaló Short.
Fracking, ¿en standby?
La industria y el Gobierno británico argumentan que todas las investigaciones sobre el impacto negativo que esta técnica tiene en el medio ambiente y las personas, se basan en documentos procedentes de EEUU, donde las leyes sobre la propiedad de la tierra, el manejo de las aguas y la contaminación tienen un régimen regulatorio diferente y responden a diversos incentivos. En EEUU, por ejemplo, los derechos de propiedad para la extracción de minerales son privados con lo cual se crea “un incentivo económico para los propietarios por permitir los trastornos asociados a las actividades de extracción de esquisto”, detalla un informe interno del Departamento Británico de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (Defra, por sus siglas en inglés), el cual no fue publicado hasta junio pasado cuando una orden de la Oficina del Comisionado de Información obligó a su difusión.
Mientras que en Reino Unido “los derechos de propiedad residen en el Estado y los propietarios de tierras no reciben ninguna compensación”, recalcó Defra, en cuyo informe detalla los impactos económicos, ambientales y sociales en las zonas rurales, pero señala al mismo tiempo que su informe “no es analíticamente consistente” y carece de “resultados concluyentes”.
En junio de 2012, la Real Academia de Ingeniería británica extrajo “que los riesgos ambientales (de salud y seguridad) se pueden gestionar de manera efectiva si se aplican las mejores prácticas operacionales a través de la regulación”.
Y según el DECC, la producción de shale gas en territorio nacional supondría un ahorro tanto en costes como en contaminación, ya que la importación de gas de esquisto implica emisiones contaminantes derivadas del transporte. Además Reino Unido tiene leyes ambientales más estrictas que las aplicadas en otros países.
La situación con el fracking pareciera estar a la espera no sólo en el Reino Unido sino en el resto de Europa, donde ya Holanda, Alemania y Francia han suspendido, al menos temporalmente, su uso para la extracción de hidrocarburos hasta que se aclaren las incertidumbres sobre el impacto ambiental.
A pesar de las decisiones vecinas, el capítulo del fracking promete generar aún más polémica, pues se espera que el Gobierno convoque la 14ta Ronda de Licencias, donde se ofertarán 416 nuevos bloques, sobre al menos el 48,1 por ciento del territorio de la isla. Las empresas, por su parte, se repliegan para determinar cual es la acción a seguir y la sociedad civil reclama estudios independientes y objetivos que aclaren el panorama.
