El Gobierno resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio de nombre homónimo no cumplió con demostras que tiene el financiamiento necesario para la realización de la obra, informó el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo.
"El proyecto del gasoducto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional", afirmó el titular del MEM.
El consorcio a cargo del proyecto está formado por la brasileña Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero. La presencia de Odebrecht, que ha admitido haber pagado sobornos en varios países de América Latina, ha sido la causa por la cual las entidades financieras no quisieron prestar dinero al consorcio.
"El consorcio no han sido capaces de llevar adelante el gasoducto porque el sistema financiero no cree en ellos", agregó Tamayo. Entidades financieras pidieron que Odebrecht saliese del consorcio, pero ninguna otra empresa quiso comprar la participación de Odebrecht en el gasoducto.
Queda ahora llevar a cabo la entrega de los activos de la concesión, según los avances realizados por el consorcio GSP.
La cláusula 6.5 del contrato de concesión menciona el plazo para el cierre financiero y la 6.7 establece que en caso el concesionario no acredite el cierre financiero al término de los plazos establecidos, el concedente (es decir, el Estado) queda facultado a declarar la terminación de la concesión por causa imputable al concesionario, y facultado para ejecutar la garantía de fiel cumplimento al 100%, esto último es por US$ 262 millones.
Es decir, hoy que vence el plazo, el Estado debe enviarle una comunicación al consorcio para informarle la terminación del contrato. La finalización no es automática, el Estado debe enviar la comunicación.
Asimismo, según lo establece la cláusula 20.4.1, ocurrida la terminación del contrato, el concedente (el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas) nombrará a un funcionario para que actúe como interventor del consorcio GSP.
En tanto, la cláusula 20.4.2 señala que el concedente, a través del interventor, convocará a una subasta pública para la transferencia de la concesión.
El contrato establece tres posibles subastas a realizarse en un plazo máximo de un año.
Para la primera subasta, el precio de referencia es el 100% del valor contable. Si no se presentaran postores hay una segunda subasta con un precio que tiene como referencia el 85% del valor contable. La tercera subasta, en caso nuevamente no hubiera postores, sería al 72.25%.
Finalmente, si las subastas no alcanzan el valor contable referido, el Estado debe completar el monto. Es decir, en última instancia si no hubiera subasta de los bienes el Estado tendría que pagar el 72.25% del valor contable de los activos.
Del monto que se reciba en la subasta se establece como máximo a pagar por el Gobierno el valor contable de los bienes descontando los gastos incurridos en la intervención y la propia subasta.
Si luego hubiera un saldo, se paga remuneraciones, derechos laborales, dinero que hubiera sido dado como deuda garantizada, tributos, multas y cualquier otro pasivo.
Por último, si quedara dinero se le entrega al consorcio GSP. Si producto de la subasta se obtiene más del valor en libros de los activos la diferencia es para el Estado
Hasta aquí es claro el proceso a seguir. Sin embargo, luego surgen dos interpretaciones acerca de cómo llevar a cabo la subasta de los activos que entregue GSP.
Las interpretaciones se dan a partir de que el ministro de Economía, Alfredo Thorne, afirmó que el contrato de concesión tiene varios candados, advirtiendo que de no realizarse el cierre financiero lo que se tiene que subastar es el contrato mismo, con lo cual no sería tan fácil en la licitación a llevarse a cabo hacer modificaciones, por lo menos en esa etapa.
En esa misma línea, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, dijo el viernes pasado en La Hora N, que según las cláusulas del contrato, lo que se tiene que subastar es exactamente “el contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación, pero no se pueden cambiar las bases”.
Aunque siempre queda la posibilidad de que luego el ganador de la subasta y el Estado puedan establecer cambios al contrato.
Alvarado agregó que lo que puede complicar la subasta es el intento de cambiar el esquema de ingresos garantizados que se cobra en las tarifas eléctricas por una garantía del Estado.
Sin embargo, para otros expertos consultados por Gestión, la transferencia de la concesión no tiene que hacerse bajo los mismos términos en que se encuentra la actual.
En opinión de los especialistas, el Estado puede cambiar los términos y condiciones para la nueva subasta. Señalan que siendo el contrato un acuerdo obligatorio entre las partes, una vez terminado el mismo nada obliga al Estado a mantener los mismos términos de la concesión frente a un tercero (es decir, los nuevos postores interesados en la concesión).
Advierten que si la subasta se realiza tal como está el contrato, se estarían asumiendo todos los cuestionamientos que se han hecho, como la garantía que se carga a los recibos de luz.
El ministro Tamayo dijo que este tema “hay que mirarlo bien”, para lo cual se nombrará una comisión en ProInversión para la relicitación.
A la fecha, el proyecto cuenta con un 37.6% de avance general y un 10.7% de avance en la construcción y montaje del sistema de ductos.
Se ha tramitado más del 66% de las servidumbres que se requieren y ya se encuentran en el país el 62.76% de los tubos para la construcción del ducto que tendrá más de mil kilómetro de extensión.
El último informe de la Contraloría que se conoce señala que a junio pasado el consorcio ha ejecutado US$ 1,440 millones del proyecto.
Asimismo, GSP dice que las obras que se llevan a cabo entre Cusco y Arequipa por el momento cuentan con 20 campamentos, 19 puntos de acopio de maquinaria y tubería.
Para llevar a cabo el avance del proyecto se han requerido 4,000 trabajadores.
Tamayo adelantó que el mecanismo de financiamiento, que involucra un pago a través de los recibos de luz, será eliminado, dijo el titular del MEM.
El ministro dijo que las normas señalan que el proyecto del gasoducto debe ser vuelto a concesionar antes de un año y sin modificaciones. "El contrato suscrito tiene características inusuales, pero, a pesar de ello, se nombrará un comité para ver una nueva licitación del gasoducto", dijo.
“Queremos que los ciudadanos del sur no sean perjudicados con el retraso en las obras del gasoducto, pero se acelerará los esquemas alternativos para asegurar el gas en la zona sur antes de dos años”, afirmó, según información de El Comercio.
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Carlos Del Solar, sacar una nueva licitación para colocar un gasoducto hacia el sur del Perú será complicado.
Ello, porque primero el Gobierno tiene que poner en orden el tema de la entrega del proyecto del Gasoducto del Sur del Perú (GSP), de manos del consorcio concesionario de este proyecto (liderado por Odebrecht).
Luego, según Del Solar, porque el Gobierno debe tener claro el tema de la asignación del gas que deberá transportar ese gasoducto, de tal modo que se dé seguridad a quien quiere invertir en una obra tan importe, agregó.
Segundo, se debe poner en las bases de licitación cuál será la demanda estimada que tendrá ese gasoducto para que no exista necesidad de apelar a medidas extraordinarias, como el financiamiento a través de los recibos de luz.
El expresidente de la SNMPE considera que el financiamiento del Gasoducto del Sur no debe comprometer a los usuarios a través de la tarifa eléctrica.
Sin embargo, el gerente general de Gas Energy Latín América Perú, Luis Felipe Fernández, señaló que el proyecto del GSP sigue siendo atractivo, porque considera que el Estado mantendrá el esquema de pagos garantizados que permitirá darle viabilidad.
“El hecho de que el Estado va a garantizar un ingreso va a ser fundamental, que se mantenga el esquema de ingreso garantizado, de cómo lo haga, eso ya le corresponde al Ministerio de Economía”, dijo a Red de Comunicación Regional (RCR).
El GSP tiene el esquema de pagos garantizados, que asegura al consorcio un transporte mínimo de 500 millones de pies cúbicos de gas por día bajo la modalidad take or pay (al margen de que se transporte o no este volumen). Este pago lo estaban asumiendo los peruanos mediante la tarifa eléctrica (recibos), informó El Correo.
EL COMERCIO
Este lunes vence el plazo para que el consorcio Gasoducto Sur Peruano presente el cierre financiero del megaproyecto al Estado. Según el contrato, firmado el 23 de julio del 2014, el consorcio tenía 30 meses para atraer a bancos que apalancaran los US$4.125 millones que vale la obra.
Pero no lo logró, en gran medida, como consecuencia de la escasa ‘bancabilidad’ del accionista mayoritario, Odebrecht (con 55% de participación), involucrado en una investigación judicial por pago de coimas a funcionarios públicos latinoamericanos.
Al no cumplirse el hito de cierre financiero, el Estado tiene la facultad de dar el contrato por terminado y convocar una nueva licitación del proyecto. En esta circunstancia, el Estado debe notificar al concesionario sobre la resolución del contrato.
El consorcio se adelantó a lo inminente y manifestó 72 horas antes que espera una comunicación oficial para iniciar el proceso de devolución de la concesión de la “mejor manera posible”.
Una nueva licitación del gasoducto podría demorar entre 12 y 15 meses si el Estado destina un equipo competitivo y presupuesto suficiente, opinó un analista del sector.
A juicio de Carlos del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la licitación debería ir acompañada por un estudio de mercado del gas del sur en el país. “Es más importante hacer esto y después licitar”, sostuvo.
Juan Mendoza, director de la maestría en Economía en la Universidad del Pacífico, insta al Estado a rediseñar el proyecto. “Los ingresos garantizados deben eliminarse, porque distorsionan innecesariamente el mercado de energía”, dice y apunta que esto impide desarrollar el potencial hidroenergético del país.
El analista llamó a un rediseño completo del proyecto, teniendo en cuenta la propuesta original de la empresa Suez Energy, que pasaba por la costa.
En lo que se refiere a Enagás y Graña y Montero, socias minoritarias del consorcio GSP con 35% y 20% de la participación cada una, respectivamente, ninguna de las compañías podría postular a una nueva licitación mientras no concluyan las investigaciones posteriores a la terminación del contrato actual, sostuvo el analista del sector antes mencionado.
Según Beatriz de la Vega, especialista en hidrocarburos de EY Perú, los nuevos postores deberían demostrar capacidad técnica y financiera, además de trayectoria de prestigio.
Luis Fernández, socio director de Gas Energy Latin America, descarta que los ganadores sean peruanos al cien por cien, ya que ninguna empresa local cuenta con la experiencia para manejar sola la obra.
De momento, han mostrado interés en el gasoducto el fondo de inversiones Brookfield y la Corporación Nacional de Petróleo de China. El grupo Sempra fue uno de los favoritos para la compra de la participación de Odebrecht en el gasoducto, pero desistió, limitado por las restricciones que impone en EE.UU. la ley anticorrupción en prácticas extranjeras a empresas y fondos, explicó el analista.
“Hay empresas americanas y europeas que sí participarían en un proceso competitivo y bien diseñado”, confió.
La promesa de que el gas natural de Camisea llegue a las regiones del sur peruano sigue siendo un sueño postergado una y otra vez. El consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por las empresas Odebrecht (Brasil), Enagás (España) y Graña & Montero (Perú), no tiene espalda financiera para terminar esta obra que tiene un avance del 37,60%. El viernes pasado anunciaron su intención de devolver la concesión al Estado.
El analista energético Víctor Medina Calderón planteó que el Estado ejecute la garantía que Odebrecht depositó en la firma del contrato. También propuso la devolución del dinero que las familias del país aportaron para financiar el gasoducto.
Medina hizo un balance del proyecto fallido y sostuvo que ningún banco quiso ser el aval financiero de este consorcio por los problemas de corrupción que afrontó la brasileña Odebrecht. “No era digna de crédito en ningún lado”.
Para Medina, ex integrante de los directorios de Petroperú y Electroperú en el gobierno de Fernando Belaunde, el proyecto actual está mal planteado y además sobrevalorado. Por eso consideró positivo que todo haya vuelto a foja cero.
Antes de la convocatoria a una nueva licitación internacional para continuar la obra se debe asegurar las reservas de gas para satisfacer la demanda de este tubo que partirá del Cusco y desembocará en la costa sur. Los lotes de Camisea no tienen más de 9 trillones de pies cúbicos (TFC) y solo para el sur se requieren 3 TFC como mínimo. En comparación con otros países, las reservas peruanas son austeras. Bolivia cuenta con 53 TFC probados, Argentina con 28 TFC y Venezuela con 365 TFC. “Bajo este panorama, la exportación del gas del Lote 56 constituye un crimen y un atentado para la seguridad energética del país”, añadió.
El también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial precisó que hay poco gas incluso para abastecer las necesidades del gasoducto que llega a Ica.
El Consorcio Camisea no puede satisfacer toda la demanda potencial. Para muestra un botón. Una empresa estadounidense iba a instalar una planta petroquímica en San Juan de Marcona (Ica). Hizo un contrato de 350 millones de pies cúbicos por día, pero solo se le podía abastecer de 120 millones, es decir, menos de la mitad. Decidió irse.
El gasoducto que pretendía sacar adelante el consorcio liderado por Odebrecht estaba mal planteado. No solo se excluía a varias ciudades del sur, tampoco era un proyecto integral, añadió Medina. Se pretendía trasladar el combustible para generar energía en los nodos a instalarse en Moquegua y Arequipa. No estaba prevista la industria petroquímica.
Recordó que el gas peruano está compuesto de metano, etano, propileno y butano. De estos cuatro elementos, el más valioso es el etano, y no estaba contemplado separarlo y trasladarlo en otro ducto.
En petroquímica hay tres etapas, entre ellas una básica para producir úrea, fertilizantes y nitratos. Para ello solo son necesarios el metano y el propileno. Para la etapa intermedia se utilizan el metano y el etano, que permiten hacer plásticos, fibras y rayos X. La etapa final y más avanzada de la petroquímica, en la que se usa el etano, posibilita la producción de artículos de alto valor agregado.
Un negocio como la petroquímica hubiera permitido generar, al menos, tres mil empleos y alta rentabilidad.
37,60% es el avance del Gasoducto Sur Peruano, según información del consorcio.
62,76% de los tubos para el tendido del gasoducto ya se encuentran en el Perú.
El proyecto estaba sobrevalorado desde la perspectiva de Medina. Cuando el proyecto lo tenía Kuntur Transportadora de Gas, se dijo que iba a costar US$ 1.320 millones por los 1.300 kilómetros desde Camisea hasta Ilo. Recordó que en el 2012 Kuntur elevó escandalosamente el costo a US$ 5.616 millones. Y el consorcio actual valorizó la obra en US$ 7.328 millones. Medina calcula que el costo por kilómetro iba a ser de US$ 3,5 millones. En comparación con gasoductos de otros países, el precio es tremendamente elevado.
El gasoducto Tarija de Bolivia a Sao Paulo costó US$ 600 mil por kilómetro. ¿Por qué debíamos pagar tres millones?, se preguntó.
Como el gasoducto ya no va, ahora se impulsará el gas virtual, es decir, el gas transportado en cisternas desde Pampa Melchorita para reconvertirse en plantas en Arequipa y conducido a través de redes domiciliarias. La propuesta no beneficiaría en gran medida a la población, pues el costo bordearía los 32 soles, casi lo mismo que un balón de gas.
