CÉSAR GUTIERREZ
Grupo Graña y Montero (GGYM) en aras de calmar las expectativas negativas que venían experimentando sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con su consiguiente correlato en sus ADS (American Depositary Shares) en la Bolsa de Nueva York (NYSE); salió a manejarse mediáticamente mediante la comunicación de un “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El tema de fondo que ha querido transmitir es su optimismo sobre lo que el estado le pagaría al Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), donde tienen una participación del 20%; por los bienes y avance de obras que según su entender, en el caso más pesimista, le permitiría cubrir el 95% de sus obligaciones contraídas al haber participado en el proyecto.
GGYM tenía razones fundadas para preocuparse, sus acciones en la BVL habían caído a un mínimo de 2.95 soles/acción, que significaba una desvalorización bursátil del 48.5% respecto a la cotización que tenía al iniciar noviembre del año pasado. Mientras que en la NYSE, la caída en el período 01 de noviembre 2016 al 23 de enero del 2017 había llegado a 45%. La comunicación ha dado resultado y ha permitido repuntar en Lima, 20% y en Nueva York, 18%.
La posición de GGYM está basada en que con el monto recaudado por la venta de bienes del Gasoducto Sur Peruano (GSP), pueda cubrir el 95% de la suma conformada por: 220 millones de dólares (MMUS$) que fue su aporte de capital; 129 MMUS$ de la garantía que proporcionó para el crédito puente que recibió el CGSP para realizar estudios, adquirir equipos y avanzar en obras y finalmente los 52.5 MMUS$ que aportó en carta fianza de fiel cumplimiento, que ha sido ejecutada por el estado peruano a través del Concedente, Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La suma de los montos señalados arroja la cifra de 401.5 MMUS$, de los que esperan por lo menos cubrir la suma de US$ 381 MMUS$ (95% señalado). Esto significa que la expectativa que tienen es que el Estado le reconozca al CGSP la cantidad de 1,905 MMUS$ (GGYM tomaría el 20% de esta cifra), por lo ejecutado hasta la fecha de terminación del contrato (23.01.2017).
La pertinencia del cobro está garantizada en el Contrato de Concesión (artículo 20.4.2) entre el MINEM y CGSP y reforzada por el DS-041-99-EM (artículo 45. Capítulo tercero. Título II). El gran tema en discusión es la valorización, donde el MINEM tendrá que seleccionar a una empresa que haga el trabajo. De hecho tendrá que ser una corporación internacional de primer orden y lejos de cualquier duda de favoritismo.
Es obvio que la discusión en el terreno político ya empezó, se alzan voces desde el Congreso reclamando que no debería hacerse pago alguno. En el terreno legal este discurso no tiene ningún asidero, sin embargo va mediatizar mucho el resultado de la valorización y más de una explicación se va pedir al Poder Ejecutivo. El plazo para el pago es de un año, contra más demore se encontrará con un gobierno más debilitado dada la impericia de esta gestión que ya es un mal endémico.
El otro tema que va atentar contra GGYM es el hecho que la vocación de PPK es que conjuntamente con Enagas continúen con el proyecto, por supuesto teniendo a Odebrecht Latinvest Perú SA fuera del consorcio. Aquí, la discusión llega a mayores por dos razones: el incumplimiento del cierre financiero que ha motivado la terminación del contrato ha sido del Consorcio, donde las responsabilidades son solidarias y no individuales. Sería un contrasentido defender un continuismo, es más, también lo es permitir la participación de GGYM y Enagas en un nuevo Consorcio que aspire reactivar el contrato terminado o un nuevo esquema. Una segunda razón será la implicancia de la participación de GGYM en las IIRSA Sur y Norte, donde ya hay señalamientos de actos de corrupción reseñados y cuantificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La suspicacia del conocimiento de los hechos ilegales por parte de la empresa peruana es legítima, a pesar de los esfuerzos contraproducentes del Gerente General de la empresa de intentar hacernos creer que no sabían nada. En esas condiciones y con la manifestación de las autoridades judiciales que GGYM será investigada, sería un suicidio político para el gobierno pretender que continúen con la obra o que participen como postores en otro concurso sobre el proyecto.
El buen repunte bursátil puede ser efímero, todo dependerá como discurren los hechos tanto en el tema de la valorización de lo ejecutado en el Gasoducto Sur Peruano y en las investigaciones del caso Lava Jato, que por el momento está centrado en la Línea 1 del Metro de Lima, pero que muy pronto se extenderá a las IIRSA, donde hay mucho tema sensible.
Héctor Becerril considera que compañía nacional es un “testaferro” de brasileña y Carlos Bruce refiere que sabía muy bien con quién realizaba el negocio. Pese a ello, empresa señala que no está impedida de participar en nueva licitación.
Luego de conocerse que la empresa Graña y Montero (GyM), socia de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, tiene la intención de recuperar $220 millones (95%) de su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), legisladores de diferentes bancadas cuestionaron esa intención y recordaron que GyM participó en el GSP con conocimiento de las coimas que ya daban las empresas cariocas en su país.
Mientras que en Brasil se develaban las coimas que entregaron las empresas de ese país a funcionarios de Perú, durante la gestión de Ollanta Humala (2014), se firmaba el contrato con la corrupta empresa Odebrecht para que realice la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La cronología de los hechos fue así. El ministro de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga, anunció el 23 de julio del 2014 con bombos y platillos el “inicio de la era del gas en el sur” al anunciar la adjudicación de la obra.
El proyecto del GSP no solo era un proyecto ganado por Odebrecht sino también por la española Enagás. En ese entonces, Graña y Montero no formaba parte de ese consorcio.
Entre tanto, las investigaciones en Brasil seguían avanzando y el tema de las coimas a funcionarios peruanos ya era conocido por las autoridades de ese país.
En el 2015, precisamente el 19 junio, Marcelo Odebrecht era detenido junto a otros funcionarios de su empresa.
Fue un escándalo mundial. No obstante, la empresa peruana GyM, el 10 de agosto del 2015, suscribía un memorándum de entendimiento con Odebrecht para adquirir el 20% del capital social de la empresa GSP.
Luego, el 29 de setiembre del mismo año, GyM anunciaba la inversión de $215 millones para ser socia del proyecto.
“¿Es normal que una empresa se arriesgue a invertir todo ese capital? ¿A seguir acciones de una empresa que venía siendo investigada y cuyo máximo representante estaba ya en la cárcel?”, cuestionó al respecto el fujimorista Héctor Becerril.
Desde el punto de vista de Becerril, la empresa GyM no habría gastado su dinero para una inversión tan riesgosa.
“Ambas empresas han participado en varias obras y concesiones. Graña y Montero acude a realizar una operación ficticia y simulada. Supuestamente, compra ese 20% y ahora sale a pedir el 95% de su inversión (...) Está jugando un papel en favor de Odebrecht y en contra del Estado. Es su testaferro”, manifestó.
En esa línea, exhortó a Graña y Montero a que diga de dónde sacó el dinero para formar parte del proyecto GSP.
“Eso se puede averiguar y eso lo tiene que hacer el fiscal, que demuestre de dónde sacó Graña y Montero ese dinero para esa inversión. Que revise sus cuentas financieras”, indicó.
El legislador dijo que si el Estado hubiese abierto una investigación a GyM, la empresa ya no podría pedir ese 95% de dinero invertido, ya que la ley lo impide.
“El Ejecutivo es muy blando (...) Ojalá que no le tiemblen las piernas a PPK y resuelva las concesiones que actualmente tiene Odebrecht junto a Graña y Montero”, destacó.
Por su parte, su colega de bancada Karina Beteta declaró que la empresa Graña y Montero no tiene, en estos momentos, los argumentos legales para que pueda exigir al Estado su inversión.
“Junto a Odebrecht son responsables y cómplices de los daños del país. Han generado inestabilidad jurídica, política, económica por su corrupción”, indicó.
Aseguró que sería “un escándalo” que Graña y Montero gane un proceso al Estado.
Al respecto, el vocero de la bancada oficialista, Carlos Bruce, indicó que GyM es una empresa que conocía con quién realizaba negocio.
“Muchos creemos que Graña y Montero debió saber con quién se asociaba (...) Es importante que la Fiscalía pueda actuar con las pruebas para tener certezas de que participó en irregularidades y aplicarle la cláusula anticorrupción”, sostuvo.
En esa línea, Bruce dijo que es seguro de que en alguna de las obras entre Odebrecht y Graña y Montero hayan habido actos de corrupción.
“Graña y Montero dice que desconocía y que por lo tanto los costos de esos pagos los ha asumido Odebrecht, eso es algo difícil de creer. Es poco creíble que Graña y Montero no supiera de esto”, destacó.
En esa línea, dijo que se debe buscar de qué “manera la empresa peruana puede hacer la reparación correspondiente” y, sobre todo, “conseguir las pruebas para acusarla”.
Por su parte, el legislador del Frente Amplio Jorge Castro, integrante de la comisión “Lava Jato”, indicó que el Ministerio Público debería tomar acciones concretas contra Graña y Montero.
“Han cedido a una serie de ventajas. Vienen investigando desde el 2015 y no hay nada concreto, eso llama poderosamente la atención”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que el Fiscal de la Nación no ha movido un dedo para enfrentarse al poder de la empresa peruana y que ha sido muy permisiva en su función.
“Los congresistas vamos a marcar una pauta de control político. No podemos estar confiando en una sola persona”, indicó.
Además, pidió al Ministerio Público ser más decidido. “No tiene justificación que no hayan tomado acciones como embargar bienes, cuentas bancarias, entre otros. Encima no quieren que se conozca el acuerdo al que llegaron con Odebrecht”, enfatizó.
2011 El proyecto del Metro de Lima (tramo 1) tenía una inversión inicial de $583 mlls., pero terminó en $885 mlls.
GyM: “No estamos inhabilitados para nueva licitación en el GSP”
A pesar de que formó parte del consorcio del Gasoducto Sur Peruano junto a Odebrecht, la empresa peruana Graña y Montero (GyM) señaló ayer que no está inhabilitada para participar en la nueva licitación para brindar gas a las provincias del sur. Cabe recordar que el Gobierno anunció una nueva licitación del Gasoducto en un plazo máximo de 12 meses.
