SEBASTÁN DE TOMA y MARÍA DEL PILAR ASSEFH
Un año después de que el Gobierno iniciara el "sinceramiento" de las tarifas de electricidad, y con nuevos aumentos ya anunciados, ¿ mejoró la situación de las distribuidoras? Números en rojo, inversiones por venir y deudas en disputa
El 1° de febrero de 2016 quedó registrado en los anales de la historia del sector eléctrico argentino como el día en el que se terminó el congelamiento de las tarifas, que así habían permanecido durante 15 años (desde que se dictó la Ley de Emergencia Económica número 25.561 en enero de aquel candente 2002) para un exclusivo y beneficiado sector del país.
En respuesta a estos aumentos, se presentaron algunas medidas judiciales que los anularon por un corto tiempo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y cuyos efectos aún persisten en lugares puntuales, como los partidos de La Matanza y Pilar. En cualquier caso, con el "sinceramiento tarifario" o los "tarifazos" -los motes con que comúnmente se los asocia-, en términos generales, sí se benefició a las empresas distribuidoras de electricidad en el ámbito del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Para comprender el meollo del asunto, hay que explicar cómo está compuesta la tarifa eléctrica en la Argentina. Se trata de cuatro partes que confluyen: el precio estacional de la electricidad, que es fijado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); el costo de trasporte, constituido por el Valor Agregado de Transporte, que significa menos del 1% de la factura que reciben los usuarios; el costo de distribución, que se conoce como Valor Agregado de Distribución (VAD) y es fijado por la autoridad competente; y los impuestos, que son variables y dependen del lugar del que se trate. El VAD lo decide cada jurisdicción, es decir, las autoridades eléctricas provinciales o municipales. En el único caso en que el valor es definido por Nación es el AMBA, dado que la concesión fue otorgada por el Gobierno nacional a las actuales firmas encargadas de realizar la distribución de electricidad, Edenor y Edesur, en 1992.
Los efectos de las tarifas congeladas comenzaron a sentirse a partir de 2005, cuando los precios del petróleo, sus derivados y otras commodities (cobre y mineral de hierro, por ejemplo), insumos esenciales de los gastos de capital del sector, aumentaron. Según argumenta Diego Bondorevsky, investigador Principal del área de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en un estudio publicado a fines del año pasado, las inversiones en infraestructura durante el período 2002-2015 se llevaron a cabo por fuera del sistema tarifario, motorizadas por el sector público "mediante la aplicación de cargos específicos y la movilización de recursos fiscales, casi sin apelar al endeudamiento".
Mientras tanto, a este sistema con valores fijos, pero inflación creciente, lo sostuvieron operativamente los subsidios: entre 2005 y 2015, el Estado nacional destinó u$s 85.000 millones al sector energético, de acuerdo a un estudio presentado por la consultora KPMG a mediados de 2016. Este andamiaje económico precario significó que la infraestructura se devaluara, lo que fue en detrimento de las empresas concesionarias, como se verá en las siguientes líneas.
Ahora bien, el VAD para el AMBA era, y es, sensiblemente más bajo que en el resto del país. ¿Por qué? Porque estaba congelado por la ley 25.561 ya citada. En este sentido, el Ministerio de Energía nacional dispuso normalizar las concesiones tras "12 años de inacción", lo que incluye la regularización del VAD así como un plan para recuperar la calidad del servicio y mejorar el control de las empresas concesionarias. Este proceso, que comenzó en febrero de 2016 con el primer aumento, se formaliza con un régimen que establece el VAD para el período 2017-2021.
"Febrero de 2017 es un hito, las concesiones se normalizan", indica Alejandro Sruoga, secretario de Energía Eléctrica de la Nación, en diálogo exclusivo con El Cronista. Aunque, añade, esto no va a ocurrir "de un día para el otro", dado que fueron 12 años de "letargo" durante los cuales hasta las multas estaban congeladas.
A partir del nuevo régimen, el VAD, que constituye entre el 29% y el 54% de las facturas, aumentará tres veces. Un 42% durante este febrero; otro 19% en noviembre de este año; y, finalmente, un 17% adicional en febrero de 2018. Esto implicará incrementos de 36% en las facturas que deberán abonar los usuarios a partir de marzo, un 9% en las de diciembre y un 8% en las de marzo del próximo año. Con esto, la tarifa quedaría actualizada, y los aumentos posteriores, hasta 2021, serían determinados por la eficiencia de las compañías distribuidoras y por la inflación.
Por ahora, según un estudio publicado por Fundación para el Desarrollo Económico (Fundelec) en octubre de 2016, la tarifa que perciben tanto Edenor como Edesur está un 50% por debajo del promedio nacional (exceptuando Tierra del Fuego, que está fuera del Mercado Eléctrico Mayorista). En todos lados hubo aumentos del VAD, lo que significa, dice Cecilia Laclau, de Fundelec, "que quizá la región más rica del país está pagando todavía mucho menos que la gente que vive en regiones que estadísticamente cuenta con menores ingresos".
A propósito de la eficiencia, el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren publicó, en las últimas semanas, datos que reflejan una incipiente recuperación de la calidad del servicio: se redujo el promedio diario de los usuarios afectados por corte tanto en la red de media como en la de baja tensión en un 36% y 53%, respectivamente, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. La duración de los cortes también se achicó en baja tensión (en un 45%) , aunque en media el promedio continua siendo de seis horas cada vez que se interrumpe el suministro, la misma cantidad de tiempo registrada durante 2015.
Pero no todo fue "coser y cantar" durante 2016. Fuentes del sector aseguran que, para evitar cortes masivos, como los que ocurrieron durante finales de 2015 y principios del año que pasó, se realizó un relevamiento del estado de la red de distribución de media y baja tensión del AMBA en agosto del año pasado, y encontraron más de un centenar de cables quemados entre las dos empresas.
Esto llevó al ENRE a organizar una comisión que incluyó a personal de Edenor y Edesur, así como a representantes oficiales, y que se reúne todas las semanas con el fin de agilizar los trabajos para mejorar la calidad del servicio con la mirada puesta en las altas temperaturas. Y, si bien existieron cortes del servicio, en los pasillos oficiales están satisfechos ya que lograron evitar los cortes programados que tanto dieron que hablar al inicio de la gestión de Aranguren.
La solución, al menos para una de las empresas, fue negociar con el sindicato de Luz y Fuerza que sus operarios comiencen a realizar múltiples tareas y que la (mal llamada) cuadrilla, que está compuesta por tres empleados, pueda ser de uno o dos para resolver fallas sencillas.
Lo primero que dicen, tanto funcionarios como los representantes de las distribuidoras, al ser consultados por los tiempos de mejora del servicio, es que no puede hacerse en un año, o en cinco, lo que no se hizo durante más de una década. En el Gobierno reconocen, sí, que las obras iniciadas en 2013 por el Ministerio de Planificación Federal -que conducía Julio De Vido (luego de cortes masivos de energía que aún están frescos en la memoria de todos) están comenzando a dar sus frutos. Sin embargo, según pudo averiguar este medio, algunas de las obras direccionadas a través del Plan Más Cerca -con presupuestos que se otorgaban discrecionalmente a los municipios- están detenidas, debido a que se detectaron irregularidades varias (fuentes consultadas en estricto off hablan de que pintar un poste salía $ 22.000).
Otra fuente de conflicto para el Ministerio de Energía es que los precios que pagan los usuarios están fuertemente subsidiados, lo que implica un importante desembolso de dinero por parte del Estado.
Con los aumentos decretados, el Gobierno logró pasar de un 70% de tarifa subsidiada en 2016 a un 53% durante 2017. Y, según los planes, este número debería bajar a 37% en 2018 para llegar a 10% en 2019 (estos cálculos no incluyen a la tarifa social, de la cual son beneficiarios el 25% de los usuarios del AMBA). De este modo, durante 2016, los desembolsos del Estado fueron de $ 142.000 millones, y se espera que este 2017 pueda ahorrarse entre
$ 36.000 y $ 39.000 millones.
El 2016 no fue sencillo para Edenor, que estuvo (una vez más) a punto de enfrentar la disolución, ya que perdió $ 1.842 millones durante los primeros nueve meses del año, situación que la llevó a presentar un déficit patrimonial de $ 317,2 millones en el período mencionado. ¿Motivos? Diversos: las medidas judiciales que impidieron aplicar los aumentos en Pilar y La Matanza, y que, además, los obligó a devolver lo cobrado en facturas subsiguientes; y las multas aplicadas por el Estado a partir de interrupciones varias de suministro.
En 2015, la empresa encaró un problema similar, que llevó a que el gobierno kirchnerista le girara $ 2.200 millones para impedir la disolución. Para resolver el intríngulis de 2016, Cammesa, la firma que se encarga de administrar el Mercado Mayorista de energía, le extendió una nota de crédito por una suma cercana a los $ 1.300 millones (que, al no ser un subsidio, sino un préstamo, la empresa propiedad de Marcelo Mindlin deberá devolver en varias cuotas, cuando lo disponga el ENRE).
Por su parte, el rojo de Edesur en el período enero-septiembre de 2016 fue de $ 210 millones. De todos modos, en una medida que aún no entró en vigencia, recibirá una condonación de la deuda que la empresa propiedad de la italiana ENEL mantiene con Cammesa por $ 430 millones. Lo mismo correrá para Edenor con su deuda de
$ 1.200 millones, así como para varias distribuidoras nacionales.
La suba de tarifas, que en total llega al 148%, repercutirá de manera positiva en las distribuidoras: se espera que en 2017, por primera vez en cinco años, obtengan ganancias. Así, desde el Gobierno esperan que puedan mejorar sus inversiones. Si vos tenés empresas que no funcionaban como tales, no les podías exigir nada, señalan fuentes cercanas a la situación. El Gobierno anterior quería la calidad de Suiza con los precios de Somalia, añaden.
Fuentes de Edenor afirmaron a El Cronista que el Gobierno abrió un sendero mucho más sustentable. Quizá consecuencia de ello, Ricardo Torres, su presidente, anunció en octubre último inversiones de más de $ 25.000 millones para los próximos cinco años. Según la empresa, como la Revisión Tarifaria Integral recién entró en vigencia en febrero (lo que significa que ellos comenzarán a percibir los aumentos en marzo), los desembolsos durante 2017 serán de alrededor de $ 4.700 millones -ya que la puesta en marcha de las licitaciones toma su tiempo-, mientras que el promedio para los siguientes cuatro años será de $ 5.000 millones. Una de las apuestas a largo plazo que tiene en carpeta Edenor son los MAPIS -medidores para la inclusión social-, que permiten al usuario abonar la electricidad por adelantado con un sistema prepago.
La firma ya tiene instalados 4.700 de estos equipos a modo de prueba, y de forma voluntaria, en Escobar, Merlo y Moreno. Previa autorización del ENRE, desde la distribuidora tienen intenciones de colocar otros 50.000 que servirán, explican, para normalizar el suministro eléctrico en zonas de difícil acceso como lo son los barrios de emergencia.
Mientras tanto, desde Edesur sostienen que, con la asunción de las nuevas autoridades, se inició un proceso de normalización del sector eléctrico y hoy la relación con los funcionarios tanto del Ministerio de Energía como del ENRE es cordial, de trabajo en conjunto, apoyo mutuo y especialmente mucho diálogo.
Las nuevas tarifas decretadas en febrero de 2016 hicieron que la facturación aumentara notablemente, aunque el resultado financiero de la compañía en 2016 fue de una pérdida de $ 258 millones debido al revalúo de las multas pendientes, explican los voceros de la empresa de capitales italianos. Lo importante en este punto es que, con los nuevos valores, la empresa puede planificar inversiones en mejoras según sus ingresos y, además, el futuro del negocio recupera previsibilidad.
La compañía informa que, durante 2016, invirtió $ 2.700 millones en obras que, sumadas a las ya ejecutadas durante 2014 y 2015, se vieron reflejadas en el suministro eléctrico del presente verano, en el que las interrupciones en bajaron un 25% respecto al verano anterior. Para 2017, Edesur prevé invertir alrededor de $ 3.500 millones, que destinará a mejorar las redes de media y baja tensión.
