Los proyectos de declaración que se oponen al uso de los recursos naturales como garantía de deuda serán tratados en la sesión de mañana de la Legislatura.
En enero pasado el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que contiene diez exclusiones a la renuncia de la defensa de la inmunidad soberana, entre las que se incluyen las reservas del Banco Central y los bienes de dominio público.
En este último caso, menciona específicamente a los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial. Pero la norma no incluye el artículo 236 que refiere a los bienes de dominio privado que pertenecen al Estado. Allí se contemplan, entre otros, a “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería”.
En el recinto se debatirán dos proyectos. Uno tiene despacho de mayoría y fue propuesto por el Movimiento Popular Neuquino. Ratifica la llamada “ley corta” y le pide al Ejecutivo nacional que excluya específicamente los recursos de las operaciones de deuda. El despacho de minoría insta a la derogación del decreto.
El decreto contiene diez exclusiones a la renuncia de la defensa de la inmunidad soberana, entre las que se incluyen las reservas del Banco Central y los bienes de dominio público. En este último caso, menciona específicamente a los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial. Pero la norma no incluye el artículo 236 del mencionado código que refiere a los bienes de dominio privado que pertenecen al Estado. Allí se contemplan, entre otros, a “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería”.
No se abandona de la protección de la inmunidad soberana a bienes localizados dentro o fuera del país que presten un servicio público esencial, los afectados a la diplomacia de la Argentina, ni a los impuestos o regalías adeudadas al país, como tampoco al derecho de recaudar impuestos. Hay otros sectores que quedan con paraguas legal, como los bienes que forman parte de la herencia cultural de la Argentina o los que están bajo control de la autoridad militar.
Por este decreto y otro de similares características, el Nº 231 que procede de igual forma pero con tribunales en Suiza, el abogado Eduardo Barcesat, junto a otros dos letrados, presentaron una denuncia penal contra Macri.
La Cámara de Diputados de Neuquén aprobará este martes una declaración para que el Ejecutivo nacional aparte explícitamente de cualquier garantía de deuda a los yacimientos de hidrocarburos, que son propiedad del Estado provincial.
El orden del día resuelto por la comisión este lunes, establece como primer punto el tratamiento en general y particular de dos despachos sobre el proyecto de declaración respecto al dominio originario de los recursos naturales.
El de mayoría declara la plena vigencia de la Ley Corta que establece que le corresponde a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales y solicita al Poder Ejecutivo Nacional que excluya explícitamente a los yacimientos hidrocarburíferos que pertenecen al dominio privado provincial como garantía de deuda y ratifica el artículo 121 de la Constitución Nacional. Mientras, el de minoría insta a la derogación de los decretos.
Se aprobará, se daba por descontado, el despacho por mayoría, que fue realizado por el bloque del MPN.
Por otra parte, se tratarán en general tres proyectos de ley presentados por el gobernador Omar Gutiérrez en el inicio de sesiones del 1° de marzo: el que modifica el artículo 14 de la Ley 2.766 -de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA)-; el que adhiere a la Ley Nacional 27.231 -Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola-; y la que adhiere a la Ley Nacional 27.328 -Contratos de Participación Público Privada-.
En particular se tratará la adhesión a la Ley Nacional 27.159, del Sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.
10 son las excepciones que contiene el decreto sobre protección soberana en caso de demandas internacionales.
El tema del decreto 29 es sensible frente a demandas potenciales en tribunales internacionales, Vaca Muerta no pasa desapercibida.
