El CEO de la petrolera analiza grandes volúmenes de datos, lo que le permite saber dónde se producen los robos de nafta, que luego se vende en las estaciones de servicio.

José Antonio González Anaya, el economista al timón de Pemex, abre su iPad y observa atentamente las imágenes provenientes de un dron.

Tomadas a la medianoche en la región central de México hace unos meses, las granulosas imágenes revelan una fila de 148 camiones que esperan para extraer combustible desde una canilla ilegal agregada a un ducto –un claro ejemplo de la escala del robo de combustible en México, fenómeno que está costando al grupo petrolero estatal al menos u$s 1000 millones por año.

El problema no es nuevo pero ha crecido 2000% en la última década. La mayor parte del combustible robado termina en las mismas estaciones de servicio de Pemex.

Ahora González Anaya, que estudió economía e ingeniería en el MIT, hizo un doctorado en economía en Harvard y es un confeso amante del big data (análisis de datos masivos) hace el seguimiento de los inventarios de combustible y rastrea las facturas para determinar dónde termina el que fue sustraído. 

El gobierno de México ya envió 2000 soldados al área más afectada. González Anaya apuesta a que una medida severa adicional en las estaciones que están vendiendo combustible robado los conducirá a exigir precios mucho más altos por la mercadería ilegal y, entonces, los números ya no les cerrarán a los delincuentes que la proveen. 

"Queremos reducir la demanda. Esto es realmente lógico para un economista... Lo que hay que hacer es crear la percepción de riesgo", dijo el CEO a Financial Times. Hasta ahora fueron cerradas unas 15 estaciones de servicio por vender combustible robado –una gota en el océano dado que México tiene unas 12.000 bocas en total– pero estoy recién empezando", dijo. Los funcionarios sostienen que el precio de la nafta extraída ilegalmente subió en las últimas semanas a 11 pesos mexicanos (59 centavos de dólar) por litro. Los surtidores cobran algo más de 16 pesos por la nafta más barata. 

México abrió su mercado de combustible a la competencia privada mediante una emblemática reforma en 2013 que puso fin a ocho décadas en que Pemex tuvo el monopolio de todo, desde exploración y producción hasta distribución de combustible. Empezaron a operar estaciones de servicio que no son de Pemex, pero todavía venden combustible de la petrolera estatal azteca.

Eso brinda a Pemex una herramienta vital. Sabe cuánto combustible está vendiendo y los surtidores de nafta automáticamente informan a la compañía, en tiempo real, cuánto están despachando. Esa información debería coincidir con la facturación declarada de la estación de servicio y el impuesto pagado. "Las cifras tienen que ser iguales", agregó. "Y no lo son". 

Detectar el problema no es difícil. Cuarenta y un pisos abajo de la oficina de González Anaya en la torre Pemex en Ciudad de México, está lo que se llama "sala de crisis". Afuera de ella los técnicos siguen los movimientos de la red de ductos del país desde un centro de monitoreo repleto de pantallas.

Los gráficos con colores muestran la presión de los ductos a lo largo de los mismos, lo que permite detectar fácilmente inusuales variaciones. "Esta era una canilla", dijo René Becerra, subdirector de control de flujos, señalando un gráfico que muestra una repentina caída en la presión en un ducto en la mitad de la noche. 

El sistema de control existe desde hace al menos 20 años pero México carecía de coordinación. "Todos estos datos nunca antes fueron cruzados. No sé por qué. Ellos no son economistas. No son amantes del big data. Yo lo soy. He visto estaciones de servicio que nunca me compraron combustible. He visto estaciones de servicios con comportamiento anormal. Sé lo que está pasando", dijo González Anaya.

Aún así, se horrorizó al ver la escala del problema: una operación criminal altamente organizada en la que el ducto es desterrado, las válvulas son modificadas y mangueras que miden hasta 4 kilómetros desvían el combustible automáticamente cuando pasa por esa sección del ducto. También reconoce que algunos trabajadores de Pemex podrían estar involucrados en el robo.