Una de las conclusiones es que sumar al área forestal, por ejemplo, implicaría ahorros para el país en torno a los US$ 2.400 millones anuales.
Mientras en los últimos días el Acuerdo de París para combatir el cambio climático estuvo en boca de todos, la Asociación de Generadoras recibía la versión final de un estudio que analiza las opciones más costo-efectivas para que Chile cumpla la meta de reducir en 30% la intensidad de sus emisiones de CO2 al 2030, respecto del nivel de 2007.
Una de las conclusiones del análisis que realizó la consultora Poch Ambiental es que el plan de acción que la autoridad establezca para alcanzar ese compromiso debe ser integral e incluir a otros sectores además del de energía (que no sólo considera la producción eléctrica) que -según datos de 2013- representó el 77,4% de las emisiones totales del país (31% generación, 24% transporte y 17% consumo de industria y minería).
El documento establece que aunque lo anterior evidencia que parte importante del cumplimiento de la meta establecida en este convenio internacional es atribuible a este sector, resulta más costo-eficiente incluir a otros y permitir sinergias a la hora de realizar mitigaciones, fomentando la cooperación intersectorial.
Lo anterior porque hasta ahora energía es el único que cuenta con un anteproyecto de Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el que asume que a esta área le correspondería el 30%de la meta de reducción (el gobierno aún no distribuye las responsabilidades por área emisora). La implementación de este plan costaría US$ 1.400 millones y produciría un ahorro neto potencial de US$ 900 millones.
En este caso, el costo para abatir una tonelada de CO2 sería de
US$ 500 millones, mientras que en el caso de incluir a otros sectores, como el forestal, los ahorros para el país podrían rondar los US$ 2.400 millones anuales.
El vicepresidente ejecutivo del gremio, Claudio Seebach, explicó que el estudio muestra que en términos generales las medidas de mitigación asociadas al sector generación eléctrica serían menos costo-eficientes, es decir, con alto potencial de abatimiento pero con mayor gasto que las de transporte, consumo residencial y comercial, e industria-minería y forestal.
“El costo promedio de abatimiento para el sector generación es de US$ 34,8 por tonelada; mientras que para transporte por ejemplo, es de US$ -158, teniendo éste como medidas más costo-eficientes la electromovilidad de taxis y vehículos livianos”, explicó.
Añadió que eso muestra que la mayor eficiencia a la hora de mitigar está en el uso de la energía, más que en su producción, considerando especialmente el tránsito que experimenta el sistema eléctrico local hacia una matriz de generación más limpia, por la consolidación de las energías renovables no convencionales.
Un punto que enfatiza el estudio es que dado que hay medidas domiciliarias, como las instalaciones de aireadores en las llaves del agua o el uso de iluminación eficiente, que son mejores, se debería permitir que las mitigaciones puedan ser intersectoriales.
Otro punto está relacionado con el impuesto a las emisiones, instrumento que se plantea debería ser reorientado desde la mera recaudación fiscal, al financiamiento de estas medidas de reducción. Ambos factores requieren modificaciones para analizar y cerrar las brechas de carácter técnico, legal y/o institucional que permitirían que los sectores que deben mitigar emisiones puedan compensar en áreas como la eficiencia energética o el manejo vegetacional, por ejemplo.
A ello se suma además el imperativo de establecer un mercado para estas mitigaciones de emisiones, el que incluso podría tener alcance internacional, plantea Seebach.
