La iniciativa establece que “en el ámbito del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (R.U.P.A.E), el que tendrá carácter obligatorio y público”.

Asimismo, el proyecto determina “como obligación para todas las empresas, que el monto total anual en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con Proveedores Santacruceños, inscriptos en el RUPAE, no podrá ser inferior al treinta por ciento (30 por ciento) del monto total contratado con todos sus proveedores, y conforme a la metodología y requisitos que establezca la reglamentación. Además, indica que “las empresas deberán dar prioridad de contratación a proveedores santacruceños, inscriptos en el RUPAE, siempre y cuando se configuren cotizaciones similares en hasta un quince por ciento (15 por ciento) superior respecto de otras que no estuviesen radicadas”.

Por otra parte, durante la reunión, la titular de la cartera comercial le trasladó a los representantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz la importancia de realizar las reuniones entre las mineras y los proveedores locales en las localidades con enclaves mineros, que es en definitiva donde se desarrolla la actividad y de mayor acceso y participación para el empresariado local.

Los diputados del bloque oficialista de Santa Cruz señalan que “es conocida por todos la preocupación del empresariado local al observar cómo las distintas empresas que operan en nuestra provincia explotando nuestros recursos no contemplan la posibilidad de adquirir insumos, contratar servicios o realizar cualquier contraprestación con proveedores santacruceños”. “Ello, sumado las tantas dificultades del comercio local, ayuda a configurar un estado de crisis que repercute no sólo en lo económico sino en todos los aspecto dela vida de nuestra provincia”.

“Es necesario y oportuno contar con una mayor intervención del Estado en este sentido con el sano objetivo de crear condiciones para que se revea la situación antes planteada, ello nos permitirá capitalizar, a favor del empresariado y proveedores radicados en la provincia, el poder de compra de las grandes empresas establecidas en Santa Cruz vinculadas a actividades económicas como lo son la minería y el petróleo”.

“Contar con un marco regulatorio de la problemática planteada, permitirá a las grandes empresas, adecuar su planificación y proyectos de compras y contratación de servicios, para así dar prioridad y previsibilidad a los proveedores locales; siempre y cuando éstos cubran las expectativas técnicas necesarias y compitan en calidad y precio con el resto de los oferentes nacionales”, sostiene los diputados Jorge Arabel, Carlos Santi, Santos Lemes, Claudio García y José Bodlovic.