El esquema que reemplazará a los reembolsos por puertos patagónicos es hoy apenas un boceto que todavía no se redactó en términos de proyecto de ley. Ingresaría al Congreso después de las elecciones. Su instrumentación sería posible recién en el segundo semestre de 2018 o en 2019.

El oficialismo logró, en términos políticos, evitar un revés parlamentario en lo que hubiese significado el rechazo al DNU del presidente Mauricio Macri por medio del cual se eliminaron los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos. La cartera de Rogelio Frigerio, por un lado, y el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, por otro, consiguieron desarticular la estrategia opositora que pretendía rechazar el polémico decreto y restablecer la vigencia de los reembolsos.

Varias provincias patagónicas agobiadas por las urgencias económicas, mientras pedían auxilio financiero en la Rosada, aceptaron darle una tregua al gobierno nacional en este tema. Ello implica no tratar en el Senado el rechazo del DNU y seguir discutiendo un nuevo esquema de reintegros a las exportaciones. Por el momento, solo se barajaron ideas y propuestas; y hasta ahora solo se trata de un boceto que todavía no se redactó en términos de proyecto de ley.

Los patagónicos resignaron los reembolsos y se quedaron con el compromiso de Cambiemos que promete girar un proyecto de ley después de las elecciones de octubre. En el más optimista de los escenarios, si hubiera un proyecto consensuado, difícilmente llegue a ser tratado por las dos cámaras del Congreso antes de fin de año.

La semana pasada, el gobierno de Macri envió a los legisladores de la Patagonia las bases de un acuerdo sobre beneficios para “productores patagónicos”, cuyos detalles fueron adelantados por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

El acuerdo contempla reemplazar el sistema de reembolsos a exportaciones por puertos patagónicos por un sistema de reintegros a productores de la región, e implementar un programa de modernización e infraestructura para mejorar la competitividad de esos puertos. Hasta allí, son enunciados de objetivos globales.

Entre las pocas precisiones que han trascendido, se establecería que los reintegros se hagan por “productos renovables producidos en la región”; y expresamente serían incluidas las industrias minera y petrolera. En tanto, los beneficios se asignarán “en forma directa a los dos primeros eslabones de las cadenas productivas”, es decir, no a los exportadores, sino a los productores primarios y actores que industrialicen o agreguen valor.

Asimismo, trascendió que el Gobierno nacional asignará fondos específicos, probablemente del Fondagro, para garantizar el acceso al crédito de los productores que decidan invertir en bienes de capital que agreguen valor a su producción; y se creará un ámbito de seguimiento y control de la operatoria.

En rigor, nadie tuvo acceso aún al proyecto, por una simple razón: aún no está redactado. El oficialismo evitó que se tratara el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 1199/16, cuya votación vino siendo postergada desde marzo, debido a las negociaciones que el Poder Ejecutivo abrió con los gobernadores de las provincias patagónicas.