CLEDIS CANDELARESI
Emparejar los valores locales con los internacionales tiene varios bemoles. Hay trabas legales, impositivas y hasta operativas para lograrlo.
Apenas suspendido el acuerdo para regular los precios del crudo local, las refinadoras se disponen a aumentar los combustibles en surtidor en alrededor del 10% promedio país en los próximos días, mientras Energía trabaja en el proyecto de ley que en un futuro permitirá mitigar esas subas bajando los impuestos que gravan esos productos. Sin embargo, la Argentina parece muy lejos de lograr un empalme armónico con el mercado internacional, que haga oscilar el valor de las naftas en el mismo sentido y magnitud de lo que ocurre afuera.
Desde el primer día de este mes quedó suspendido el Acuerdo para la transición de los precios internacionales de la industria hidrocarburífera, celebrado entre productoras y refinadoras, que en los últimos meses fijó arbitrariamente el valor del “barril criollo” por encima de lo que costaba el crudo en el mercado internacional (US$47 para el Escalante y US$55 para el Medanito). También previó una fórmula para ajustar trimestralmente el de los combustibles en base al costo de ese insumo, el tipo de cambio y el costo del biodiesel, que obligatoriamente integra el 10% de los carburantes.
Al documento lo firmaron Wintershall, YPF, Pampa, Total, Chevron, PAE, Pluspetrol, Oil, Refinor, Axion, Shell y CGC. Pero algunas productoras no lo rubricaron por considerarlo poco ventajoso. Por ejemplo, Tecpetrol, la energética de Techint, cuya rebeldía la benefició: desde abril pudo vender el Escalante a precio de exportación que estaba por encima del de aquella grilla.
Desde el punto de vista formal, los precios del petróleo y los combustibles en Argentina son libres, aunque en los últimos años estuvieron sujetos a distintas normas o pactos de caballeros entre las firmas del sector. Por eso el Acuerdo fue suscripto entre empresas privadas y sólo “refrendado” por el Ministerio de Economía, con alcance temporal limitado a enero del 2018 o al momento que el crudo en el mundo arrimara su valor al barril local, tal como ocurrió. Ahí quedó suspendido.
Sin el corset de ese acuerdo, las empresas tienen las manos más libres para remarcar, algo que ya empezaron a hacer en el segmento mayorista de gasoil, anticipando lo que sucederá en los surtidores minoristas. Aún no hay precisiones del cuánto y del cuándo, pero sí están los cálculos hechos. Estos coinciden en un 6% en promedio para el gasoil y el 12% tope para las naftas, con leves diferencias entre las marcas y, básicamente, regiones del país.
Los justificativos que las empresas danes que con un aumento promedio del 15% en lo que va del año las naftas están retrasadas respecto a la inflación prevista para el año, por lo que esa suba ni siquiera expresa la de sus propios costos. El 80% de ellos corresponde al crudo, su principal insumo, que se cotiza en dólares; el 20 restante es para cubrir otros gastos y el margen de refinación.
Al valor neto del combustible se le añaden los impuestos, que en conjunto representan alrededor de la mitad de lo que paga el consumidor. La gravitación de la carga fiscal hace que las petroleras le pidan al Estado que baje esos gravámenes así ellas pueden aplicar aumentos que mejoren sus ingresos sin que se resientan las ventas. Lo dijo días atrás públicamente el titular de YPF, Miguel Gutiérrez.
Juan José Aranguren confirmó al Económico que el Gobierno está trabajando en un proyecto para amortiguar las oscilaciones de precios haciendo flexible la carga tributaria. El ministro imagina un Impuesto a la Transferencia de los Combustibles móvil, que baje cuando el petróleo sube y suba cuando baje. Así, los precios minoristas de las naftas estarían más estables. Pero los cambios tributarios requieren aval del Congreso y son un ingreso coparticipable, lo que sujeta el proyecto oficial al permiso de las provincias.
Para que haya un auténtico maridaje de precios con el mundo, tal como aspiran empresas y Gobierno, sería necesario liberar a pleno el comercio exterior, lo que no parece posible, al menos en términos tan llanos.
Las exportaciones locales están limitadas por la obligación de priorizar el mercado interno: sólo puede exportarse el petróleo y sus derivados que “sobran”, según la ley de Hidrocarburos, que el Gobierno no tendría intenciones de modificar.
Las importaciones también están condicionadas por un registro de operaciones: Energía debe autorizar cada compra y sólo lo hará si el producto que se pretende importar no estuviera disponible en el mercado local. Esta valla, creada por el decreto 192 del 20 de marzo, respondió a un pedido de las productoras de petróleo, alertadas porque refinadoras estaban aprovechando el crudo más barato del exterior para importarlo.
El Gobierno accedió a ese reclamo para proteger a la industria local. Pero este gesto proteccionista va en contra de la lógica oficial y de la estrategia de favorecer el ensamble con el mundo. Para Aranguren eso puede subsanarse rápido, eliminando el registro de importaciones. Entonces, los precios internacionales podrían imponer un límite a los locales: si el crudo o el producto se encarece mucho acá, se trae de afuera.
Pero varios especialistas y algunas voces de la industria interpretan que la ley de Hidrocarburos también condiciona las compras al exterior y que esas restricciones subsistirían aún sin registro. Por lo tanto, productoras y refinadoras nunca tendrían la garantía total de que podrán comprar al exterior cuando les convenga por precio, si no hay alguna carencia interna que lo justifique.
A ese debate legal abierto se le añaden restricciones operativas. Sólo las grandes refinadoras tienen infraestructura apropiada para almacenar y logística para distribuir combustibles en un mercado dominado por pocas compañías. YPF registró en lo que va del año un 56,3% del market share de los combustibles, seguida por Shell con el 16,9%.
Acá empiezan a jugar los traders que podrían competir fuerte con ellas. Trafigura, una de las importadoras que más talló en el mercado en el último tiempo, con cierta capacidad operativa, intentó armar su propia red de estaciones de servicio apuntando sin éxito hasta el momento a la de Oil, a la de Puma y la de Pampa Energía (ex Petrobras).
“El mercado libre es mejor y estamos acostumbrados a tomar riesgos”, sentencia Carlos Ormachea, presidente de la energética de los Rocca. “Sin intervención es más viable el hallazgo de socios para Vaca Muerta”, explican cerca de YPF. Pero difícilmente haya precios auténticamente libres en un escenario cartelizado de facto y sin el freno de la competencia externa.
