El juez Bonadío ordenó la inmediata detención de Roberto Baratta, como anticipó LPO. Fue el hombre fuerte del sector energético.
El juez federal Claudio Bonadio pegó este jueves su golpe más duro al esquema de corrupción que se articuló en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, al procesar y detener a Roberto Baratta, quien fue por lejos el funcionario de mayor confianza de Julio de Vido y un actor central en el sector energético.
Bonadio tomó la decisión en el marco de la causa que investiga los multimillonarios sobreprecios que se pagaron en las operaciones de compra de gas natural licuado por miles de millones de dólares, que alcanzaron tan nivel de gasto que pusieron en serio riesgo el equilibrio macroeconómico, al punto que Cristina Kirchner terminó interviniendo de hecho el área a través del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.
El juez también procesó por esta causa al propio De Vido pero no pudo detenerlo porque tiene fueros, un privilegio que está muy cerca de perder y podría terminar preso a más tardar a mediados de la semana próxima.
La decisión del juez le cae al Gobierno en el momento justo cuando a apenas 72 horas de la elección se encontraba a la defensiva por la aparición de un cuerpo que se presume sería el de Santiago Maldonado y todavía lidia con la cola de las lamentables declaraciones de su candidata Lilita Carrió. La detención de Baratta vuelve a poner en primer plano la persecución penal de la corrupción kirchnerista, un eje al que el Gobierno ha aprovechado como bandera de campaña, como dejó en claro el propio Macri en un reciente acto, cuando prometió que "como los narcos, van a ir todos presos".
Como adelantó LPO en exclusiva hace un mes, Bonadío ya tenía decidido detener a Baratta, una manera muy efectiva de desestabilizar a De Vido, que conoce demasiado bien la información sensible que atesora quien fuera su voz más ruda, cada vez que había que presionar a algún empresario.
La compra de gas licuado a precios leoninos -producto de la crisis energética que la gestión del propio De Vido causó- tuvo como actor clave al menemista ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, quien ofreció a De Vido la "arquitectura" para instrumentar la operatoria.
Los montos eran tan siderales que ponían en riesgo el equilibrio macroeconómico, porque Argentina estaba en default y las compras de gas licuado había que pagarlas en dólares y al contado. Cristina Kirchner, asesorada por Axel Kicillof, decidió estatizar YPF como una vía para tratar de paliar el déficit energético y reducir la compra de gas licuado, mediante el impulso de la producción de la petrolera de bandera.
De hecho, cuando asumió Miguel Galuccio al frente de YPF se empezó a desmontar el sistema de compras de gas licuado, lo que le valió muy ásperos cortocircuitos con De Vido y el propio Dromi, que funcionaba casi como un funcionario de Planificación.
La causa también podría alcanzar a la ex presidenta, porque la maniobra de gas licuado fue denunciada durante su mandato y nunca avanzó contra De Vido o Baratta.Esta decisión termina de empujar a De Vido al desafuero y lo pone en las puertas de una detención, ya que acaba de sufrir otro pedido de detención, en ese caso por coimas y sobreprecios en la construcción del proyecto yacimiento de Río Turbio, en el que está involucrada la firma española Isolux, que entro en quiebra y ahora está en venta, para la que estarían interesados Socma, de la familia presidencial y ahora la mendocina Cartellone.
El macrista Pablo Tonelli ya convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes próximo para tratar el desafuero y confía en tener los dos tercios el miércoles para encarcelar al ex ministro.
Sumará ahora el pedido de Bonadío, quien lo procesó en esta causa bajo la figura de defraudación contra la administración pública.
Como su colega Luis Rodríguez pidió detenerlo ni bien pierda los fueros, o sea, si es posible el miércoles mismo después de la sesión.
Baratta era subsecretario de Control y Gestión del Ministerio de Planificación y como mano derecha de De Vido ejecutó el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el Gobierno en 2007.
El plan quedó en el ojo de la tormenta cuando Roberto Dromi, ex ministro de Carlos Menem y dueño de la consultora Diligentia y Dysan, blanqueó que había participado de las operaciones instrumentadas a través de Enarsa. No había licitaciones, sino concursos de precios con posible pago de comisiones.
Según la investigación, el rol de Dromi era tan relevante que su hijo Nicolás participó de reuniones de directorio de Enarsa en las que se contrataba a su consultora, para que intermediara en la operación de compra de gas licuado.
Desde ayer por la tarde está detenido Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Lo decidió el juez Claudio Bonadio quien dictó el procesamiento con prisión preventiva de ambos en la causa en la que se determinó que hubo una defraudación millonaria a la administración pública en la compra de barcos de gas natural licuado GNL.
De Vido, quien tiene fueros por ser diputado nacional por el Frente para la Victoria, no puede ser detenido. Por eso, Bonadio pidió su desafuero a la Cámara de Diputados. Mientras que Baratta fue detenido por la Policía de la Ciudad y alojado durante la noche en la sede de esa fuerza de seguridad, en la Comuna 12. Durante el día de hoy será trasladado a los tribunales de Comodoro Py para ser ingresado al sistema Penitenciario Federal y luego será llevado al Penal de Marcos Paz.
En el procesamiento firmado por el juez se explica que "De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad. En efecto, su participación en los sucesos lograba sortear cualquier control posible pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron".
Bonadio detectó una maniobra de pago de sobreprecios en los barcos comprados por Planificación, primero a través de ENARSA y luego de YPF para abastecer de gas a la red que estaba en plena crisis energética. Según el cálculo que se hizo en la causa a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, a partir de un peritaje se determinó una defraudación de 6.995.926.798 dólares debido a que hubo sobreprecios en las compras de GNL.
Según el estudio, se pagó de más por el millón de BTU (la unidad de en la que se mide el GNL) en buena cantidad de los 232 barcos que llegaron al puerto de Bahía Blanca y los 265 que arribaron a Escobar.
Se determinó en varios casos –según explicaron fuentes judiciales– que en barcos que llegaban con días de diferencia se pagaba el doble por el millón de BTU.
En el procesamiento, Bonadio señaló que "por lo tanto, las pruebas reunidas en la causa dan cuenta que Julio Miguel de Vido en su carácter de Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Roberto Baratta en su calidad de Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente de dicho Ministerio, idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL -integrada por el resto de las personas imputadas en la causa- cuyas funciones y actividades fueron mencionadas- utilizando a ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso -a partir del 12 de noviembre de 2012- en otra empresa -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra -es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando-, y a su vez conformada -en parte- por personal idóneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia.
En este proceso de importación de GNL, las empresas internacionales proveedoras del fluido participaron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, no existiendo negociación alguna al respecto y con la participación de intermediarios entre ENARSA y los oferentes, cuyas comisiones incidieron en el precio finalmente abonado".
El juez determinó que De Vido y Baratta deben estar detenidos porque "los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido diputado nacional, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad".
Y agrega que "por ende, las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta; como también de que la entorpecerán".
Baratta seguirá detenido. Y De Vido a la espera de lo que deciden sus colegas de la Cámara de Diputados.
