En el Juzgado Federal con asiento en San Juan, que lleva adelante la causa del conflicto binacional entre Chile y Argentina por la escombrera que la minera trasandina Los Pelambres realizó en suelo calingastino, fue presentado el dictamen emitido por San Juan, en conjunto entre el Ministerio de Minería y la Fiscalía de Estado. El cuerpo del Ejecutivo solicitó una serie de medidas preventivas que la minera deberá realizar antes de iniciar el levantamiento de la roca estéril, aunque la decisión final la tiene el juez.
El juez federal, Leopoldo Rago Gallo, tendrá que definir acerca de las medidas que solicitaron desde el Ministerio de Minería que dirige Alberto Hensel, a fin de evitar la contaminación del agua que tiene contacto con los millones de toneladas de material estéril depositados en la escombrera Cerro Amarillo.
Lo que se pide desde Minería es que se construya un canal de drenaje abierto, que sea impermeable y relleno con piedra caliza óxicos. Según se estima, deberá tener unos 640 metros de longitud y un 1,5 metros de profundidad.
Pero eso no es lo único porque también se solicitó al juez que ordene la construcción de una pileta de decantación antes de que las aguas ingresen al canal. Esto es para que los sedimentos que puedan ser transportados por el líquido, se depositen en esa pileta y las aguas tengan menor cantidad de sedimentos.
El objetivo de estas obras es para que el pH en el agua pueda ser controlado y por eso también se solicita la instalación de un sensor de medición de pH y conductividad eléctrica. En caso de que las medidas no den los resultados esperados en un plazo de seis meses deberán instalar y poner en operación una planta de tratamiento de las aguas.
La Fiscalía de Estado también realizó un trabajo importante en la presentación del dictamen sanjuanino. El cuerpo de abogados encargados del Derecho Ambiental, solicitó al juez que la ejecución del levantamiento del material estéril se haga efectivo en un plazo de 5 años; y no de 5 años y 6 meses como propuso la minera Los Pelambres.
