Un plenario de las comisiones de Obras Públicas, de PyMEs y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de ley de “Compre Argentino”, que tiene como objetivo incrementar los porcentajes de compras a industrias nacionales en las contrataciones que realiza el Estado.

El proyecto del Poder Ejecutivo, enviado en mayo pasado, fue modificado y contó con el apoyo del bloque Justicialista y el Frente Renovador. En tanto, el FpV-PJ y la izquierda presentaron sendos dictámenes de minoría.

Entre los cambios que sufrió la iniciativa, la preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional para las PyMEs se amplió del 7% actual al 15% -el texto oficial proponía llevarlo a 12%-; mientras que para las grandes empresas pasará de 5% al 8%.

Además, un bien será considerado de origen nacional siempre que sea producido en el país y que “el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción”. Esto se mantiene tal cual rige actualmente y no se lleva a 50% como disponía el proyecto del Ejecutivo.

Pero en esta línea, se incorporó que “la provisión de obra pública es de origen nacional cuando el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional”.

También se incorporó que la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, creada por el artículo 30 de la Ley 27.328, tendrá “la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional”.

La propuesta establece la obligatoriedad de celebrar acuerdos de cooperación productiva con los proveedores extranjeros, y se exigirán acuerdos de cooperación por un porcentaje no inferior al 20% del valor de la oferta.

Otros de los puntos es que se crea un “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores”, cuyo objetivo principal será “desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva”.

Durante el debate, el diputado Diego Bossio (Justicialista) consideró que “este sesgo PyME, que me parece importante que queda marcado en una ley, no sólo le da la facultad al que contrata, que es el Estado, sino que le da a las PyMEs la posibilidad de contar con la preferencia de precio”. Empero, advirtió que todo dependerá de la reglamentación, porque si la misma termina dejando fuera la reserva de mercado, “el espíritu del legislador habrá sido alterado”.

Insistió en que “me parece central esta idea del sesgo PyME. Es difícil entrar a competir en el Estado, me parece que esta ley tiene que permitir darle una prioridad a las PyMEs en términos reales y concretos para darle más competitividad”. El extitular de la ANSeS aclaró además que el dictamen elaborado “no tiene nada que ver con el proyecto del Ejecutivo, es una ley mucho más ambiciosa”, pero resaltó el aporte de los diputados del oficialismo y la oposición.

Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani dijo que “venimos a apoyar este dictamen conjunto de este amplio consenso sobre la protección a las empresas pequeñas y medianas”. Consideró que “es un avance para que compitan con las empresas grandes, pero tenemos que mirar para afuera y la realidad”. Asimismo advirtió que en el contexto de “una ley que les da prioridades a las empresas PyMEs tenemos que ver cómo hacer para que sean cada vez más productivas y eficaces”.

La legisladora reclamó “instrumentos de incentivos para que compitan en condiciones de igualdad” y advirtió que las “enormes ineficacias las terminan pagando el Estado y lo terminan pagando los trabajadores y los beneficiarios del Estado”. “Es una buena legislación”, concluyó.

A su turno, la diputada María Cristina Alvarez Rodríguez (FpV-PJ) defendió el dictamen de minoría de su bancada, recordando que entre 2015 y agosto de 2017 “se perdieron 67 mil puestos de trabajo” y habló de “una tormenta perfecta que va desde la destrucción del mercado interno al deterioro del salario real”. Concluyó hablando del “tarifazo”, que “no vemos que venga relacionado a la puesta de un país con producción nacional”.

Si bien reconoció que “se ha hecho un gran esfuerzo” en la elaboración de este proyecto de Compre Nacional, consideró que son “insuficientes” los márgenes de preferencia contemplados.

“Bienvenida una ley de Compre Nacional que contemple a las PyMEs”, dijo la diputada Susana Balbo (Pro), pero la consideró “incompleta porque no incluye que haya obligación del Estado a comprarle a empresas lideradas por mujeres”. Dueña de una bodega, sugirió que, tal como existe en los Estados Unidos, se incluya a la norma que “un 5% del compre estatal vaya a empresas lideradas por mujeres”.

Desde el Frente Renovador, Marco Lavagna recordó que “hoy tenemos una ley de Compre Nacional que no se está cumpliendo”, y si bien aclaró que esta es “una ley superadora”, insistió en pedir que sea “un llamado de atención a las autoridades nacionales, actuales, anteriores y futuras” el dato de que no se cumpla la norma vigente. En ese sentido pidió que “si hacemos una ley que busque tener beneficios específicos y el desarrollo de las industrias argentinas, las cumplamos, sino terminamos haciendo buenas leyes que después no terminan teniendo ningún impacto”.

José Ignacio de Mendiguren anticipó el apoyo del massismo, con disidencias parciales, pero enfatizó que “si un país quiere realmente desarrollarse y salir de una economía primarizada, no puede dejar de ver estos instrumentos como cruciales para ese objetivo. Hoy Argentina exporta 400 dólares promedio la tonelada, e importa a 1600 dólares la tonelada”, advirtiendo que “cada vez nos cuesta más incorporar más valor a la oferta primaria”.

“Vamos a acompañar, pero la mejor ley que podamos hacer, si no hay decisión política de que este es un camino estratégico que nos saque de un país primarizado, no hay instrumento más concreto como son las compras gubernamentales para implementar esas políticas”, añadió.

Por el Frente de Izquierda, Pablo López ratificó su dictamen de minoría, recordando que todas las políticas aplicadas en la materia hasta ahora “han venido fracasando”, porque “el trabajo en negro ha crecido en este país”. En ese contexto, anticipó que “no van a tener resultado las reformas que pretende el Gobierno nacional, ni la laboral ni la tributaria, para mejorar la situación de los trabajadores”.