La diputada, aliada del oficialismo, entregó un escrito al secretario de Minería, Daniel Meilán, donde le expresa su oposición a cualquier modificación de la norma.
La diputada Elisa Carrió, se mostró este viernes en contra de una modificación del proyecto de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno y le envió una carta al secretario de Minería, Daniel Meilán. "Las iniciativas que usted propone implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos", sentenció en la misiva.
En el texto que la funcionaria firma en conjunto con la secretaria de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro, sostienen: "Siempre nos hemos opuesto al escandaloso e histórico lobby minero", y remarcan que desde ese espacio político impulsaron "la ley de glaciares que defiende los intereses vitales para la Argentina".
El jueves, durante la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23) realizada en Bonn, Alemania, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, adelantó que el Gobierno considera necesario “revisar” la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares.
“Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar”, remarcó el titular de la cartera de Medio Ambiente.
En 2008, la diputada Marta Maffei impulsó una ley que tenía como objetivo proteger los glaciares pero la presidenta Cristina Kirchner la vetó. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha.
Secretario de Minería de la Nación Lic. Daniel Meilán:
Nos dirigimos a usted en virtud de los trascendidos públicos respecto de la iniciativa de la Secretaría a su cargo tendiente a modificar la ley de glaciares para favorecer la actividad minera. Está de más decir que desde siempre nos hemos opuesto al escandaloso e histórico lobby minero.
La Coalición Cívica ARI ha sido impulsora de la ley de glaciares que defiende intereses vitales para la Argentina, ni más ni menos que el acceso y cuidado del agua de toda su población. Las iniciativas que usted propone como Secretario de Minería implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos.
No cejaremos en la defensa de estos derechos y valores básicos. Es por esto que, lo notificamos que una propuesta legislativa de estas características tendrá nuestra oposición y lucha dentro y fuera del Congreso de la Nación.
Sin más, lo saludan.
Elisa Carrió, Presidente Bloque Diputados Nacionales Coalición Cívica y Maricel Etchecoin Moro, Secretaria General Coalición
LA NACIÓN
La modificación de la ley que protege los reservorios de agua potable de la cordillera puede llegar a comprometer seriamente el futuro de varias regiones.
Hay propuestas que no se comprenden por las contradicciones que encierran: el Gobierno anunció que buscará modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería.
La sensibilidad del tema recuerda la acalorada discusión que se mantuvo hace casi diez años en el Senado de la Nación cuando se trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que establece la protección de los glaciares y periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos.
La ley, que había recibido la aprobación unánime de ambas cámaras en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que los gobernadores de la zona cordillerana manifestaron que la norma "afectaría inversiones y puestos de trabajo". El caso, conocido como "veto Barrick", parecía responder a una reunión que tuvieron días antes, en Nueva York, Néstor Kirchner y Julio De Vido, con los directivos de la empresa Barrick Gold.
Las similitudes de aquel veto con este nuevo anuncio, fundado en el reclamo del sector minero que asegura que la ley actual frena inversiones, son sorprendentes y alimentan una misma duda: ¿la función del Gobierno es proteger los glaciares o la industria minera?
La sustentabilidad exige coherencia. Encaminar el país hacia un desarrollo armónico con la naturaleza implica defender las relaciones de largo y mediano plazo por sobre lo coyuntural. Es cierto que resulta tentador favorecer actividades que inyecten recursos al país cuando se ponen en riesgo recursos que, en el caso de ser afectados, sólo harían visibles sus impactos muchos años después de que los actuales administradores abandonen sus cargos.
Por eso es necesario consensuar una visión sobre el país que se quiere construir -o reconstruir contemplando la protección actual y futura de los elementos esenciales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Quizá por eso sería tan beneficioso contar con una planificación estratégica del uso de los recursos en nuestro territorio consensuada de modo transparente y abierta con todos los intereses involucrados, para que los aspectos esenciales que hacen a nuestro porvenir no puedan ser negociados, según las necesidades de cada gestión, de espaldas a la sociedad.
Los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva hídrica de todo el país: cualquier actividad que allí se desarrolle requiere de una seria reflexión política y científica sobre sus consecuencias.
El reciente anuncio de modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería surge de una reunión donde se encontraban presentes algunos de los mayores empresarios mineros del país y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; representantes de provincias mineras; funcionarios de la cartera ambiental; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca. No parece una reunión intersectorial.
Sin duda, la presión de las diferentes carteras sobre el ambiente se hacen cada vez más agudas: en un primer caso fue la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, aprobadas bajo la implacable presión del gobierno chino; hace apenas unas semanas, la resolución que aprobó la caza de seis mil guanacos en la Patagonia, dictada bajo la insistencia del actual Ministerio de Agroindustria. Ahora, los glaciares.
Si bien son comprensibles el interés y las posibilidades de explotación de ciertos recursos naturales que pueden hallarse bajo los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminación merecen un delicado análisis. Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protección de las fuentes de agua potable es de máxima prioridad, en especial en zonas áridas y semiáridas. Más aún si consideramos los ya visibles efectos del cambio climático. Algo que el propio Presidente resaltó en varias oportunidades.
Una iniciativa oficial, fundada en el interés sectorial, para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares no es una buena noticia. No hay ningún nuevo estudio, realizado con seriedad en estos años, que permita sostener que existen motivos para justificar una modificación de una norma consensuada con la sociedad y aprobada por unanimidad en el Parlamento, para permitir el inicio de las actividades económicas en la zona periglacial.
Probablemente uno de los mayores desafíos que tendremos en la Argentina del siglo XXI será pensar más allá de la rentabilidad inmediata. Las verdaderas inversiones arribarán cuando se demuestren responsabilidad, inteligencia y capacidad para conjugar desarrollo y protección ambiental, y no uno a costa del otro.
MARINA AIZEN
Justo en medio de la COP23, la reunión mundial del clima que ocurre en Bonn, Mauricio Macri ordena personalmente embestir contra una de las áreas más sensibles al calentamiento global: el ambiente peri glaciar. Y todo para favorecer la actividad minera, que hoy tiene prohibido poner un pie en él. El suelo congelado cordillerano funciona como regulador hídrico justo en provincias que son semi desérticas: San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, etc. ¿Qué dirán –por ejemplo- los productores de vino y aceitunas? ¿Y la gente? Enseguida se encendió la alarma.
No sólo entre las organizaciones ambientales, sino también entre los científicos del IANIGLIA, el instituto de investigadores del Conicet que está llevando a cabo el relevamiento de glaciares que manda la ley (la fase 1 del inventario estará lista en unas semanas).
Según Fidel Roig, director de la institución, en la Argentina hay 5700 km2 de glaciares descubiertos y cubiertos, glaciares de escombro y manchones de nieve: son 15 mil geoformas. El dice, con razón, que sería muy “arriesgado” avanzar con un proyecto así sin antes tener la opinión informada de los técnicos. Y eso que el Estado invierte mucho en ciencia. Ojalá que no estén pintados.
Hay otras cosas que llaman la atención respecto de la reunión que mantuvo Macri con empresarios y sindicatos mineros, que fue informada por el diario La Nación. Una, la estupidez (o la mala intención) de los asistentes de confundir deliberadamente escarcha con ambiente peri glaciar. Eso es como equiparar un tomate a una nave espacial. La otra, es la idea de hacer proyectos hidroeléctricos en zonas de alta montaña, algo sobre lo que la sociedad no está informada. Transparencia cero. Verde nulo. O productivismo a lo Trump. ¿Cuál es?
