El juez Richard Concepción Carhuancho dictó una orden de 18 meses de prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada, quien fue presidente del grupo Graña y Montero, y otros cuatro empresarios.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso este lunes 18 meses de prisión preventiva a cuatro representantes de las empresas constructoras Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A., e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), socias de la empresa brasileña Odebrecht
La medida comprende a Fernando Camet Piccone (JJ Camet) y José Castillo Dibós (ICCGSA), Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada (los dos de Graña y Montero) (foto de tapa). Los dos primeros procesados por presuntos delitos de colusión y lavado de activos y Acuña y Miró Quesada procesados por los delitos de lavado de activos y colusión, respectivamente, informó ICN
Un juez dictó este lunes una orden de 18 meses de prisión preventiva contra cinco empresarios peruanos asociados a la constructora brasileña Odebrecht en el segundo y tercer tramo de la carretera Interoceánica Sur. Entre ellos se encuentra José Graña Miró Quesada, quien fue durante décadas el presidente de directorio de Graña y Montero, la principal firma constructora de Perú, hasta que renunció en febrero. Es, además, el accionista mayoritario del Grupo El Comercio. El juez fijó el arresto domiciliario de uno de los directivos, internado en una clínica por un cáncer.
Cabe señalar que el juez adoptó la decisión después de escuchar ayer los fundamentos de fiscal Hamilton Castro Trigoso para imponer la medida cautelar, así como a la defensa legal de los empresarios.
El representante de la Fiscalía atribuye a los representantes de las citadas empresas haber entregado a favor de Odebrecht US$ 15 millones 083 mil 805 como parte del pago de un soborno al expresidente Alejandro Toledo (equivalente a US$ 20 millones), por la entrega de la buena pro para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
Para sustentar su pedido de prisión preventiva, el fiscal presentó diversos elementos de prueba, principalmente, el testimonio del aspirante a colaborador eficaz y representante de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, quien señaló que los representantes de dichas empresas tenían pleno conocimiento del pago del soborno.
Castro Trigoso refirió que si bien los empresarios no integran una organización criminal, sin embargo, sí están vinculados con la empresa brasileña, la cual es considerada una organización criminal internacional.
Empero, los abogados Eduardo Alcócer Povis, José Caro Jhon, Róger Yon Ruesta, Sophia Icaza Izquierdo y José Rodríguez Robinson, defensores de los procesados, coincidieron en sostener que no están cumplidos los presupuestos procesales para dictar la medida contra sus defendidos.
Rodríguez Robinson, incluso, consideró que el requerimiento fiscal ha sido producto del ”arrinconamiento político” del que es objeto el Ministerio Público con una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y una denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma contra el propio Hamilton Castro.
“El Perú será testigo de si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el país”, dijo la mañana del domingo el fiscal Hamilton Castro al pedir al juez la prisión preventiva de cinco empresarios de las más grandes constructoras peruanas que formaron consorcio con Odebrecht. Dieciséis horas más tarde, el juez Richard Concepción Carhuancho emitió una orden de captura para cuatro, entre ellos, Graña Miró Quesada.
Castro, quien dirige el equipo anticorrupción a cargo de las pesquisas sobre el pago de sobornos de Odebrecht, quiso evitar que Graña y otros cuatro ejecutivos de JJ Camet Contratistas Generales y de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) abandonaran el país, como ocurrió con el empresario Gustavo Salazar, expresidente del Club Regatas, quien había recibido dinero de la constructora como intermediario de un gobernador regional. Graña y su familia tienen el 11% de las acciones del Grupo El Comercio, dueño del diario El Comercio, junto a otros 167 accionistas, según una investigación del medio digital Ojo Público.
El juez emitió la orden de búsqueda y captura para los investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, ya que las empresas peruanas, junto con el gigante brasileño, presuntamente pagaron 15 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo para la concesión de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que une la costa de Perú con el oeste de Brasil. Además de Graña fueron detenidos Fernando Camet, presidente de JJ Camet; José Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y Hernando Graña Acuña, otro miembro del directorio de Graña y Montero.
El juez Concepción fijó, además, la detención domiciliaria de Gonzalo Ferraro Rey, otro directivo de Graña y Montero, internado en una clínica debido a un tratamiento contra el cáncer. El magistrado estableció como condiciones para Ferraro “la custodia policial con dos efectivos, y la prohibición de comunicarse con sus co-investigados y el colaborador eficaz [Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú]”. Además, solicitó un teléfono móvil para que, a través de WhatsApp, la Fiscalía pueda monitorear su permanencia en la clínica.
En febrero, José y Hernando Graña renunciaron a sus cargos después de que las acciones de la empresa cayeran en la Bolsa de Valores de Lima y la reputación de la firma se viniera abajo. La renuncia, explicó entonces la empresa en un comunicado, se debió a “la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, la caída de la acción y las falsas imputaciones realizadas por el exrepresentante de Odebrecht en Perú”.
El fiscal Castro consideró que las actas de las empresas asociadas con Odebrecht para la obra prueban que aceptaron el pago de sobornos al entonces presidente Toledo (2001-2006), como relató Barata en Brasil en enero de este año. “El resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles; sabían que habíamos pagado y que tenían que asumir lo que les correspondería”, aseguró el exrepresentante de Odebrecht en Perú.
Las actas indican que las firmas peruanas renunciaron a parte de sus utilidades por los “riesgos adicionales” que la compañía brasileña tuvo que asumir en ese proyecto. La administración de justicia se desarrolla en un terreno interferido por el juego político. Los tres primeros personajes contra quienes las autoridades emitieron órdenes de captura tras las revelaciones de Barata fueron Toledo, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; los dos últimos, en prisión, informó El País.
El partido fujimorista Fuerza Popular, con mayoría en el Congreso, presentó en noviembre una acusación contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no investigar a Graña y Montero y a las otras constructoras. Sánchez tuvo que revelar información sobre la investigación de Hamilton Castro. La amenaza surgió tras la reactivación de una investigación contra un financista y exparlamentario fujimorista.
ICCGSA Concesiones, tiene una participación minoritaria del 4% lo cual le genera actualmente dividendos por unos S/ 1.4 mm anuales en las concesiones de la Interoceánica Sur - Tramo 2 y Tramo 3 que tiene con Odebrecht.
La empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales - ICCGSA Inversiones S.A. tiene hoy a su presidente del Directorio, Fernando Castillo, en la carceleta del Poder Judicial por el presunto pago de coimas, junto con Odebrecht, para adjudicarse grandes proyectos de infraestructura.
¿Quiénes son ICCGSA Inversiones? Según información de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), son una sociedad que tienen por objeto dedicarse a constituir, adquirir o invertir, de manera directa o indirecta, otras sociedades, instituciones, fundaciones, corporaciones o asociaciones de cualquier clase o naturaleza en el Perú y en el extranjero.
Entre las obras que más resaltantes y cuestionadas está la Carretera Interoceánica Sur, en el 2005
En mayo de este año, la empresa fue denunciada penalmente, al igual que Graña y Montero y JJC Contratistas, por la procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, por el presunto delito de colusión en la concesión de dicho proyecto.
El Holding de capitales '100% peruanos' aseguró en ese entonces que ninguna empresa vinculada a su firma tuvo conocimiento del pago de coimas que habría realizado Odebrecht para adjudicarse la carretera Interoceánica Sur. Pese a ello, el juez Richard Concepción ordenó hoy la prisión preventiva de 18 meses para Fernando Castillo. Al igual que para José Graña, Hernando Graña de la firma Graña y Montero y Fernando Camet de JJCamet, mientras se hacen las investigaciones.
ICCGSA INVERSIONES S.A. (Fuente: BVL)
ICCGSA Inversiones ha precisado que a través de su subsidiaria ICCGSA Concesiones, tiene una participación minoritaria del 4% (lo cual le genera actualmente dividendos por unos S/ 1.4 mm anuales) en las concesiones de la Interoceánica Sur - Tramo 2 y Tramo 3, "en las cuales la empresa Odebrecht tiene una participación mayoritaria", se indica en el informe de Financiamiento Estructurado de Apoyo Comunicaciones, asociados a FitchRatings.
La mayor participación de la Holding destaca en el segmento de 'Conservación Vial' y ha construido más de 1,000 km de carreteras.
Así, tiene proyectos con el gobierno regional de San Martín y Cusco. Con Provías tiene carreteras en Ayacucho, Puno, Chachapoyas - Cajamarca, Satipo, Ambo, Cañete, Huánuco, Huancayo, entre otros.
ICCGSA tiene la concesión del Sistema de Telecabinas de Kuélap con una participación del 75%, bajo la estructura accionaria de ICCGSA
Constructora. Esta última concesión se adjudicó en el 2014, y tiene como socio estratégico a la francesa POMA S.A.S.
Esta concesión le generaría a partir del 2018 unos S/ 3.5 mm de ingresos anuales.
ICCGSA Inversiones S.A. (Fuente: www.iccgsa.com)
En su reporte de octubre, la clasificadora de riesgo Equilibrium, ya advertía que los factores críticos que podría llevar a una disminución potencial en la clasificación está la restricción en la capacidad para licitar y contratar con el Estado y la incorporación de algunos de sus funcionarios en calidad de procesado, investigado o tercero civilmente responsable, en los procesos o investigaciones penales relacionadas a los presuntos actos de corrupción y/o lavado de activos.
ICCGSA (Elaboración: Equilibrium)
Al 30 de junio de 2017, el saldo de proyectos por desarrollar en los siguientes ejercicios (backlog) por ICCGSA se ubicó en S/1,088.73 millones, mostrando una contracción de 18.11% respecto del saldo registrado al finalizar el ejercicio
2016, consecuencia de que la Compañía solamente ha añadido dos nuevos contratos a su cartera de proyectos por desarrollar durante el semestre evaluado, número inferior al promedio de adjudicaciones observadas en años
anteriores.
Equilibrium detalla además que la contracción de los saldos por desarrollar del backlog de la Compañía se observó en los tres tipos de contratos que esta desarrolla: infraestructura (-22.48%), edificaciones (- 47.17%) y, conservación vial y mantenimiento (-6.79%). Dicho lo anterior, la cartera de proyectos por desarrollar de ICCGSA, según tipo de contrato, está conformada de la siguiente manera: 56.98% en contratos de conservación vial y mantenimiento, 33.92% en contratos de obras de infraestructura, y 9.10% en contratos de edificaciones. (52.21%, 36.66% y 11.13%, respectivamente, al 31 de diciembre de 2016).
